El proyecto de ley antimafias, que busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar, perseguir y sancionar a las organizaciones criminales y mafiosas, así como para desarticular y debilitar su estructura económica y operativa, gana respaldo en la Asamblea Nacional más allá de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Durante el debate, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) y varios legisladores independientes expresaron su respaldo al proyecto de ley antimafias, impulsado por la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) a través de la legisladora Mishel Mancheno, presidenta de la Asamblea Nacional.En contraste, los legisladores de la bancada Revolución Ciudadana (RC) plantearon observaciones a la propuesta y advirtieron que la lucha contra el crimen organizado no debe centrarse únicamente en el endurecimiento de las penas. La legisladora Viviana Veloz expuso algunas de las debilidades que, a su criterio, presenta el proyecto.PublicidadLa iniciativa plantea reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código Orgánico de la Función Judicial y a la Ley de Extinción de Dominio.Mancheno presentó su propuesta ante el Pleno y la prensa, y explicó que se sustenta en tres objetivos principales. El primero es cerrar el círculo de actores que participan en delitos vinculados al crimen organizado, desde quienes cumplen funciones de vigilancia hasta los cabecillas de las estructuras criminales. Señaló que también deben ser sancionadas las personas que facilitan sus domicilios, bodegas u otros espacios para el cometimiento de delitos.El segundo objetivo es disponer de los bienes de los narcotraficantes para destinarlos a fines sociales. El tercero consiste en tipificar el delito de pertenencia a un grupo de delincuencia organizada, anotó.PublicidadPublicidadEl proyecto define como delincuencia organizada la actuación de tres o más personas que acuerdan formar una estructura permanente o reiterada para cometer delitos graves y obtener dinero u otros beneficios materiales.Quienes constituyan u organicen una estructura criminal, así como quienes ocupen posiciones de dirección, financiamiento, mando, control, coordinación estratégica o planificación podrían recibir penas de 22 a 26 años de prisión.Cuando estas organizaciones estén vinculadas con delitos considerados de alto impacto, como narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de armas o lavado de activos, las penas podrían llegar de 26 a 30 años.Durante su intervención en el pleno, Mancheno expuso cifras sobre los resultados de los operativos contra estas estructuras. Señaló que, entre 2025 y lo que va de 2026, el país registró importantes decomisos de droga, material aurífero, municiones, combustible y dinero vinculados a redes criminales. El balance reportó la incautación de 316.000 toneladas de droga, 796.000 unidades de material aurífero, 477.000 municiones, 2,5 millones de galones de combustible y $ 3,4 millones relacionados con estas estructuras.La proponente sostuvo que el país exige decisiones judiciales firmes frente al crimen organizado y señaló que los jueces deben fundamentar de mejor manera la concesión de medidas sustitutivas, especialmente cuando los procesados son encontrados en posesión de armamento, droga, municiones u otros elementos que evidencien su presunta vinculación con actividades delictivas.Asimismo, afirmó que, durante 2025 y hasta la fecha, el Gobierno de Daniel Noboa ha presentado 21 denuncias contra jueces y fiscales a escala nacional por decisiones que, según dijo, favorecieron a delincuentes y grupos de delincuencia organizada. A su criterio, esta situación obliga a las funciones del Estado a coordinar acciones en materia de seguridad para evitar decisiones judiciales que beneficien a integrantes de estas estructuras.PublicidadMancheno también se refirió a la suspensión del ejercicio profesional de los abogados que sean sentenciados por delitos vinculados al crimen organizado. Según explicó, quienes sean condenados perderían su licencia profesional durante el mismo periodo de la pena impuesta. Como antecedente, recordó casos como Metástasis y Purga, en los que, según señaló, una parte importante de los sentenciados son abogados.La asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, aclaró que la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial no busca criminalizar la defensa técnica, sino sancionar únicamente el uso doloso de la abogacía para apoyar a estructuras criminales.Explicó que, para proceder con la inhabilitación de un abogado, se requeriría una sentencia ejecutoriada, participación probada y una relación directa y esencial entre el ejercicio profesional y la conducta delictiva. “No se sanciona la profesión, se sanciona la utilización dolosa como instrumento del crimen”, señaló.El proyecto también incorpora cambios para proteger al sector hidrocarburífero frente a las economías criminales. Las reformas contemplan conductas relacionadas con el robo, desvío, almacenamiento clandestino y comercialización ilegal de combustible.El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) anunció su respaldo al proyecto y sostuvo que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común no debe tener tintes políticos. Afirmó que la Asamblea Nacional debe dar respuestas contundentes frente al combate que llevan adelante la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.Serrano planteó, además, eliminar el límite de acumulación de penas, actualmente establecido en 40 años. Como ejemplo, señaló que una persona que cometa diez homicidios debería cumplir una condena correspondiente a cada uno de esos delitos.El legislador afirmó que el país enfrenta una “guerra” y que, por ello, se debe actuar con todas las herramientas disponibles. En ese contexto, propuso establecer sanciones para los jueces que liberen a delincuentes y planteó que la pena para el funcionario judicial sea equivalente a la que debía cumplir el procesado liberado, además de establecer una prohibición permanente para ejercer cargos públicos.Los legisladores independientes Juan Gonzaga, Edwin Jarrín y Cristian Benavides también expresaron su respaldo a la propuesta. Benavides, sin embargo, manifestó su preocupación por dos aspectos del proyecto, entre ellos las reformas a los artículos 264 y 265 del COIP, relacionados con el tráfico ilícito y el manejo de las fronteras.La legisladora Viviana Veloz (RC) señaló que nadie puede oponerse a una ley que combata al crimen organizado y desarticule las economías ilícitas. Sin embargo, sostuvo que la propuesta no debe enfocarse únicamente en incrementar las penas, sino en desmantelar el núcleo de estas estructuras criminales.Para ello, consideró necesario fortalecer las capacidades del Estado para atacar las finanzas de las organizaciones delincuenciales, recuperar territorios y afectar directamente su patrimonio.Veloz pidió, además, que las reformas sean más específicas al momento de establecer la pertenencia a grupos de delincuencia organizada. Advirtió que estas estructuras no se limitan a los grupos criminales visibles, sino que también recurren a grandes corporaciones, empresas, sociedades y al sistema financiero para ocultar el origen ilícito de sus recursos y dar una apariencia de legalidad a los capitales obtenidos mediante actividades delictivas.La legisladora también planteó que se examinen las transacciones y operaciones que se realizan a través de las notarías públicas, al considerar que estos espacios pueden ser utilizados para facilitar el lavado de activos.(I)