Hace tres décadas, el desierto de Ica producía casi nada exportable. Hoy exporta arándanos a China y paltas a Europa, y ese cambio no fue casual. Nació de una política de incentivos tributarios que le dio al sector agroexportador una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, menos de la mitad de la que paga cualquier otra empresa formal en el país. El objetivo entonces era atraer inversión a un sector naciente que necesitaba apoyo para despegar. Ese objetivo se cumplió.
La pregunta que la OCDE plantea ahora en su revisión de política tributaria 2026 es la que esta casa editorial también formuló desde que el anterior parlamento aprobó la ley Chlimper 2.0: ¿sigue haciendo falta ese subsidio cuando el sector ya demostró que puede competir por sus propios medios?
La respuesta del organismo internacional es directa. Las grandes agroexportadoras deben regresar al régimen general de 29.5% porque el sector registró un crecimiento sostenido en valor agregado y exportaciones durante la última década mientras mantenía un trato preferencial frente al resto de la economía formal. Eliminar esa tasa reducida contribuiría a movilizar S/1,888 millones anuales en recaudación adicional.
Según estimaciones de dicha comisión multilateral, para el 2035, el costo de mantenerla equivaldría a unos S/20,000 millones menos para las arcas públicas. Un país que posterga el incremento de Pensión 65 por restricciones presupuestarias no puede sostener ese privilegio sin justificación técnica.
