Fue en 2022 cuando a la Fiscalía Nacional llegó un reporte de Fonasa y de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) en que se denunciaba la existencia de médicos que eran grandes emisores de licencias médicas. El reporte generó una alerta inmediata ya que la sospecha, en un inicio, apuntaba a que detrás de esos médicos se escondía un fraude que podía remecer al sistema.La investigación -apodada megafraude Fonasa- rápidamente se asignó a la Fiscalía Oriente que dirige la fiscal regional Lorena Parra. Ese fue el origen, hace ya cuatro años atrás, de una exitosa investigación que, en tiempo récord, logró desbaratar una organización criminal que provocó un fraude de más de $ 48 mil millones.El caso, que esta semana llegó a su fin luego de un juicio oral de 11 meses, se cerró con un rotundo triunfo para el Ministerio Público. El tribunal dictó condenas para 17 personas, la mayoría colombianos y nueve de ellos, médicos: Samir Rivaldo a 21 años de presidio, Yesica Donado a 21 años de presidio, Lizney de La Hoz a 13 años de presidio, José Gnecco Cervantes a 13 años de presidio, Ana Toncel Peña a 16 años de presidio, Karen Mejía a 13 años de presidio, Obed Urrea a 16 años de presidio, Yainer Olivero Álvarez a 15 años de presidio y Jorge González Guerrero a 12 años de presidio.El equipo de fiscales, abogados asesores, asistentes y analistas. MARIO TELLEZ También el tribunal condenó a captadores: Álvaro Gnecco a 13 años de presidio, Rodrigo Campos a 17 años de presidio y Nancy Verdejo y Javiera Verdejo a tres años y un día por fraude de subvenciones y 300 días por asociación ilícita.Además de pagar con la privación de libertad, a algunos de ellos el tribunal los condenó a pagar un total de $ 26 mil millones. La primera decisión de ParraLo primero que hizo la fiscal Parra fue tomar la decisión de asignarle el caso al fiscal Álvaro Pérez y la fiscal Constanza Encina del equipo de Alta Complejidad Oriente. Luego Parra tomó otra determinación clave: armar un equipo multidisciplinario que fuera capaz de procesar rápidamente las bases de datos de las más de 95 mil licencias emitidas.Así fue como se constituyó un equipo que, a lo largo de estos años, estuvo integrado por al menos 10 profesionales. A Parra, Pérez y Encina se sumó el abogado asesor Lucas Vargas. A todos ellos se sumaron la abogada asistente Daniela Fregonara y la analista Graciela Osorio. También se añadió la participación de la gestora Javiera Bocaz, la analista Tatiana Alfaro, la abogada asistente Nicole Olcay y la gestora Alison Zúñiga.Los fiscales Pérez y Encina generaron una pronta articulación con distintas instituciones vinculadas al mundo de las licencias médicas que, tras varias reuniones de coordinación, se fijaron los primeros filtros y criterios técnicos. Así pudieron comprender la complejidad del fenómeno y con esa información enfocaron la investigación para armar un caso en que los delitos a investigar fueran de aquellos que se vinculan con el crimen organizado. Sin embargo, en vez de tener delitos de sangre o narcotráfico, el asunto incluía una estructura criminal y grandes flujos de dinero para defraudar el sistema de las licencias médicas.De esa forma el equipo de la Fiscalía Oriente pudo detectar que el caso no se trataba de médicos aislados, sino que estaban agrupados en tres grandes centros que eran una fachada: Dr. Mitite, Prevenir y los de Rodrigo Campos, el único chileno del grupo. Con ese mapa se determinó que cada centro tenía una estructura y roles definidos: líderes que podían o no ser médicos que eran los dueños de los centros, facultativos que emitían estas licencias y secretarias que hacían las veces de captadoras. Incluso se usaban publicaciones en redes sociales con los precios de las licencias por cantidad de días.Los fiscales, de izquierda a derecha, Constanza Encina, Álvaro Pérez y la fiscal regional Lorena Parra