El debate en torno a la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Colombia ha entrado en una fase de redefinición institucional. Tras la finalización de la anterior legislatura, las iniciativas impulsadas por el Gobierno saliente no lograron completar su trámite parlamentario. El Proyecto de Ley 043 de 2025 del Senado (acumulado con el 324 de 2025 de la Cámara) fue archivado por tránsito de legislatura. Pese a ello, la discusión ha vuelto con la radicación de la nueva propuesta, que busca retomar el debate bajo la mirada del nuevo Gobierno.Inteligencia artificial agéntica: ¿Qué es, en qué se diferencia de la IA generativa y cuáles son sus riesgos?Al evaluar el estado del trámite y las proyecciones políticas, los expertos consultados señalan que el panorama legislativo exige un consenso amplio. Adolfo Gómez, asociado de Garrigues, explica que “actualmente se tramita ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley n.º 025 de 2026, que replica en gran medida el articulado del proyecto presentado durante la legislatura anterior, aunque incorpora, entre otros, algunos cambios en materia de principios relacionados con el aprovechamiento del conocimiento local y la libre competencia económica”. Por otra parte, Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, precisa que “el proyecto de ley está archivado” y advierte que, “como se trata de un archivo y no de una suspensión, el trámite no puede retomarse en el punto en que quedó y una eventual ley de inteligencia artificial exigiría radicar un texto nuevo y agotar los correspondientes debates desde el comienzo”. En ese mismo sentido, Lorenzo Villegas-Carrasquilla, socio de Serrano Martínez, argumenta que “sería previsible que el nuevo Gobierno no respalde el proyecto radicado nuevamente, tal como está, pues una regulación de este tipo podría tener efectos negativos para el sector”. Para Michelle Jacquin, abogada de Scola Abogados, “es posible que, de retomarse una iniciativa legislativa sobre IA, se busque un enfoque regulatorio menos estricto que el previsto en el proyecto archivado”. Asimismo, Mariana Jiménez, asociada de PPU, resalta que “la inteligencia artificial forma parte de la agenda del Gobierno entrante, pues ha sido mencionada recurrentemente como una herramienta de eficiencia, inversión y gestión pública, transversal a varios sectores”. Natalia Alarcón, socia de Posse Herrera Ruiz, sostiene que la propuesta “presenta fricciones de fondo con las promesas de campaña del presidente Abelardo De La Espriella, en tanto el articulado impone obligaciones, restricciones y requisitos precisamente sobre los usos de IA en aquellas funciones estatales de las que depende el cumplimiento de sus metas”. Michelle Jacquin, Scola Abogados Foto: Cortesías Scola AbogadosPor su parte, Luisa Fernanda Jiménez, directora de Innovación y AI de Lloreda Camacho, enfatiza que “la aprobación dependerá de que logre construir consensos técnicos y políticos amplios”.Respecto a la idoneidad del enfoque basado en niveles de riesgo inspirado en el marco europeo, las opiniones de la doctrina legal convergen en la necesidad de adaptar el texto a las particularidades del ecosistema productivo nacional.Así lo indica Danilo Romero, socio de Holland & Knight, quien sostiene que “deberíamos tener regulaciones adecuadas a nuestra realidad. Es un hecho que nos hemos equivocado en otras ocasiones teniendo legislaciones que aplican en contextos que no necesariamente se replican en Colombia”. En ese mismo sentido, Juan Sebastián Gómez, asociado de PPU, afirma que “el riesgo de replicar un modelo de esta naturaleza está en imponer obligaciones de difícil y costoso cumplimiento para los desarrolladores o usuarios de sistemas de alto riesgo”. Adicionalmente, Natalia Escobar indica que “trasplantar un régimen de control ex ante sin acompañarlo de los instrumentos de habilitación correspondientes (i. e. incentivos, formación, infraestructura y compras públicas) podría producir el efecto contrario al deseado”. Claude fue entrenada con libros pirateados y a su dueño le salió bien caro. ¿Qué implicaciones tendría un caso similar en Colombia?No obstante, Sergio Michelsen acota que “la clasificación por niveles de riesgo es un estándar internacional que ha tomado fuerza y tiene la ventaja de graduar las obligaciones según el daño potencial en lugar de imponer un régimen uniforme a todos los actores”.Frente a la existencia de vacíos jurídicos para proteger derechos fundamentales en áreas como crédito, empleo y justicia mientras se aprueba una ley marco, varios de los abogados consultados coinciden en que Colombia no parte de un vacío absoluto, sino de un esquema normativo disperso que requiere mayor especificidad. Luisa Fernanda Jiménez destaca que “muchas de las conductas asociadas al uso indebido de sistemas de IA ya pueden ser examinadas y sancionadas bajo el marco jurídico existente”, aunque persisten zonas grises en transparencia algorítmica. En este contexto, Adolfo Gómez agrega que, “mientras no exista una regulación específica, estos riesgos deben abordarse mediante la aplicación de los marcos jurídicos actualmente vigentes”.Sobre la atribución de responsabilidad civil y penal cuando un sistema de IA de propósito general es desviado por un tercero para usos de alto riesgo, la jurisprudencia y los analistas señalan que la sanción o indemnización debe orientarse hacia quien mantiene el control de la conducta. Gerardo Flórez, asociado de PPU, explica que, “en materia civil, el análisis no dependería únicamente de quién desarrolló la herramienta, sino de quién tenía su control material y jurídico al momento del daño”. Adolfo Gómez, Garrigues Foto: Cortesías GarriguesEn cuanto al diseño institucional y la conveniencia de crear una autoridad nacional de IA bajo MinCiencias o delegar la vigilancia en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), las opiniones se dividen entre el fomento público y la capacidad operativa de inspección. Lorenzo Villegas-Carrasquilla expresa que “MinCiencias es un ministerio de fomento y a cargo del desarrollo del sector, no un órgano de inspección, vigilancia y control (IVC)”. En este aspecto, Mariana Jiménez sugiere que “las funciones de vigilancia, investigación y sanción podrían recaer en autoridades sectoriales que ya tienen experiencia en protección de derechos e inspección de mercados, como la SIC”. Finalmente, frente a la articulación con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos y el marco de ciberseguridad, los juristas concluyen que las normas deben ser complementarias para evitar duplicidades. Adolfo Gómez recomienda que la nueva regulación “debería complementar y supeditar su existencia a las normas existentes en materia de privacidad, y no sustituirlas ni generar regímenes paralelos que produzcan incertidumbre sobre su aplicación”. Michelle Jacquin señala que “una ley específica de IA podría complementar ese régimen incorporando obligaciones relacionadas con la transparencia de las decisiones automatizadas, la evaluación de riesgos y la gestión de sesgos”. La IA barre con 10 actividades laborales: Anif puso el lente sobre el mercado laboral; esto hallóEn similar sentido, Juan Sebastián Gómez concluye que, cuando un sistema trate datos personales o dependa de infraestructuras tecnológicas, los regímenes de privacidad, ciberseguridad e IA “deberían aplicarse de forma simultánea y coordinada, sin que uno sustituya o desplace al otro”.El futuro de la regulación de la inteligencia artificial en Colombia dependerá de la capacidad del Congreso y del nuevo Ejecutivo para estructurar un marco normativo flexible, proporcional a la escala de las pymes y coordinado con las autoridades de vigilancia existentes.