Noticia Exclusivo suscriptores El magistrado José Joaquín Urbano pidió reforzar la seguridad de los integrantes de la Sala Penal y sus familias.El exgobernador Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar, fue condenado a 40 años de prisión por la muerte del concejal de Barrancas, La Guajira. Foto: EL TIEMPOPERIODISTA JUDICIAL02.09.2026 15:13 Actualizado: 02.09.2026 16:08
Una delicada alerta de seguridad llegó este miércoles a la presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado José Joaquín Urbano Martínez advirtió sobre un posible riesgo para los integrantes de esa corporación y funcionarios de la Procuraduría que intervinieron en el proceso contra el exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.Este cacique político fue procesado por tres homicidios agravados y concierto para delinquir. En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá declaró prescrita la acción penal por dos de los homicidios, lo absolvió por el tercero y únicamente lo condenó por concierto para delinquir.El expediente, sin embargo, llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema vía casación. El pasado 29 de abril de 2026, el alto tribunal revocó la absolución y condenó a Gómez Cerchar por homicidio agravado, imponiéndole una pena de 31 años y ocho meses de cárcel. La decisión fue adoptada por unanimidad y tuvo como ponente al magistrado José Joaquín Urbano.Corte Suprema de Justicia. Foto:EL TIEMPOPrecisamente, esa condena es la que ahora está detrás de las alertas de seguridad que se encendieron en la Corte Suprema y la Procuraduría.La semana pasada circuló en redes sociales información según la cual “un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia, donde tiene nacionalidad. Les explicó que él ya ordenó los prontos asesinatos de tres personas y no quiere que sus parientes más cercanos estén al alcance de la justicia colombiana cuando ello ocurra”. EL TIEMPO conoció en primicia una carta enviada este 2 de septiembre al presidente de la Sala Penal, Carlos Roberto Solórzano, en la que el magistrado Urbano pidió que estos hechos sean puestos en conocimiento de la Dirección de Protección de la Policía Nacional y que se refuercen las medidas de seguridad para los magistrados y sus familias.El episodio más grave, según el documento, ocurrió en la oficina del procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien intervino ante la Corte para pedir que Gómez Cerchar fuera condenado.Bonilla le contó al magistrado Urbano que la semana pasada apareció en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación, una bala disparada. La situación habría escalado esta semana, cuando llegó nuevamente a su despacho y encontró dos ventanas rotas y evidencias de dos disparos de fusil.En la carta, el magistrado Urbano también menciona que el pasado 26 de agosto la procuradora judicial Gloria Guzmán Duque acudió a su oficina para expresarle su “profunda preocupación” por su seguridad personal y la de los funcionarios judiciales que participaron en el proceso.Guzmán había presentado una de las demandas de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que inicialmente absolvió a ‘Kiko’ Gómez por uno de los homicidios.Ante la sucesión de estos hechos, Urbano decidió poner formalmente la situación en conocimiento de la presidencia de la Sala Penal.“Considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar”, señaló el magistrado.El exgobernador Juan Francisco 'Kiko' Gómez Cerchar, fue condenado a 31 años de cárcel. Foto:EL TIEMPOPor esa razón, pidió que la Dirección de Protección de la Policía Nacional conozca de manera urgente lo ocurrido y refuerce las medidas de seguridad para los integrantes de la Sala Penal y sus familias.Tras conocerse la alerta, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se comunicó con la encargada de seguridad del alto tribunal y con la Policía para pedir que se adopten de inmediato las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los magistrados.“Desde ese momento ha estado al tanto de las decisiones que se han empezado a adoptar para la adecuada protección de los integrantes de la Corte”, informó el alto tribunal.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
