El fiscal Anticorrupción Matías Bornancini investiga la actuación administrativa del Patronato del Liberado y la jurisdiccional del Juzgado de Ejecución Penal 1 de Córdoba, en el cumplimiento de una condena a dos años y 2 meses de prisión condicional impuesta en octubre del año pasado a Maximiliano Baudraco por violencia familiar. Luego de aquella sentencia de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje, Rocío Gómez presentó nuevas denuncias. Sin embargo, el 20 de julio pasado -y a pesar de una orden que le impedía acercarse a ella- Baudraco la asesinó a puñaladas en Santa María de Punilla.
No debía acercarse al domicilio de la víctima, pero allí la asesinó. No debía consumir alcohol ni drogas, numerosos testigos dicen que su conducta no cambió. Debía realizar tratamiento psicológico en violencia de género y cumplir tareas comunitarias. No hizo nada de eso. El final fue anunciado: mató a su expareja.
En la cronología aparece un dato relevante y grave: el Patronato del Liberado habría presentado su informe ocho horas después de que Baudraco ejecutó el femicidio.
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El Patronato del Liberado bajo la mira
