La inclinación decolonial que atravesó buena parte de la propuesta de la Convención Constitucional era sin duda iliberal, tal como los propios académicos de esta corriente lo confirman cada vez que critican al liberalismo
“Iliberalismo” se ha convertido en el concepto de moda de los debates político-intelectuales en Chile. Lo usan no solo quienes buscan clasificar y ofender a los supuestos iliberales, sino que a veces son los propios acusados quienes recurren al término para defenderse de los ataques. En este último caso, los ofendidos se apoyan en la comparación internacional: “confrontados con estos o los otros, nosotros estamos muy lejos de ser iliberales”.
Las acusaciones se han concentrado últimamente en la Administración de José Antonio Kast, cuyo proyecto de reforma constitucional –que reforzaba sin contrapesos la autoridad del Ejecutivo en el combate contra el crimen organizado– ha sido considerado un riesgo para la democracia y las libertades individuales.
Partamos por lo obvio: el iliberalismo no solo es indeseable, sino que cualquier justificación de sus acciones debería ser motivo de la mayor preocupación. La pregunta relevante, sin embargo, es menos normativa y moralizante que conceptual. ¿Qué convierte a un gobierno en iliberal? ¿Puede una democracia, incluso la más popular y legítima, devenir iliberal? De ser así, ¿es ese tránsito propiedad exclusiva de uno u otro lado del espectro?
