La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, negó el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía General del Estado contra las siete personas naturales vinculadas al caso Blindaje, en el que se investiga un presunto delito de lavado de activos. El fiscal general encargado, Carlos Alarcón, anunció tras esa decisión que apelará por escrito la decisión de la jueza.La decisión fue anunciada este miércoles 2 de septiembre, durante la audiencia de vinculación y formulación de cargos que se reinstaló a las 13:00. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre Tobar; además del exjuez de Atacames Simón Bolívar Moreno e Iván Sol González, empleado privado.PublicidadCamacho señaló que, aunque se cumplieron los requisitos relacionados con la existencia del presunto delito de lavado de activos y existen elementos que permitieron vincular a los procesados como presuntos coautores, mla Fiscalía debía demostrar de manera objetiva la existencia de un riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación que hiciera necesaria la prisión preventiva.La jueza recordó que la prisión preventiva es una medida excepcional y la más gravosa entre las medidas cautelares personales, por lo que no basta con presumir que existe un riesgo. Según explicó, la Fiscalía debía justificar por qué las medidas alternativas no eran suficientes para garantizar la comparecencia de los procesados y evitar una eventual interferencia en la investigación.Uno de los argumentos expuestos por la Fiscalía fue que los procesados tendrían capacidad económica para salir del país y que habrían utilizado estructuras societarias y el sistema financiero para movilizar recursos y darles una apariencia de legalidad.PublicidadPublicidadSin embargo, Camacho consideró que ese argumento no era suficiente para establecer un riesgo de fuga. La jueza tomó en cuenta que los procesados han mostrado interés en participar en la causa y han acudido a las diligencias y audiencias a las que han sido convocados.Respecto de los jueces Genaro Reinoso, Juan Morales, Juan Jaramillo y Luis Otoya, la Fiscalía había señalado que existía un riesgo de obstaculización de la investigación por sus funciones. Camacho sostuvo que el hecho de que hayan ejercido como jueces no constituye por sí mismo un riesgo procesal y que esa circunstancia no puede utilizarse para imponer una medida que implique una pena anticipada.En el caso de Carlos Aguirre, Simón Moreno e Iván Sol González, la jueza también concluyó que no se había justificado de manera suficiente la existencia de riesgos de fuga u obstaculización.Por estas razones, Camacho negó la prisión preventiva solicitada por Fiscalía. También señaló que, al no haberse dispuesto prisión preventiva, tampoco correspondía aplicar el arresto domiciliario que había sido solicitado como medida alternativa para los procesados de mayor edad.En su lugar, la jueza impuso a los siete procesados prohibición de salida del país, presentación periódica y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica mientras avance el proceso penal.Genaro Reinoso, Luis Otoya, Iván Sol González y Simón Moreno deberán presentarse los lunes y jueves ante la autoridad correspondiente en Esmeraldas. La primera presentación está prevista para el jueves 3 de septiembre.PublicidadJuan Morales, Juan Jaramillo y Carlos Aguirre, quienes tienen domicilio en Quito, deberán presentarse los lunes y jueves ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional, con la primera presentación también prevista para este jueves.Camacho advirtió que, si se verifica el incumplimiento de las medidas cautelares, podrá disponerse posteriormente la prisión preventiva.La jueza también se refirió a las medidas solicitadas contra las tres personas jurídicas vinculadas al proceso: Reypezpacific S. A., Reysolutionwash y Teknhikmec.Fiscalía sostuvo que las compañías formarían parte del entramado investigado y pidió su intervención por parte de la Superintendencia de Compañías. Camacho aceptó esta medida y dispuso que el organismo de control designe un interventor para vigilar las actividades de las empresas. Si durante la intervención se detectan irregularidades, estas deberán ser comunicadas a la Superintendencia y a la Fiscalía.Además, Camacho dispuso medidas de carácter real sobre los procesados, entre ellas la retención y congelación de fondos en cuentas y pólizas dentro del sistema financiero nacional, exceptuando los valores correspondientes a salarios, así como la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles.En cuanto a las tres personas jurídicas vinculadas al caso, la jueza rechazó la incautación, pero aceptó el pedido de Fiscalía de imponer una multa de más de $ 385.000. La medida busca garantizar el pago de la sanción y una eventual reparación integral.Como medida cautelar para asegurar ese monto, Camacho dispuso la retención de fondos de las tres empresas hasta por $ 385.000, valor que corresponde a la multa establecida.Además, la jueza aceptó el pedido de Fiscalía para impedir que las empresas enajenen sus bienes. La medida se aplicará a Reypezpacific S.A., Reysolutionwash S.A. y Teknhikmec.La jueza consideró que estas medidas son legales e idóneas para evitar que durante el proceso se disponga de bienes que puedan estar relacionados con la investigación.El caso Blindaje se inició con una instrucción fiscal abierta el 4 de junio de 2026 y tiene como principal investigado al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, quien permanece privado de libertad en la cárcel de Cotopaxi. La investigación se originó a partir de un informe reservado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre operaciones inusuales e injustificadas. (I)