NoticiaLas medidas fueron adoptadas en un consejo de seguridad que se realizó en Valledupar.El presidnete De La Espriella en el consejo de seguridad. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA28.08.2026 15:12 Actualizado: 28.08.2026 15:12
Los ataques con drones y los hostigamientos registrados en Cesar, en la tarde del jueves, llevaron al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella a ordenar una intervención que combina tecnología antidrones, operaciones militares, inteligencia y protección de infraestructura estratégica. La decisión fue anunciada durante un consejo de seguridad extraordinario en el que se puso el foco sobre varios municipios donde las estructuras armadas mantienen capacidad de movimiento y financiación.La respuesta tendrá uno de sus primeros frentes en el aire. El Gobierno anunció el despliegue inmediato de sistemas de protección antidrones en El Copey, Curumaní, La Jagua de Ibirico y Pelaya, cuatro municipios incluidos dentro de las zonas priorizadas. El esquema también será extendido a Valledupar, en momentos en que el uso de aeronaves no tripuladas se ha incorporado a las acciones de los grupos armados para atacar a la Fuerza Pública y ampliar su capacidad de hostigamiento.La medida deja ver otro componente de la estrategia que comienza a implementar el Ejecutivo para impedir que las estructuras ilegales aprovechen herramientas tecnológicas para modificar las condiciones de seguridad en los territorios. La orden no se limita a responder después de los ataques, sino que busca instalar capacidades que permitan detectarlos y contenerlos antes de que alcancen objetivos militares, policiales o civiles.Alerta por posibles ataques con drones Foto:Imagen IstockEl mapa de operaciones, sin embargo, irá más allá de los municipios donde serán instalados los sistemas antidrones. El presidente De La Espriella también ordenó reforzar la seguridad sobre el oleoducto y otros puntos de infraestructura estratégica del departamento, en un intento por golpear las fuentes de financiación que dependen de la explotación ilegal de minerales e hidrocarburos.Dentro de ese despliegue aparece un objetivo que el propio Gobierno denominó el “corredor del oro criminal”. Las operaciones estarán encaminadas a cerrar esa ruta y afectar las economías que sostienen a las organizaciones que operan en esta zona del país. Eso supone que las acciones de la Fuerza Pública tendrán que avanzar de manera paralela sobre los hombres armados, sus redes logísticas y los recursos que permiten mantener las estructuras en funcionamiento. LEA TAMBIÉN Aguachica tendrá un tratamiento particular. El municipio fue identificado por el Gobierno como un eje logístico utilizado por estructuras delincuenciales, razón por la cual allí se concentrará parte de los esfuerzos de inteligencia y de intervención operativa. Su ubicación convierte el control de ese punto en una pieza dentro de las operaciones que buscan restringir los corredores de movilidad y abastecimiento.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comRedacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
