Análisis Exclusivo suscriptores Una investigación de SOSOrinoco revela una gobernanza criminal híbrida impulsada por guerrillas colombianas y megabandas locales.El hallazgo central del estudio señala que estas estructuras no operan como delincuencia común, sino como un sistema de gobernanza criminal. Foto: Archivo EL TIEMPOCORRESPONSAL DE EL TIEMPO EN CARACAS28.08.2026 22:01 Actualizado: 28.08.2026 22:01
El sur de Venezuela -los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluyendo la Guayana Esequiba- se ha convertido, desde hace casi dos décadas, en un espacio para que los grupos criminales operen sin oposición del Estado.Esa expansión queda reflejada en un nuevo informe de SOSOrinoco, que documenta la presencia de al menos 26 Grupos Armados Organizados (GAO) en 20 de los 21 municipios de la región amazónica y guayanesa. El estudio, elaborado a partir de una revisión sistemática de fuentes abiertas entre 2022 y 2026 y de entrevistas en el terreno, muestra hasta qué punto estas estructuras han penetrado el territorio. LEA TAMBIÉN La investigación se basa en una base de datos de 360 registros sobre presencia y actividad de estos grupos. El estado Bolívar concentra 204 de esos registros, seguido por Amazonas, con 93, y Delta Amacuro, con 21. En Bolívar, Sifontes aparece como el municipio con mayor actividad documentada, con 54 registros.El hallazgo central del estudio señala que estas estructuras no operan como delincuencia común, sino como un sistema de gobernanza criminal híbrida que administra justicia, regula la economía, cobra tributos informales y sustituye al Estado en zonas con nula presencia institucional.Disidentes del ‘Estado Mayor Central’. Foto:Joaquín Sarmiento. AFPSegún SOSOrinoco, los grupos armados llegan incluso a asumir funciones que corresponderían a las instituciones públicas: pagan salarios a maestros y médicos, distribuyen alimentos y medicinas y regulan aspectos de la vida cotidiana. El control de pasos fronterizos, trochas y corredores fluviales les permite, además, monopolizar el tránsito de personas y mercancías.Protagonismo y consolidación de la guerrilla colombianaEl mapa de actores distingue lógicas de control territorial diferenciadas, donde la guerrilla colombiana representa el actor con mayor penetración e institucionalidad informal:Eln y disidencias de las Farc: registran presencia en 16 de los 21 municipios analizados. Operan con alta sofisticación, controlando corredores fluviales y fronterizos, además de administrar justicia paralela.El Eln destaca como el actor más consolidado y protegido del ecosistema: el informe contabiliza 60 eventos documentados de esta guerrilla frente a apenas tres operativos militares en su contra.Sindicatos y megabandas locales: organizaciones como la Organización 3R, el Tren de Guayana y el Tren de Aragua ejercen control violento sobre enclaves mineros específicos, combinando la extorsión con fachadas asistenciales.Actores transnacionales brasileños: grupos como los garimpeiros, vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), Comando Vermelho y la Familia do Norte, operan en zonas fronterizas, generando depredación ambiental y afectaciones a comunidades indígenas. LEA TAMBIÉN En cuanto al número de eventos registrados entre 2022 y 2025, las disidencias de las Farc aparecen en primer lugar, con 37, seguidas por el Eln, con 35; la Organización 3R registra 13, el Sindicato de Juancho y Humbertico 10 y el Tren de Guayana ocho.La investigación destaca que el evento más frecuente registrado es la “presencia” sostenida y no disputada, con más de 240 registros. Este patrón muestra que el control territorial de los grupos armados no depende necesariamente de enfrentamientos constantes: pueden ejercer autoridad durante largos periodos mediante la intimidación, el miedo normalizado y la sustitución silenciosa de funciones del Estado.El informe describe así una especie de “pacificación por intimidación”: los GAO deciden quién puede trabajar, cobran por hacerlo, resuelven disputas y mantienen el control sin tener que recurrir permanentemente a la violencia abierta.En contraste, los operativos militares estatales suman 33 registros y los asesinatos o masacres por balaceras, 15. Estos episodios de violencia aparecen como hechos puntuales frente a una presencia criminal que, según el informe, se mantiene de manera mucho más constante en el territorio.La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Archivo X: @delcyrodriguezvEl negocio tampoco se limita al oro. SOSOrinoco documenta tráfico de drogas y armas, extorsión a comerciantes, secuestros, robo de vehículos y comercios, contrabando de combustible, madera, chatarra y vida silvestre, además de trata de personas con fines de explotación sexual en los campamentos mineros.Corrupción e hiperconcentración del poder políticoSOSOrinoco concluye que la expansión de estas estructuras responde a una dinámica de facilitación y complicidad entre autoridades locales, estamentos militares y la cúspide del poder político.El informe sitúa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como “árbitro” del sistema: mientras reprime de forma selectiva a los sindicatos locales cuando ganan autonomía, mantiene una tolerancia sistemática hacia la guerrilla transnacional colombiana. LEA TAMBIÉN Asimismo, el documento responsabiliza directamente a Delcy Rodríguez por el diseño y sostenimiento de esta estructura.El texto señala que la hiperconcentración de cargos bajo su órbita -incluyendo la Vicepresidencia, la administración de carteras financieras, de petróleo y minería, y la Presidencia interina asumida en enero de 2026- anuló los controles institucionales. Bajo esta estructura operan la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la empresa militar CAMIMPEG, vinculadas por investigaciones internacionales al desvío de oro hacia mercados en Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Rusia.Impacto socioambiental e ineficacia de los operativosLa actividad minera sin control en parques nacionales como Canaima, Yapacana, Caura y Duida Marahuaca ha generado contaminación por mercurio, deforestación y la siembra de minas antipersonales. SOSOrinoco señala que la minería ilegal también se desarrolla dentro de reservas forestales e hidráulicas, parques nacionales y monumentos naturales. El informe documenta contaminación de ríos y suelos por mercurio, destrucción de hábitats mediante motobombas y dragas y apertura de carreteras clandestinas.Derrumbe en mina de oro en Venezuela. Foto:Captura de pantalla: X @ReporteYaEn materia de derechos humanos, se documentan ejecuciones extrajudiciales, trata de personas, trabajo forzado y el reclutamiento de jóvenes de las etnias Uwottüja y Yanomami.El estudio ilustra, además, la resiliencia del sistema criminal tras la intervención armada atribuida a fuerzas de EE. UU. en junio de 2026 contra el Tren de Aragua en Las Claritas.A pesar de los despliegues posteriores del Estado venezolano, para julio de 2026 fuentes locales confirmaron el retorno a la zona de cabecillas como el jefe del sindicato de ‘Juancho’ y Johan Petrica (número dos del Tren de Aragua), tras huir temporalmente a Colombia. Para SOSOrinoco, la reactivación de estas dinámicas evidencia que la arquitectura criminal permanece intacta ante eventuales proyectos de inversión extranjera.ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN - Corresponsal de EL TIEMPO - Caracas Sigue toda la información de Internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.







