Exclusivo: funcionaria heredada del gobierno Petro baja sanción a empresa multada con $1.000 millones por maltratar a sus empleados

Investigación Exclusivo suscriptores Diego Fernando Charry Parra, ejecutivo de Charry Trading S.A.S. Foto: Archivo particular31.08.2026 10:51 Actualizado: 31.08.2026 10:51

Hace exactamente un año, el país conoció varios videos en los que el dueño de una reconocida distribuidora de cárnicos, ubicada en Ibagué (Tolima), les lanza insultos, gritos, groserías y amenazas a varios de sus empleados. Las imágenes, que se volvieron virales se convirtieron en la columna vertebral de un proceso sancionatorio que incluyó una multa de mil millones de pesos y una compulsa de copias a la Fiscalía.Sin embargo, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO conoció en primicia una reciente decisión, de la directora de Inspección, Vigilancia y Gestión Territorial del Ministerio de Trabajo, que le da un giro al episodio que en su momento causó repudio. LEA TAMBIÉN La nueva resoluciónGustavo Charry Parra, dueño de Charry Trading. Foto:Archivo particularEn efecto, en la resolución 2737 del pasado 27 de agosto, Stella Salazar Molina revocó parcialmente la decisión en la que se había sancionado a la empresa Charry Trading SAS, representada por Adolfo Charry Martínez, familiar de los directivos que se ven en los videos lanzando improperios a los empleados.Según el documento, en manos de este diario, se absolvió parcialmente a la compañía de los cargos que se le hicieron inicialmente y ordenó archivar el caso en su contra, lo que incluía la millonaria multa, por mil millones de pesos, que quedó en 254 millones de pesos.Lo que sí quedó en firme fue la compulsa de copias a la Fiscalía por posible falso testimonio contra Diego Fernando Charry, quien aparece en los videos de los insultos. LEA TAMBIÉN La apelación Diego Charry Parra, dueño de Charry Trading. Foto:Archivo particularLa decisión se tomó tras la apelación que presentó Paola Andrea Navarro, apoderada de la empresa que, entre otros puntos, calificó de desproporcionada la multa y aseguró que los hechos no ocurrieron por ser empleadas mujeres, es decir, por razones de género.Este diario se comunicó con la abogada Navarro, quien empezó por asegurar que en ningún momento la empresa ha desconocido los hechos y que se ha actuado en derecho."Se estaban alegando unas supuestas vulneraciones a normas laborales internacionales, pero eso en derecho se logró desvirtuar. Le han querido dar un tinte político a este asunto, pero esto no tiene nada que ver con política", le dijo Navarro a EL TIEMPO.Y confirmó que de los 1.000 millones de pesos, solo quedaron en firme como sanción 254 millones de pesos.UNIDAD INVESTIGATIVA u.investigativa@eltiempo.com@UinvestigativaETSíganos ahora en Facebook Sigue toda la información de Unidad Investigativa en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.