El aumento de la población penal en Chile es abismante y nos encontramos en un momento crucial que exige sensatez y medidas estatales eficientes. Hasta el año 2018 el crecimiento del número de presos era del 6,3% anual, medidos 30 años hacia atrás. En los últimos cinco años, desde el 2021 al 2026, ese indicador ha crecido al 9% anual, lo que significa que en 10 años más, los 66.108 presos que hoy tenemos en nuestras cárceles serán al 2036 unos 155.000 internos, con una producción de casi 425.000 delitos cometidos solo por la población penitenciaria (un encarcelado ha cometido un promedio de dos a cuatro delitos antes de su privación de libertad). El espiral delictivo de los adolescentes, asimismo —lo hemos visto— cada vez se agrava raudamente hacia eventos más reprochables, pudiendo ser detenido temprana y preventivamente con medidas que han demostrado resultados auspiciantes, habida cuenta que la realidad nacional respecto al consumo problemático de drogas de los privados de libertad abarca hoy casi el 70 %, y en adolescentes internos ha sobrepasado el 90%.De allí que el año 2012 se celebró un Convenio Interinstitucional entre el Poder Judicial y otras instituciones, SENDA incluido, con el compromiso de cooperar en la institucionalización, desarrollo y ampliación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), un programa con metodologías terapéuticas de intervención para infractores que tienen consumo problemático de drogas y alcohol vinculados al proceso penal. Así, en 2004, hace más de 20 años, nuestro país instauró el Programa TTD inserto en los juzgados de garantía, que hoy funcionan en la región metropolitana en 21 tribunales y otras diez regiones con 18 juzgados, donde se obtiene la rehabilitación de aquellos infractores entregándoles las herramientas necesarias para su reinserción social y evitar la reincidencia delictual. Los TTD en los últimos cinco años y fracción han tamizado cerca de 10.000 infractores, ingresado al programa 3.000 usuarios y se han rehabilitado o mitigado en sus adicciones cerca de 1.000, lo que ha significado una reducción importante de recursos del Estado gastados, entre otras áreas, en policías, persecución penal, cárceles, protección y cuidado de las víctimas, pues se ha obtenido con el Programa —en un tercio al menos de los usuarios—, prevención, no reincidencia, seguridad pública y por tanto paz social. Con ese fin alternativo al encarcelamiento, los cuantiosos ingresos de dinero por decomisos provenientes de ilícitos asociados a la ley que sanciona el tráfico de drogas, vigente de 2005 (artículo 46), son traspasados por resoluciones de los jueces a SENDA, organismo del ministerio del Interior, para constituir un “fondo especial” destinado a financiar programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas vinculadas al delito con drogadicción y alcoholismo. Con el mismo objeto además el año 2025 la ley de presupuesto para el sector público entregó a SENDA cerca de 36.759 millones de pesos. No obstante, por Resolución Exenta N°268 de 7 de abril de 2026 SENDA redujo el presupuesto para este año, y puso fin al apoyo regional por medio de las duplas psicosociales asignadas a los tribunales de drogas eliminándose 17 profesionales vitales para el funcionamiento del programa. Y ello significa la muerte de los TTD en regiones fuera de la zona metropolitana, área esta última que también se ha debilitado progresivamente por falta de recursos. El Estado, así, asume el riesgo de incumplir sus acuerdos nacionales e internacionales en la protección de estas personas con adicción a las drogas y alcohol, principalmente en adolescentes, quienes en más de 1.378 pueblan nuestros centros de privación de libertad, en condiciones francamente deplorables y precarias, según refiero en el informe que evacué por la visita realizada a esos centros de la Región Metropolitana en los meses de mayo y junio del año 2025. Los niños niñas y jóvenes están cada vez más en peligro, al igual que la sociedad toda, por el flagelo de la droga, los delitos y el crimen organizado. Con el término de los TTD el destino marginal de los infractores de ley se hace francamente inevitable, pues demostrado está que únicamente la sanción y encarcelamiento no reducen la delincuencia. A la vez, se desatiende el empleo de recursos disponibles y generados precisamente para que ese flagelo no ocurra, teniendo en cuenta las ultimas leyes que dan respaldo al Programa para prevenir la reincidencia, resocializar a los adolescentes infractores y erradicar la violencia de género.Una respuesta solo con la cárcel es, sin duda, una apuesta fallida.