Aunque el Gobierno anterior se despidió con la premisa de que entregó el país sin apagón, la situación del sector es crítica. De acuerdo con el informe que hizo la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, el país pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 por ciento en 2022 a un déficit del 4,4 por ciento en 2026, con riesgo de déficit de potencia para 2026-2027, justo cuando el sistema debe prepararse para el fenómeno de El Niño y cuando la demanda crece mucho más rápido que la oferta.Llamado urgente para reformar medidas frente a los efectos del fenómeno de El NiñoCuatro hechos enmarcan el complejo panorama: de los 4.475 MW de nueva generación esperados para 2026, solo ha entrado en operación el 15,5 por ciento; cerca del 60 por ciento de los proyectos de transmisión presenta atrasos; entre abril y julio de 2026 se registraron 216 desconexiones por sobrecarga y el escenario crítico de Air-e, que pasó de un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a uno negativo, con una pérdida neta en 2025 de 1,15 billones. Esta situación puede generar un riesgo sistémico.A ello se suma un desafío urgente: el abastecimiento de gas natural. Para este segundo semestre, ya el país importa el 30 por ciento de la demanda nacional, con unas reservas que vienen disminuyendo.Patricia Arrázola, Pérez-Llorca Foto: Cortesía Pérez-LlorcaClaudia Navarro, socia de Brigard Urrutia, pide al nuevo Gobierno “adoptar medidas urgentes para evitar que haya un racionamiento de energía ante el 90 por ciento de probabilidad de la ocurrencia del fenómeno de El Niño en nuestro país”. A diferencia de eventos anteriores de El Niño, como el ocurrido en 2015-2016, cuando las medidas se enfocaron en fortalecer la oferta de generación, Patricia Arrázola, socia y directora de energía y recursos naturales en Pérez-Llorca Colombia, explica que la estrategia actual combina dos líneas de acción: “Garantizar la disponibilidad de generación y combustibles y promover la participación activa de los usuarios mediante el consumo eficiente de energía”.Juan Pablo Gutiérrez, PPU Foto: Cortesía PPU LegalEn este contexto, Juan Pablo Gutiérrez, socio del área de energía y recursos naturales de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du y Uría (PPU), considera que el nuevo Gobierno “deberá revisar la posibilidad de fomentar la expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de nueva infraestructura que permita la conexión de nuevos proyectos y la mitigación de interrupciones del servicio a los usuarios por activos deficientes”. Gutiérrez también piensa que es necesario apoyar la inversión nacional y extranjera en el desarrollo de proyectos de generación y tomar medidas para fortalecer instituciones como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme).Claudia Navarro, Brigard Urrutia Foto: Cortesía BrigardEn este mismo sentido, la socia de Garrigues plantea la necesidad de que el nuevo Gobierno fortalezca el mecanismo del Cargo por Confiabilidad y garantice que las subastas de expansión de Obligaciones de Energía Firme se realicen oportunamente y con señales de precio adecuadas para atraer nueva inversión.“Este es un sector de inversiones intensivas en capital con horizontes de recuperación de 20 a 30 años. Elementos que estaban en la base de las decisiones de inversión se han modificado por vía de resolución o decreto y se ha afectado la bancabilidad de los proyectos y desincentivado la inversión de largo plazo necesaria para la expansión del sistema”, comenta Espinosa. Gobierno nacional destina $1,5 billones para evitar afectaciones en el servicio de energíaRecuperar la seguridad jurídica para atraer nuevas inversiones en generación, transmisión y distribución de energía es prioritario para José Vicente Zapata, de Holland & Knight, y hace algunas recomendaciones. “El Gobierno entrante no solo afronta el reto de atraer nueva inversión, sino también el de garantizar estabilidad normativa a quienes continuaron apostando por el país pese a los desafíos de los últimos años, asegurándoles las condiciones necesarias para continuar ejecutando sus proyectos con certeza y confianza”, dijo. De los 4.475 MW de nueva generación esperados para 2026, solo ha entrado en operación el 15,5 por ciento y cerca del 60 por ciento de los proyectos de transmisión presenta atrasos. Foto: CFOTO/Future Publishing via GettPara Zapata, parte de los cambios en las políticas públicas deben estar orientados a “contener el riesgo de desabastecimiento” con las subastas y también modernizando las redes de distribución y tomando medidas que mitiguen los impactos del fenómeno de El Niño. En este contexto, Alejandro Zapata, asociado del área de energía y recursos naturales de PPU, llama la atención sobre el hecho de que “la capacidad de regasificación existente, concentrada en la terminal de Cartagena, fue diseñada primordialmente como respaldo del sector eléctrico ante escenarios de baja hidrología, no como plataforma para atender de manera permanente la demanda residencial e industrial de gas natural.“El debate central seguirá siendo si estas inversiones deben remunerarse mediante tarifas reguladas, sujetas a criterios de necesidad, eficiencia y beneficio sistémico, o desarrollarse bajo riesgo exclusivamente privado”, dijo Zapata. Respecto a las tarifas y teniendo en cuenta que en un escenario de escasez habría impacto en las facturas de los usuarios de energía y gas, Adriana Espinosa, socia de Garrigues, advierte que “las intervenciones administrativas sobre precios, si bien pueden ser políticamente atractivas, generan distorsiones que comprometen la sostenibilidad financiera del sector y desincentivan la inversión futura”. Camila Jiménez, Baker McKenzie. Foto: Baker McKenziePrecisamente, Camila Jiménez Lara, de Baker McKenzie, propone que el nuevo Gobierno revise con urgencia la normatividad existente. “Es necesario proteger el régimen de libertad de precios que ha fortalecido el sector energético desde 1994 y derogar el Decreto 1072 de 2025, que obliga a los generadores hidráulicos a contratar al menos el 95 por ciento de su generación horaria”.Los abogados consultados destacan movidas del Gobierno anterior como las comunidades energéticas –de las cuales hay cerca de 400 en el país–, la Resolución 40333 de 2026, expedida por el Ministerio de Minas para anticipar riesgos, fortalecer la infraestructura eléctrica y garantizar un suministro seguro, confiable y continuo, entre otras. El ministerio publicó dos proyectos de resolución para reforzar la coordinación institucional y garantizar el abastecimiento de energía eléctrica y gas natural ante posibles contingencias climáticas durante el segundo semestre de 2026. José Vicente Zapata, Holland & Knight. Foto: Holland & KnightActualizaron los criterios para elaborar el Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional con el fin de planear de manera conjunta las obras de transmisión, los nuevos proyectos de generación con el fin de fortalecer la confiabilidad del servicio eléctrico, y se creó la Licencia Ambiental Solar con Diseño Optimizado. (LASolar). El 19 de junio de 2026, la Creg expidió la Resolución 101 113, mediante la cual definió los mecanismos para incorporar los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica con batería al Sistema Interconectado Nacional para brindar seguridad a los procesos de incorporación de energías renovables al sistema.