Noticia Exclusivo suscriptores La magistrada Catalina Díaz enfatizo en que hubo una alianza criminal entre Fuerza Pública y 'paras'.Magistrada Catalina Díaz. Foto: JEP/Milton Díaz.02.09.2026 10:38 Actualizado: 02.09.2026 10:38
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 12 comparecientes —nueve oficiales del Ejército, dos de la Policía y un excapitán que después fue funcionario de seguridad de Ecopetrol— por concertarse con las Autodefensas de Santander y Cesar (AUSAC) para la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2000.En diálogo con EL TIEMPO, la magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, aseveró que altos mandos de tres batallones del Ejército buscaron directamente a los paramilitares para expulsar a la guerrilla de la ciudad, en una alianza que dejó 473 personas asesinadas o desaparecidas y al menos 14 masacres.Víctimas del Caso 08 ante la JEP. Foto:JEP.¿Cuál es el principal hallazgo de la JEP sobre la participación de la Fuerza Pública en la toma paramilitar de Barrancabermeja en la década de los 2000? Encontramos una alianza entre miembros de alto rango de distintos batallones del Ejército y la Policía con integrantes de grupos paramilitares, especialmente de las Autodefensas de Santander y Cesar (AUSAC), con el propósito común de que los paramilitares ingresaran a Barrancabermeja para expulsar a la guerrilla que operaba en la ciudad.También encontramos que los miembros de esta alianza —tanto del Batallón de Inteligencia N.º 2 y otros batallones del Ejército, como los paramilitares— entendían que la guerrilla no estaba compuesta solo por combatientes armados o milicianos, sino también por organizaciones sociales: movimientos sindicales, organizaciones campesinas y estudiantiles, la Unión Sindical Obrera (USO) y organizaciones defensoras de derechos humanos. Incluso los habitantes de los barrios del nororiente de la ciudad eran considerados por la inteligencia militar y los paramilitares como bases auxiliadoras de la guerrilla.¿Qué pruebas fueron determinantes para esta imputación? Partimos de las confesiones de los paramilitares en el proceso penal especial de Justicia y Paz. Hace 20 años, los fiscales de Justicia y Paz, al escuchar esas confesiones, ya habían compulsado copias sobre la posible participación de agentes estatales en los crímenes. Los paramilitares habían contado cómo comandantes de batallones, segundos comandantes y oficiales de inteligencia y de operaciones se concertaron con ellos para su ingreso a Barrancabermeja y para las masacres, asesinatos y desapariciones ocurridos en el marco de esa toma paramilitar.Citamos a esos antiguos comandantes y oficiales de inteligencia de tres batallones distintos del Ejército y contrastamos todas las versiones. Algunos aportaron información y otros incluso confesaron su participación en los crímenes.Además, investigamos a fondo los archivos militares: cientos de carpetas del Batallón de Inteligencia N.º 2 —adscrito a la Unidad de Inteligencia N.º 20— y miles de documentos del Batallón de Artillería de Defensa Aérea Nueva Granada, del Batallón de Contraguerrilla 45 y de Ecopetrol. Al contrastar esta información con los aportes de los comparecientes, los testimonios de las víctimas y las investigaciones de la justicia ordinaria, pudimos determinar que se trató de una alianza.Magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP. Foto:Milton Díaz/EL TIEMPO.¿A quiénes citaron a declarar? Salvatore Mancuso volvió a rendir testimonio ante esta sala, al igual que Julián Bolívar, y ambos testimonios contrastan con lo que ya habían dicho los paramilitares: que desde el Batallón de Inteligencia N.º 2 (Bite 2) fueron a buscar a los paramilitares de las AUSAC para que llegaran a Barrancabermeja.Nos sorprendió que fueran los propios altos oficiales de inteligencia militar quienes decidieron que era estratégico que los paramilitares llegaran a la ciudad, porque —según ellos mismos señalaban— la guerrilla tenía casi acantonados a los militares: habían perdido operatividad y capacidad de acción, y las milicias actuaban con libertad en varios barrios. Fueron esos oficiales del batallón de inteligencia quienes buscaron a los paramilitares y les propusieron tomarse en alianza la ciudad, y eso fue lo que ocurrió.También participó un funcionario de Ecopetrol. ¿Qué sucedió allí? Encontramos que un antiguo capitán retirado del Ejército, segundo al mando del área de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, se reunió con varios paramilitares. Había conocido a algunos jefes paramilitares como compañeros de curso en la escuela militar, y uno de ellos llegó a ser un comandante paramilitar importante. Ese capitán conectó el mundo paramilitar con los oficiales de los batallones con jurisdicción en Barrancabermeja, presentó a unos con otros, y de ahí surgieron relaciones de coordinación y cooperación que la Sala considera una verdadera alianza entre agentes del Estado —altos oficiales de tres batallones del Ejército— y los paramilitares, para tomarse la ciudad.Justicia y Paz hizo una compulsa de copias, pero se señala que la mayoría no se investigó. ¿Qué encontraron en esos vacíos? La Fiscalía le reportó a la JEP que existían 674 compulsas de copias. Los fiscales de Justicia y Paz, al escuchar las confesiones de los paramilitares, remitieron esos 674 memoriales a las fiscalías competentes sobre la posible participación de agentes del Estado en los crímenes ejecutados materialmente por los paramilitares en Barrancabermeja. Encontramos que la Fiscalía no avanzó en esas investigaciones: muchas personas mencionadas por los paramilitares nunca fueron investigadas, y otros casos nunca progresaron significativamente.La JEP asume esa deuda histórica del proceso de Justicia y Paz. De hecho, el Tribunal Superior de Bogotá señaló en una sentencia que la toma paramilitar de Barrancabermeja debía seguir investigándose, en especial en lo referente a la participación de agentes del Estado. Es ahí donde la JEP retoma la posta de la justicia ordinaria e investiga, como lo ordena la Constitución, la máxima responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública en estos hechos.Víctimas del Caso 08 de la JEP. Foto:JEP.¿Esas 674 compulsas ya quedaron incluidas en la imputación? Sí. Desde hace 20 años, con las confesiones de los paramilitares, existían menciones a la participación de agentes del Estado en acciones conjuntas con los paramilitares, y esa participación nunca se investigó adecuadamente en la justicia ordinaria. Por eso la JEP parte de ahí: retoma lo que ya se había adelantado en la justicia ordinaria y conduce la investigación de la responsabilidad de los agentes del Estado.¿Cómo explica la JEP que, pese a las alertas previas del DAS y otras entidades, no se hubieran evitado hechos como la masacre de 1998? Es francamente sorprendente. El DAS emitió una alerta que circuló entre las distintas unidades militares, en la que se señalaba que habría una incursión paramilitar en la ciudad. El DAS incluso identificaba algunos de los barrios, el grupo paramilitar que haría la incursión y una ventana temporal para la masacre.A pesar de que esa alerta llegó hasta los máximos niveles de la Quinta Brigada del Ejército, la masacre ocurrió, porque estaba concertada con los altos mandos de los distintos batallones en Barrancabermeja. Se acordaron la fecha y la ruta, de modo que la caravana paramilitar pudiera ingresar, completar el recorrido y salir sin ninguna reacción de las unidades militares.¿Qué papel jugó el capitán José Eduardo González en la infiltración a la USO desde Ecopetrol? El capitán retirado José Eduardo González Sánchez reconoció ante la JEP que, como miembro del área de seguridad de Ecopetrol en la refinería de Barrancabermeja, contrató al menos a tres antiguos miembros de grupos paramilitares. Algunos ya pertenecían a estructuras paramilitares; otros se vincularon después para infiltrar a la Unión Sindical Obrera (USO).Estas personas usaban grabadoras de periodista para asistir a las reuniones del sindicato y grabar las discusiones sobre derechos laborales, las opiniones frente a decisiones de la empresa y la planeación de huelgas, plantones u otras acciones sindicales. Esa información era reportada tanto a la empresa como a las unidades militares.En los archivos del batallón de inteligencia encontramos que se refería a la USO como una organización fachada de la guerrilla o su brazo político; aparecía en órdenes de batalla y de operaciones, dentro de una matriz de estigmatización que la señalaba como funcional a los intereses de la guerrilla.¿Qué responsabilidad se atribuye a los altos mandos, incluidos algunos generales? Encontramos que los comandantes de la Quinta Brigada del Ejército —a la cual estaban adscritos el batallón de contraguerrilla y el batallón de artillería Nueva Granada— conocían el riesgo que representaba la incursión paramilitar. Existían alertas de la Defensoría del Pueblo, del DAS, de la propia inteligencia militar y de organizaciones defensoras de derechos humanos. El propio presidente del sindicato de la USO solicitó una reunión con el comandante de la Quinta Brigada y le advirtió que tenía información seria sobre una incursión paramilitar.La Sala encontró que, pese a contar con toda esa información —proveniente de múltiples fuentes—, los comandantes de brigada no cumplieron con su responsabilidad de proteger a la población civil. Barrancabermeja tenía una presencia militar altísima para la época: duplicaba el promedio nacional. Era una ciudad militarizada que, pese a contar con información de inteligencia sobre la incursión paramilitar y con los recursos materiales necesarios, no actuó para prevenir las masacres. Documentamos 14 masacres entre 1998 y 2000, varias con más de 10 víctimas, entre ellas las más emblemáticas: la del 16 de mayo de 1998 y la de febrero de 1999.También se reconoce al río Magdalena como víctima, igual que ocurrió con el río Cauca. ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Atendimos la solicitud de varias organizaciones de víctimas y organizaciones sociales acreditadas en el caso para incluir de manera autónoma al río Magdalena como sujeto víctima, y consideramos que era procedente. En primer lugar, el río recibió una gran cantidad de personas desaparecidas que fueron arrojadas a sus aguas: contamos con testimonios de chalupas y bogas —quienes trabajaban en el transporte fluvial— sobre restos humanos enredados en motores, hélices, remos y en la vegetación de las riberas. Muchos de ellos fueron obligados a transportar combatientes paramilitares, y algunos incluso presenciaron desmembramientos de cuerpos.El río también recibió contaminación por minería ilegal y derrames de petróleo, y ha sido testigo de toda la violencia vivida en el territorio. Las comunidades ribereñas también fueron víctimas y han participado activamente en el caso, entre ellas comunidades de los municipios de Yondó, Puerto Berrío y Puerto Wilches, que dan testimonio de lo ocurrido en el río Magdalena.Esta es la primera fase de la imputación. ¿Cuánto tiempo tienen los comparecientes para pronunciarse, y qué proyectos restaurativos se han planteado? Los 12 comparecientes imputados —9 del Ejército, 2 de la Policía y el antiguo capitán que después fue funcionario de Ecopetrol y luego asumió como mando paramilitar— tienen 15 días para pronunciarse sobre las imputaciones. Pueden reconocer su responsabilidad o no reconocerla.Si la reconocen, se abre una fase de diálogo con las representaciones y las víctimas sobre los proyectos restaurativos que podrían formar parte de su sanción. Algunas víctimas ya han planteado iniciativas de memoria y proyectos educativos de gran envergadura, aunque esa conversación se dará en el momento procesal correspondiente, una vez haya reconocimiento de responsabilidad y el caso pase a la fase de sanción restaurativa.Si deciden no reconocer responsabilidad, el proceso sigue la ruta adversarial, en la que la ley garantiza todas las garantías procesales: podrán defenderse aportando pruebas en un juicio público con todas las posibilidades probatorias.Víctimas del Caso 08 de la JEP. Foto:JEP.¿En qué consistió la toma paramilitar de Barrancabermeja y cuántas víctimas dejó? En el marco de la alianza entre comandantes, segundos comandantes y oficiales de operaciones e inteligencia de distintos batallones del Ejército, junto con miembros de la Policía con presencia en Barrancabermeja, ocurrió lo que hemos llamado la toma paramilitar de Barranca. Entre 1998 y 2000, 473 personas fueron asesinadas o desaparecidas en la ciudad, muchas de ellas en el marco de 14 masacres.También identificamos que organizaciones sociales fueron víctimas directas de persecución, en especial el sindicato de la USO y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Estas organizaciones fueron amenazadas, sus miembros estigmatizados y judicializados con base en procesos que luego se demostró que habían sido fabricados injustamente. Varios de sus integrantes tuvieron que desplazarse forzadamente o exiliarse, y algunos fueron asesinados o desaparecidos.Hacia el año 2000, los grupos paramilitares lograron tomarse efectivamente la ciudad, controlar varios barrios y a la población que allí residía, e infundir terror, uno de los propósitos explícitos que había señalado Carlos Castaño para la incursión paramilitar en Barrancabermeja.¿Hay una compulsa de copias? Con base en los hallazgos sobre la participación de antiguos funcionarios y contratistas de Ecopetrol en los hechos, la Sala invita a la empresa a un diálogo restaurativo. No se trata de una versión voluntaria ni de una diligencia judicial, sino de un espacio de justicia restaurativa en el que se presentarán los hallazgos de la investigación a la empresa, y las víctimas podrán plantear sus demandas de esclarecimiento de la verdad y reparación. Ecopetrol, por su parte, podrá presentar sus propias iniciativas en materia de responsabilidad social empresarial y de empresas y derechos humanos.Tuvimos varias conversaciones en el proceso de recolección de información. La Sala solicitó información a Ecopetrol, la empresa facilitó un volumen importante de documentos, y luego la Sala realizó una inspección a sus archivos, donde encontró, por ejemplo, los contratos de las personas que después infiltraron al sindicato, entre otros documentos relevantes para la investigación.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
