El Gobierno prepara un cambio de peso en su política salarial: llevar el piso de ingresos a $1.070.000 brutos desde agosto de 2026, unos $860.000 de bolsillo según cálculos oficiales, con el objetivo de elevar las remuneraciones más bajas. La medida podría generar más aportes y contribuciones al sistema previsional, pero economistas y especialistas advierten que su alcance sobre las jubilaciones sería limitado: el verdadero problema no está solamente en cuánto cobran los trabajadores, sino en cuántos tienen empleo registrado y efectivamente aportan al sistema, en momentos en que el trabajo formal privado continúa retrocediendo.
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De acuerdo con información que la Secretaría de Trabajo brindó a PERFIL, el esquema alcanzaría también a los trabajadores rurales, mientras que quedarían afuera quienes se desempeñan en casas particulares. Desde el Gobierno sostienen además que la medida "no genera inflación" y aseguraron que sólo "pegaría" realmente sobre la categoría más baja de algunos convenios colectivos.
Los números permiten dimensionar ese alcance. El gráfico elaborado por C-P Consultora sobre salarios conformados de categorías inferiores sin antigüedad muestra una fuerte dispersión entre actividades: mientras que solamente Maestranza se encontraba por debajo del millón de pesos en abril, numerosas categorías ya superaban ese monto y sectores como bancarios y aceiteros estaban por encima de los $2 millones. A su vez, los últimos datos del SIPA disponibles muestran que en mayo la remuneración bruta mediana del sector privado registrado alcanzaba $1.606.773 y el promedio se ubicaba en $2.121.005.
