La renuncia forzada de la magistrada Alba Luz Ramos sella un proceso de tres años de reestructuración y relevo de lealtades en el alto tribunal nicaragüense
La renuncia de Alba Luz Ramos, durante décadas una de las figuras centrales del sistema judicial nicaragüense, culmina la purga que la copresidenta Rosario Murillo inició en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en octubre de 2023. Desde entonces, el proceso ha implicado despidos masivos, la salida de magistrados y una recomposición de la cúpula judicial que, con este último movimiento, consolida su control total sobre la institución. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aceptó el 27 de agosto la renuncia de Ramos a la presidencia de la CSJ. La magistrada alegó “razones de salud” y anunció su jubilación después de 38 años como integrante del máximo tribunal y 16 años consecutivos al frente del organismo.
Ramos, sin embargo, llevaba apartada del Poder Judicial casi tres años, ostentando la presidencia de forma meramente ornamental y recluida en su vivienda. El 24 de octubre de 2023, efectivos policiales encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha irrumpieron en la sede de la Corte Suprema, la desalojaron de su despacho y la enviaron a su residencia. Desde ese momento dejó de participar en actos oficiales. Fuentes oficiales aseguraron que Daniel Ortega impidió que Ramos fuera enviada a prisión por Murillo, con quien mantenía una relación “confrontativa”.
