Análisis Exclusivo suscriptores Según el gobierno de De La Espriella, en el presupuesto pasado se omitieron cifras esenciales del gasto público.Ministro Germán Ávila radica el Presupuesto de la Nación 2027 ante el Congreso. Foto: Ministerio de HaciendaPERIODISTA JUDICIAL31.08.2026 13:18 Actualizado: 31.08.2026 13:23
Aunque en el sector económico había expectativa de que el presupuesto radicado por el gobierno de De La Espriella fuera sustancialmente menor al que dejó el expresidente Gustavo Petro, sobre todo por las promesas de campaña de adelgazar el gasto público, la cifra presentada al Congreso terminó siendo 59 billones de pesos más alta.Los 634,9 billones de pesos que suma el Presupuesto General de la Nación para 2027 generaron sorpresa entre analistas y gremios. El Gobierno, sin embargo, justificó el incremento en lo que calificó como un ocultamiento del verdadero estado de las cuentas que recibió de la administración anterior, con cifras incorrectas, "mentirosas" y un presupuesto desfinanciado."Desafortunadamente, la irresponsabilidad fiscal del gobierno anterior llevó a que no se incluyeran en el presupuesto nacional ni los gastos de pensiones, ni los gastos de salud, ni los gastos incluso de los salarios de los funcionarios públicos, ni el componente de costos e intereses de la deuda pública, ni siquiera los recursos que se tenían contemplados para las universidades oficiales o estatales", dijo el vicepresidente José Manuel Restrepo.Y agregó que se trataba de una demostración de la profunda irresponsabilidad que tuvo el gobierno anterior."El primer paso es revelar la verdad, porque el camino a través del cual se puede enfrentar el programa de ajuste fiscal es decirles la verdad a los colombianos", afirmó.Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto:MILTON DIAZ.EL TIEMPOLa cifra se conoce, además, en medio de un panorama fiscal crítico. Colombia enfrenta el déficit más alto de su historia y, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, el desbalance de las cuentas públicas cerraría este año en 7,2 por ciento del PIB y, de no tomarse medidas adicionales, escalaría hasta 9,4 por ciento en 2027.La presunta omisión abre interrogantes sobre una eventual responsabilidad penal o disciplinaria de los funcionarios encargados de elaborar y presentar el proyecto, sobre todo por la magnitud de la diferencia entre las cuentas que dejó el anterior Gobierno y las que ahora presenta la nueva administración.Para el exfiscal general Francisco Barbosa, el asunto no puede reducirse a una equivocación y debería ser examinado por las autoridades para determinar si detrás de la diferencia hubo una conducta con relevancia penal."Lo del exministro de Hacienda (Germán Ávila) no puede despacharse como un simple error de cálculo. Uno no puede omitir datos oficiales porque el ministro tiene un deber reforzado de transparencia con las cuentas públicas. Podría presentarse una denuncia para que se examine si se cometió el delito de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión", aseguró.Según Barbosa, Ávila tendría que explicar cómo se presentó ante el Congreso un presupuesto que semanas después requirió una corrección de casi 60 billones de pesos.El exfiscal señaló que existen antecedentes de la Corte Suprema de Justicia según los cuales la falsedad no solo puede configurarse cuando un funcionario incorpora información falsa en un documento público, sino también cuando, teniendo el deber de decir la verdad, omite total o parcialmente información."Esto es un tema importante porque, dentro de los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte ha dicho que no solo se puede inventar un dato, sino que se configura la violación del artículo 286, la falsedad, cuando el servidor público, teniendo la obligación de decir la verdad, omite parcial o totalmente información", agregó.El exprocurador Carlos Arrieta coincide en que la clave estará en determinar qué ocurrió realmente con las cifras y quiénes participaron en su elaboración. Si se demuestra que los funcionarios conocían el verdadero estado de las cuentas y no lo divulgaron, explicó, podría abrirse la puerta a responsabilidades penales y disciplinarias.Empalme presidencial entre José Manuel Restrepo y Germán Ávila del 3 julio. Foto:Suministrada"Si se demuestra que es así, por no divulgarlas podría haber responsabilidad disciplinaria. Pero si hablamos de falsificar los estados financieros para ocultar las cifras reales, habría responsabilidad penal y disciplinaria. Eso puede ser tanto una falta disciplinaria como un delito", señaló.Para Arrieta, el punto central de una eventual investigación estaría en reconstruir la cadena de funcionarios que tuvo participación en la elaboración, revisión y presentación de esas cifras, y establecer qué conocía cada uno sobre el verdadero estado de las cuentas públicas.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
