NoticiaLa Corte pidió al Gobierno justificar el costo de $30 billones de la emergencia y aclarar las cifras sobre los territorios afectados por el terremoto.Así quedó la Clínica Noé en Pereira tras el terremoto Foto: Juan Pablo RuedaPERIODISTA JUDICIAL27.08.2026 13:41 Actualizado: 27.08.2026 13:45
La Corte Constitucional comenzó formalmente el estudio de la emergencia económica decretada por el Gobierno para cubrir los estragos del terremoto del pasado 10 de agosto que dejó, según el último boletín de la UNGRD, a más de 406.113 personas afectadas. El magistrado ponente, Juan Carlos Cortés, ordenó una batería de pruebas con las que busca determinar las condiciones que obligaron al Gobierno a acudir al estado de excepción y las especificaciones técnicas de dónde sale el cálculo de 30 billones de pesos que costaría la emergencia y cuál es realmente el universo de municipios y departamentos afectados.Uno de los principales interrogantes que plantea la Corte apunta a por qué los mecanismos ordinarios con los que cuenta el Estado para atender desastres naturales se quedaron cortos. Un punto que parece lógico por la magnitud del terremoto, pero que el Gobierno deberá sustentar con pruebas e indicadores.Sala plena Corte Constitucional. Foto:Sala plena Corte Constitucional.También deberá explicar por qué Bolívar, Nariño y Sucre aparecen entre los departamentos especialmente afectados por el terremoto en la emergencia económica, pese a que no habían sido incluidos en la declaratoria de desastre natural. Además, la Corte pidió precisar las afectaciones concretas en Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.Otro de los puntos gruesos del examen está en las cuentas de la emergencia. La Corte le ordenó a la Presidencia, al Ministerio de Hacienda y a la Dian entregar un informe conjunto con la justificación técnica utilizada por el Gobierno para calcular en 30 billones de pesos el costo de la emergencia.El Ejecutivo también deberá especificar qué impacto directo tuvo el terremoto sobre el déficit fiscal y la disponibilidad presupuestal del país.La Corte les pidió a Presidencia, Hacienda, la Contraloría y la UNGRD explicar cuáles eran las herramientas presupuestales, fiscales, contractuales, financieras e institucionales con las que ya contaba el Gobierno para incrementar, modificar o redireccionar recursos del Presupuesto General de la Nación hacia la atención de desastres. También deberán informar si las utilizaron y, principalmente, por qué resultaban insuficientes para enfrentar los efectos del terremoto.La Contraloría tendrá que entregar su propio diagnóstico sobre la plata disponible en las entidades nacionales, el estado actual del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los instrumentos que podía utilizar el Gobierno para canalizar recursos.Además, los gobernadores de los 15 departamentos incluidos en la emergencia tendrán que informar cuánto dinero estima cada territorio que necesita para enfrentar la crisis y evitar que se extiendan sus efectos.Vivienda, colegios, cárceles y servicios públicosLa batería de pruebas también busca aterrizar las dimensiones de la tragedia sector por sector.Al Ministerio de Vivienda, por ejemplo, la Corte le pidió precisar cuántas personas y familias resultaron afectadas, cuáles son las medidas que requieren y cuál es la demanda proyectada de arrendamientos temporales y subsidios de vivienda para los damnificados.Educación deberá entregar las afectaciones que existían cuando se declaró la emergencia y las actuales, identificar cuántos estudiantes fueron golpeados por el terremoto en cada territorio y explicar la situación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).A Justicia, la UNGRD, el Inpec y la Uspec se les pidió detallar los daños en la infraestructura carcelaria y las afectaciones a los derechos de las personas privadas de la libertad que, según el Gobierno, justifican la emergencia. El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, deberá identificar los daños en la infraestructura judicial y explicar cómo han impactado la prestación del servicio.La Corte también requirió información sobre servicios públicos, aeropuertos y aeródromos afectados, conectividad, acueductos y alcantarillados, recurso hídrico, fauna silvestre y daños ambientales. Afectaciones por terremoto en Antioquia Foto:Alcaldía de SonsónEn este último frente, ministerio de Ambiente, la Anla y Parques Nacionales deberán explicar cuáles eran los riesgos efectivos cuando se expidió el decreto y cuáles persisten actualmente, incluido el pasivo ambiental generado por los escombros.Agricultura, entre tanto, tendrá que detallar el impacto sobre campesinos, los sistemas de abastecimiento y comercialización de alimentos y el eventual riesgo de presión inflacionaria sobre los alimentos como consecuencia de la tragedia.Estas pruebas se suman a los informes habituales sobre el trámite: los nombramientos de los ministros y los conceptos de la Defensoría, la Procuraduría y la academia, que darán luces sobre si era necesario acudir al estado de excepción y si el Gobierno justificó suficientemente en el decreto que las medidas buscan conjurar las consecuencias del terremoto y no subsanar problemas estructurales previos.Sara Valentina Quevedo DelgadoRedacción Justicia Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
