El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la muerte de tres menores de edad en medio de una operación que adelantaron las Fuerzas Militares en contra de las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá en el departamento de Guaviare.De los diez cadáveres que llegaron a Medicina Legal, tres corresponden a adolescentes entre 15 y 16 años. Al parecer, ellos habrían sido reclutados por este grupo armado ilegal y fallecieron en la confrontación con el Estado.Gobierno De La Espriella se pronunció por la muerte de menores de edad en operativo contra disidencias: MinDefensa anunció decisiónFrente a la confirmación de la muerte de los menores, el primer mandatario respaldó las acciones de los uniformados y anunció una fuerte confrontación sobre las estructuras criminales que operan en esa zona del país.“Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, escribió en su cuenta de X Abelardo De La Espriella.Sobre los menores, él declaró: “Los bandidos, que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos, deben pagar por esos crímenes que violan el derecho humanitario”.En la misma comunicación, De La Espriella anticipó que no descansará hasta reconstruir “los valores de la patria” y retomar la soberanía que, a su juicio, se le habría entregado al narcoterrorismo.Disidencias de las Farc confirman que tienen en su poder a militar colombiano del Ejército francés: lanzó fuerte advertenciaEl Ministerio de Defensa contó que, además de los fallecidos, recuperó a un menor de edad y detalló que sus derechos ya fueron restablecidos. También se incautaron 19 fusiles, 7 ametralladoras, 184 minas antipersona, 20 granadas para dron y más de 29.000 municiones, entre otros elementos.A raíz de los muertos, esa cartera comentó: “Medicina Legal estableció que tres de los integrantes muertos eran menores de edad. Su reclutamiento y utilización por parte de grupos armados constituye una grave violación al DIH y un crimen de guerra. Rechazamos categóricamente esta práctica y trabajaremos con el Ministerio de Justicia y demás entidades competentes para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan”.