Explicativo Exclusivo suscriptores Daniel Quintero y su hermano, Miguel Quintero Foto: Redes socialesPERIODISTA02.09.2026 19:01 Actualizado: 02.09.2026 20:29
La sombra de los presuntos hechos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín sigue extendiéndose en los estrados judiciales.Uno de los expedientes más emblemáticos y que mayor expectativa ha generado en la capital antioqueña involucra directamente a su hermano, Miguel Andrés Quintero Calle. Lo que en su momento comenzó como una serie de menciones aisladas en testimonios, chats de WhatsApp y ruedas de prensa, ha mutado hasta convertirse en un inminente llamado a juicio que, pese a la gravedad de los señalamientos, se ha visto empantanado por reiteradas dilaciones procesales. Imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Foto:Archivo particularDe hecho, el hermano del exalcalde ha sido catalogado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto "titiritero" de un entramado de corrupción que habría desangrado millonarios recursos públicos durante los peores momentos de la pandemia del COVID-19.El proceso penal, que ha estado marcado por un sinfín de obstáculos, se encuentra en un punto crítico: la justicia avanza en su cuarto intento por imputarle cargos formalmente.Las reiteradas dilaciones en las diligencias han evidenciado la complejidad de un caso en el que se entrelazan favores políticos, chats incriminatorios y presuntos contratos amañados.El origen: el festín del AMVA y los Bomberos de ItagüíLa audiencia de imputación contra Miguel Quintero fue aplazada nuevamente. Foto:Suministradas.Todo se remonta al periodo comprendido entre 2020 y 2022. Mientras Medellín y Antioquia lidiaban con la crisis sanitaria, en las oficinas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí se cocinaba un presunto desfalco burocrático y financiero.Según el expediente liderado por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, se suscribieron de manera directa seis contratos por 17.656 millones de pesos. Los montos —divididos en partidas de 1.898, 1.256, 1.299, 2.635, 5.069 y 4.597 millones de pesos— tenían como supuesta finalidad, entre otras tareas, la entrega de kits de bioseguridad.No obstante, las investigaciones apuntan a que los recursos fueron otorgados vulnerando múltiples principios de legalidad, omitiendo estudios previos y con el fin de saciar intereses particulares. De ese botín, el ente acusador rastreó que cerca de 2.481 millones de pesos habrían ido a parar directamente a Misael Cadavid, entonces jefe y representante legal de los bomberos del municipio antioqueño.Misael Cadavid Foto:CortesíaPor estos hechos, las autoridades ya han procesado a figuras como Elkin González, exjefe del organismo de socorro, y María Yaneth Rúa, supervisora del AMVA, quien presuntamente facilitó el direccionamiento con "graves omisiones" en sus labores de control.La contundencia de las pruebas ya empezó a surtir efecto en los tribunales. Este expediente ya arrojó una primera condena. Juan Alberto Cardona Henao, excontador y extesorero de los Bomberos de Itagüí, se convirtió en la primera ficha en caer tras aceptar su responsabilidad en la falsificación de cuentas de cobro para legalizar los recursos desviados.Cardona fue condenado a 19 meses de prisión y pidió perdón público, un hecho que la actual administración ha celebrado como el inicio del desmantelamiento de una red que, según el alcalde Federico Gutiérrez, abarca más de 650 hallazgos en distintas dependencias. LEA TAMBIÉN Sin embargo, fue en el marco de estas audiencias que el nombre de Miguel Quintero empezó a resonar como el gran articulador en la sombra.De acuerdo con las autoridades, el ente acusador ya cuenta con al menos cuatro principios de oportunidad de personas que decidieron colaborar con la justicia a cambio de beneficios, entregando información vital sobre el rol de Quintero.Los chats que destaparon la red de favoresEl ascenso de Miguel Quintero en el expediente pasó de simples sospechas a la revelación de contundente material probatorio. A finales de 2025, la Fiscalía expuso ante un juez los chats de un grupo de WhatsApp conformado por Miguel Quintero Calle, el exsubdirector financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada, y Sebastián Ortega.Investigación de la Fiscalía que salpica a Miguel Quintero. Foto:Archivo particularEn dichas conversaciones, quedó al descubierto cómo el hermano del exalcalde, al parecer, operaba como un verdadero director de recursos humanos clandestino. Quintero remitía hojas de vida a Villada para ordenar contrataciones directas en la entidad ambiental.Los mensajes son explícitos. En un intercambio fechado el 20 de febrero de 2020, Miguel Quintero indagó con tono de reclamo: "Pregunta. ¿Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área? Pensé que ya estaba allá". A lo que Villada respondió, evidenciando la injerencia externa en la entidad: "Jaaaaaa. Esto aquí es muy demorado con la justicia. Hemos sacado unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aun así se lo demoran todo".Pero el tráfico de influencias fue mucho más allá. El ente investigador sostiene que Quintero ordenó la ubicación laboral de dos exsubsecretarias del área ambiental del AMVA: Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla.Investigación de la Fiscalía que salpica a Miguel Quintero. Foto:Archivo particularEstas movidas burocráticas habrían contado con la venia del entonces director del AMVA, Juan David Palacio, quien curiosamente fue asesor de Miguel Quintero durante su etapa como concejal de Medellín, cerrando así un férreo círculo de lealtades políticas.En una de las audiencias, el propio abogado defensor de Palacio intentó escudar a su cliente señalando que las exsubsecretarias eran las ordenadoras del gasto y aludiendo a la existencia de un "tercero" innombrado que influía en la contratación, refiriéndose claramente al hermano del exmandatario.Principios de oportunidad, la postura de Fico Gutiérrez y el cuarto intentoEl cerco sobre Quintero Calle se estrechó de manera definitiva a principios de 2026. Una exfuncionaria del AMVA, amparada por un principio de oportunidad y en plena colaboración con la justicia, ratificó que fue él quien exigió los nombramientos clave para darle apariencia de legalidad a los millonarios convenios, permitiendo pagar por actividades que nunca se hicieron.Imputación contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. Foto:Archivo particularEstos acuerdos de colaboración no solo incluyen testimonios, chats y pruebas documentales, sino también esquemas de reparación material y financiera a favor de la ciudad por parte de implicados que ya purgaban penas de cárcel.A este escenario de pruebas contundentes se suma la fuerte postura del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reaccionó con dureza ante las sistemáticas dilaciones del proceso."Además, hay principio de oportunidad de personas que hicieron parte de la estructura criminal y los incriminan directamente a ellos y muestran las pruebas, muestran chats, muestran conversaciones, muestran detalles y dan inclusive ya reparaciones en términos materiales y financieros a través de quienes ya firmaron principios de oportunidad que ya estaban en la cárcel. O sea, no hay duda", enfatizó el mandatario distrital.Federico Gutiérrez y Daniel Quintero Foto:EL TIEMPO.Gutiérrez calificó como "absurdo" que la audiencia de imputación de cargos haya sido aplazada en tres ocasiones anteriores y señaló que tal nivel de estancamiento "ya no es normal" y responde a presuntas maniobras raras sobre las cuales las autoridades deben investigar.El mandatario local enfatizó que la Fiscalía no solo cuenta con material probatorio sólido, sino que solicitará medida de aseguramiento en contra de Miguel Quintero. Asimismo, Gutiérrez puntualizó que en esta misma línea de investigación se imputará a Sebastián Ortega —vinculado también a otros escándalos de escala nacional como el de Ecopetrol—, argumentando que esta estructura criminal extendió sus redes hacia el Gobierno nacional a la par de la administración de Gustavo Petro."Ojalá la cuarta sea la vencida. Me comprometí con la ciudadanía a que no iba a dejar que el robo a Medellín se quedara en la impunidad", aseveró Gutiérrez de cara a la audiencia que ha sido formalmente fijada para este próximo 10 de septiembre.Con las revelaciones de la Fiscalía y el seguimiento riguroso desde la Alcaldía de Medellín, la atención pública permanece volcada hacia los estrados judiciales para verificar si finalmente se concreta la imputación de cargos en esta decisiva cita. Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
