El Gobierno anunció la utilización de $2 billones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para impulsar el crédito hipotecario. La medida fue presentada como una herramienta para ampliar el acceso a la vivienda y dinamizar la economía. Sin embargo, el anuncio plantea una pregunta central: ¿quiénes serán los verdaderos beneficiarios de esos recursos y qué problema económico está resolviendo el Estado? El punto de partida es una contradicción del propio programa económico. Los bancos argentinos tienen dificultades para otorgar créditos hipotecarios a largo plazo porque carecen de fuentes estables de financiamiento que les permitan prestar a veinte o veinticinco años. El mercado financiero no pudo resolver por sí mismo ese descalce entre los plazos de captación y los de colocación. Ahora el Estado interviene utilizando recursos del FGS para generar el fondeo que los bancos necesitan. Después de casi tres años cuestionando la intervención estatal, el Gobierno parece haber descubierto una de sus funciones: resolver los problemas que el mercado no puede (o no quiere) solucionar. Pero esa intervención no modifica la lógica del negocio financiero. Los fondos del FGS serán otorgados a los bancos a tasas de entre 2,5% y 4,5%, mientras que los créditos hipotecarios podrán llegar hasta UVA más 7,5% anual. Existe así una diferencia potencial de entre 3 y 5 puntos porcentuales entre el costo del fondeo y la tasa máxima que pagarán las familias, antes de considerar costos operativos y riesgo crediticio.