NoticiaLa defensora Iris Marín advirtió que el subregistro de cifras de reclutamiento forzado es mayor. Reclutamiento de menores por redes sociales. Foto: Archivo particular01.09.2026 07:06 Actualizado: 01.09.2026 07:06
La Defensoría del Pueblo advirtió que 73 niñas, niños y adolescentes habrían muerto como consecuencia de operativos militares entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026, mientras que entre 2024 y el 31 de julio de este año el organismo conoció 1.173 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.La alerta se conoce después del bombardeo realizado el pasado jueves 27 de agosto contra una estructura de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá, en El Retorno, Guaviare, donde murieron 10 personas. De acuerdo con la información de Medicina Legal citada por la Defensoría, nueve de los cuerpos ya fueron identificados y entre ellos había tres menores de edad, dos mujeres y un hombre, de entre 15 y 16 años. Bombardeo en Guaviare. Foto:CortesíaLa defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que los datos sobre reclutamiento no representan necesariamente la dimensión real del fenómeno debido al subregistro. “Entre el año 2024 y el 31 de julio de 2026, la Defensoría del Pueblo ha conocido del reclutamiento de 1.173 niños, niñas y adolescentes”, dijo Marín, quien precisó que solo entre enero y julio de este año fueron conocidos 97 casos. Según la funcionaria, cerca del 40 % de los casos correspondieron a niñas y adolescentes mujeres y una proporción importante involucró a menores pertenecientes a pueblos indígenas. Marín insistió en que una reducción de los reportes no necesariamente significa que el reclutamiento esté disminuyendo. “Una reducción en los casos reportados no implica una disminución del reclutamiento, sino un aumento del subregistro”, afirmó. Entre las razones de ese subregistro, la defensora mencionó el temor, la naturalización de esta conducta y la falta de información sobre los mecanismos para denunciarla. También aseguró que, por información recogida en territorio, la cifra real sería mayor y que existe presencia de menores en las filas de las disidencias de Mordisco y Calarcá. Armas incautadas en la operación de bombardeo contra 'Calarcá'. Foto:CortesíaEl problema también se refleja en Guaviare. La Defensoría conoció 11 casos de menores reclutados durante 2025. Marín recordó además que, a finales de mayo, fueron encontrados los cuerpos de 11 menores de edad tras enfrentamientos entre estructuras de las disidencias de Mordisco y Calarcá en ese departamento. La alerta tras el bombardeo El pronunciamiento de la Defensoría plantea que el reclutamiento de menores y su posterior participación en estructuras armadas no elimina su condición de víctimas. “El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes está absolutamente prohibido por el derecho internacional humanitario, y es responsabilidad de los grupos armados que siguen incurriendo en esta abominable práctica”, sostuvo Marín. La defensora también cuestionó que la pertenencia de un menor a un grupo armado permita asumir automáticamente que se convirtió en combatiente. “El ingreso de menores de edad a los grupos armados no permite presumir de ninguna manera que estaban prestando funciones continuas de combate, es decir, que se convirtieron en combatientes”, afirmó. Según la Defensoría, los menores reclutados conservan su condición de víctimas y el Estado mantiene obligaciones reforzadas para protegerlos, incluso cuando hayan participado en hostilidades. El organismo no cuestionó la facultad del Estado para adelantar operaciones militares contra grupos armados ilegales, pero pidió extremar las precauciones cuando exista información sobre la presencia de menores. “El Estado tiene la facultad de desplegar acciones militares, inclusive bombardeos, en contra de grupos armados ilegales para proteger a la población y recobrar el control territorial”, reconoció Marín. Sin embargo, agregó que cuando exista una alta probabilidad de que haya menores reclutados dentro de esas estructuras, las autoridades deben “extremar las medidas de precaución y evaluar alternativas que permitan proteger su vida”. Para la funcionaria, el DIH obliga a analizar con especial rigor la necesidad militar cuando existe riesgo para niñas, niños y adolescentes y a considerar alternativas menos lesivas, además de adoptar todas las precauciones factibles para evitar su muerte. “No podemos resignarnos a que en los operativos militares mueran menores de edad que fueron víctimas previamente de la desprotección prolongada del Estado”, afirmó. Defensoría del Pueblo Foto:Defensoría del Pueblo/EFELa cifra de 73 muertes De acuerdo con la información de Medicina Legal y las actualizaciones recopiladas por la Defensoría en territorio, entre el 7 de agosto de 2022 y el 23 de junio de 2026 se registraron 73 niñas, niños y adolescentes que habrían muerto como consecuencia de operativos militares. De ese total, 31 casos habrían ocurrido durante 2025. Guaviare, señaló Marín, presenta una prevalencia particular de este tipo de hechos. La Defensoría considera que estas muertes deben analizarse en el contexto del reclutamiento forzado y la utilización de menores por parte de grupos armados, pero también frente a las obligaciones estatales de protección. Por eso, el organismo llamó a fortalecer la prevención y a reactivar la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA). “Esta solución requiere una respuesta intersectorial, estructural, pero urgente para fortalecer los entornos protectores y evitar la continuidad del reclutamiento”, manifestó la defensora. Marín pidió al Gobierno Nacional reactivar cuanto antes esta instancia, cuyo liderazgo está en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. “La Defensoría del Pueblo está en toda la disposición de colaborar armónicamente con el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y las instituciones de justicia para proteger a las niñas, a los niños y adolescentes del reclutamiento y evitar que sigamos viéndolos morir en operativos militares o en combates entre grupos armados ilegales”, concluyó.Redacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
