Ratko Mladić ha muerto en La Haya a los 84 años, cumpliendo la condena a cadena perpetua que le fue impuesta por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Su muerte cierra una biografía, pero no clausura la historia de la que formó parte ni elimina las consecuencias políticas, sociales y morales de una violencia que todavía estructura Bosnia y Herzegovina y divide la memoria de los Balcanes.Mladić ha muerto apenas dos días después del trigésimo cuarto aniversario de la destrucción de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia y Herzegovina. Durante la noche del 25 al 26 de agosto de 1992, las fuerzas serbobosnias que sitiaban Sarajevo bombardearon deliberadamente la Vijećnica. Junto al edificio desaparecieron libros, manuscritos, archivos y una parte insustituible de la memoria cultural bosnia. Esto no fue un daño colateral. La destrucción de la biblioteca formaba parte de una guerra dirigida no solo contra las personas, sino también contra la posibilidad de una vida compartida. Antes de expulsar o asesinar a una población hay que negar su pertenencia, borrar sus huellas y destruir las pruebas de la convivencia intercultural. La limpieza étnica necesitaba también una limpieza de la memoria.Mladić representó la dimensión militar de aquel proyecto. Como comandante del Ejército de la República Srpska dirigió el asedio de Sarajevo y desempeñó un papel central en el genocidio de Srebrenica, donde más de 8.000 hombres y adolescentes bosnios fueron asesinados en julio de 1995. Durante casi cuatro años, Sarajevo fue sometida al fuego de la artillería y de los francotiradores. Su muerte podría llegar ofrecer cierta sensación de cierre a algunas víctimas. Pero es importante resaltar que Mladić no murió escondido, sino bajo custodia internacional, después de haber sido juzgado y condenado. Esa diferencia importa. La justicia no devolvió la vida a los asesinados ni reparó por completo a los supervivientes, pero estableció unos hechos, identificó responsabilidades y dejó una verdad judicial frente a quienes todavía intentan negar los crímenes.Sin embargo, su muerte no hará desaparecer a las familias que continúan buscando los restos de sus seres queridos ni borrará las consecuencias del desplazamiento forzoso y la reorganización étnica del territorio. Tampoco resolverá la fragilidad institucional de Bosnia y Herzegovina, atrapada en una arquitectura política que puso fin a la guerra, pero convirtió muchas de sus divisiones en estructuras permanentes de gobierno. Tampoco Mladić dejará de ser reivindicado por sectores del nacionalismo serbio, ya que para una parte de la sociedad de la República Srpska y de Serbia continúa siendo un defensor de su pueblo. Las sentencias internacionales han demostrado que es posible establecer la responsabilidad penal individual, pero lo que no han conseguido es construir una memoria colectiva común. Los criminales pueden morir; pero los discursos que hicieron posibles sus crímenes pueden sobrevivirles.Ese es quizá el límite más evidente de la justicia internacional. Puede condenar a una persona, pero no transformar por sí sola las sociedades que la protegieron, relativizaron sus actos o se beneficiaron de ellos. Mladić permaneció 16 años fugitivo porque dispuso de redes de apoyo y silencios institucionales. No actuó solo ni se ocultó solo.A pesar de sus limitaciones, su condena constituye hoy un recordatorio incómodo de algo que empieza a parecer excepcional. El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia fue creado cuando todavía existía la expectativa de que los responsables de atrocidades masivas pudieran ser juzgados con independencia de su rango. Fue una justicia tardía, selectiva e imperfecta, pero consiguió llevar ante un tribunal a dirigentes políticos y militares que parecían intocables. Tres décadas después, aquella promesa está retrocediendo. El Tribunal Penal Internacional se encuentra sometida a una campaña de intimidación por investigar a ciudadanos y aliados de Estados Unidos. Washington ha impuesto sanciones a jueces y fiscales, con congelación de activos, restricciones de viaje y bloqueo de servicios financieros.La paradoja es difícil de ignorar. Los Estados occidentales invocaron la justicia internacional para responder a las atrocidades cometidas en Bosnia, pero algunos pretenden neutralizarla cuando dirige su mirada hacia ellos o sus aliados. Y una justicia válida únicamente contra los adversarios no constituye un orden jurídico. Es una prolongación de la política de poder mediante tribunales autorizados a actuar solo hasta donde permiten las grandes potencias.La muerte de Mladić debería servir para algo más que recordar la brutalidad de las guerras yugoslavas. Debería obligarnos a preguntarnos si hoy sería posible construir la respuesta judicial que permitió condenarlo. La respuesta no resulta tranquilizadora. Mladić fue condenado y ha muerto en prisión, pero las víctimas no recuperarán lo que perdieron ni Bosnia dejará de convivir con las consecuencias de su proyecto. La justicia no deshace el crimen, pero sí puede impedir que los responsables escriban solos la historia.Por eso resulta tan grave debilitarla precisamente ahora. Mladić ha muerto, pero permanece la obligación de defender las instituciones que permitieron juzgarlo. Si renunciamos a ellas, no solo estaremos abandonando a las víctimas de los conflictos actuales. Estaremos convirtiendo la condena de los criminales del pasado en una excepción histórica que quizá ya no estemos dispuestos a repetir.