2 de septiembre, 2026 - 09h15La definición de la lista de candidatos que correrán por las siete vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pasa a manos de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a donde pueden recurrir alrededor de 200 precandidatos que fueron descalificados. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó la tarde del 28 de agosto de 2026 con el trámite y resolución de decenas de impugnaciones que interpusieron los precandidatos que se inscribieron para participar en las elecciones de los vocales del CPCCS que se realizarán el 29 de noviembre, junto con las dignidades de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales. De las 309 personas que solicitaron la inscripción, 245 fueron descalificadas porque incumplieron con requisitos de fondo y forma, según los informes que hizo una Comisión Verificadora, integrada por funcionarios electorales. Solo 61 fueron calificados inicialmente. PublicidadLas personas que no lograron pasar el filtro del CNE pueden apelar al TCE, quien tiene hasta el 21 de septiembre para resolver los recursos subjetivos contenciosos. Al concluir con la revisión de impugnaciones, los consejeros electorales no admitieron a trámite siete recursos de precandidatos porque los habían presentado fuera del plazo. Pero mientras se resuelven los recursos judiciales, el Consejo Nacional Electoral se organiza para promocionar a estos actores del sistema político. PublicidadPublicidadEstá en proceso la contratación de una empresa que se encargará de elaborar los spots proselitistas para difundir las ofertas y nombres de los aspirantes.De acuerdo con el calendario electoral, el 24 de septiembre tendría que difundirse la lista oficial de candidatos al CPCCS; aunque, deberán esperar que se abra el periodo de campaña para promocionarse, es decir, del 12 al 26 de noviembre. Para esta actividad, el CNE proyectó un valor de $ 4′800.000 para que la contratista que sea escogida se encargue de difundir los “nombres, trayectoria y propuestas del plan de trabajo” de los participantes. Además, tendrán que explicar qué es el Consejo de Participación Ciudadana, cuántos candidatos van a elegirse y las funciones que cumplirán de ser electos. Para esto, la empresa deberá presentar propuestas de guiones, de contenidos digitales, el tiempo que se tomarán en realizar la producción fotográfica, de videos para medios de comunicación radiales y televisivos, e incluso, una propuesta para prensa escrita con insertos informativos. Esta contratación se debe a que la Ley del Consejo de Participación Ciudadana establece que solo el CNE puede hacer propaganda de los candidatos.PublicidadLuego de la reforma constitucional del 2018 —en la que los ecuatorianos aprobaron que los siete consejeros de Participación se elijan por voto popular y ya no por concursos de méritos— la ley prohíbe que sean promocionados por “funcionarios públicos y partidos o movimientos políticos”. El fin sería evitar que estos cargos sean ocupados por personas cercanas a fuerzas políticas y de esta manera garantizar la “independencia” en la toma de decisiones, como en la designación por concursos públicos de las autoridades de control del Estado.Sin embargo, tras una demanda de inconstitucionalidad, planteada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, la Corte Constitucional (CC) permitió que estos candidatos sean publicitados por grupos sociales, candidatos y ciudadanos. Originalmente, la norma contemplaba: “Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral”. La CC declaró la inconstitucionalidad parcial y modificó dicha prohibición que actualmente señala: “Ningún funcionario público, ni un partido o movimiento político podrán realizar actos de proselitismo político de ningún candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley”. Tampoco podrán recibir financiamiento privado y quien contravenga estas disposiciones será descalificado. A esta prohibición se suma una regla jurisprudencial emitida por el TCE que les prohíbe a los candidatos a promocionarse en las redes sociales. Esta regla dispone: “Las publicaciones realizadas por redes sociales o por cualquier medio de comunicación tradicional o no tradicional cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral, debe ser considerada publicidad electoral; y como tal, está sujeta a control por parte de los órganos de la Función Electoral, dentro del ámbito de sus competencias”. Esta prohibición surgió luego que en los comicios de febrero de 2023, los excandidatos Alembert Vera, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco y Vielka Párraga fueron promocionados en campañas electorales digitales por el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) —del que son afines— y por su líder Rafael Correa.El TCE concluyó que los exconsejeros incurrieron en una infracción electoral grave y perdieron sus cargos y tuvieron suspendidos sus derechos de participación por poco más de dos años. Entre los 61 candidatos inscritos hasta la fecha, están cuatro consejeros en funciones que buscan la reelección: Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto, Johnny Escobar y Andrés Fantoni. Este último, que desde hace varias semanas está recorriendo varios cantones del país entregando certificados emitidos por el CPCCS a dirigentes barriales, estudiantes, docentes, líderes sociales y gremios de transportistas. El Código de la Democracia dispone que las autoridades de elección popular que van a la reelección deben solicitar licencia sin sueldo durante el periodo de campaña electoral. (I)