Eran los meses de abril y mayo de 2018. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) acudieron al espacio protegido de las Dunas de Maspalomas, en el sur de la isla, para preguntar a los turistas que traspasaban los límites de la reserva por qué lo hacían. La intención era conocer la psicología, motivaciones y justificaciones de aquellos que estaban destruyendo el área. Medir su “sensibilidad ecológica”. Y los resultados fueron cuando menos reveladores.
El 78,2% de los encuestados (101 en total) no sabía que se encontraba dentro de una Reserva Natural Especial protegida. Solo el 40,6% sabía que existían normas y el 62,4% desconocía la existencia del Centro de Interpretación. Además, muchos usuarios se opusieron rotundamente a pagar una tasa para la conservación de las dunas. De los 28 que justificaron su rechazo por escrito, el 60,7% de ellos afirmó que “la naturaleza es libre y pública” y que, por tanto, el acceso debe ser gratuito; el 21,4% argumentó que una tasa sería perjudicial para el turismo local; y el 7,14% advirtió de que no volvería a visitar las dunas si tuviera que pagar.
Ese mismo año, también en 2018, los investigadores de la ULPGC mapearon 298 puntos dentro de la reserva donde se habían acumulado residuos o destruido vegetación endémica. El proyecto Masdunas, del Cabildo de Gran Canaria, logró restaurar 295 de ellos y retiró poco más de 2.000 metros cúbicos de restos vegetales entre 2019 y 2023. Pero, aunque las zonas señaladas en 2018 fueron casi recuperadas por completo, la imposibilidad de mantener una vigilancia las 24 horas ha provocado la aparición de nuevos focos de degradación en áreas previamente intactas y en las zonas de mayor tránsito.
