En 2024, solamente seis provincias gastaron más de lo que recaudaron. Un año después, el número había ascendido a catorce sobre las veintitrés que publicaron sus cuentas. La mejora fiscal provincial duró poco: apenas se recuperaron los ingresos, también volvió a crecer el gasto.
En 2023, las provincias gastaban en conjunto $ 101,7 por cada $ 100 que recibían. En 2024 redujeron esa relación a $ 98,9 y alcanzaron un superávit. Pero en 2025 volvieron a gastar $ 102,1. No sólo deshicieron el ajuste, sino que terminaron con un desequilibrio mayor que antes del cambio de gobierno.
La comparación con la Nación es inevitable. El Gobierno redujo su gasto de 19,3% del PBI en 2023 a 14,5% en 2025. Esa baja permitió equilibrar las cuentas y comenzar a reducir impuestos: la carga tributaria nacional ya disminuyó cerca de tres puntos del producto y, según Iaraf, el alivio llegaría a 4,7 puntos en 2027. En las provincias ocurrió algo diferente: el ordenamiento de 2024 fue transitorio y no se utilizó para bajar impuestos.
La explicación está en la composición del ajuste. Entre 2023 y 2024, los gastos de capital cayeron de 12,5% a 9,5% de los ingresos. Allí se concentró casi toda la mejora. El gasto corriente pasó de 89,2% a 89,4% y luego saltó a 92,4% en 2025. El gasto en personal bajó de 43,8% de los ingresos a 43%, pero al año siguiente subió a 44,6%. Las provincias postergaron obras, pero no modificaron de manera permanente su estructura de gastos.
