Ayer se dio un paso clave en una causa que, por más que por momentos parezca perder velocidad en los medios, mantiene una gravedad institucional inédita. Declaró Nadia Beller, la persona brutalmente atacada por los sicarios vinculados al señor Fernando Cerimedo, y solicitó formalmente ante la justicia de Bolivia ser incorporada al programa de testigos protegidos. Por el momento, el caso atraviesa una meseta en materia de novedades inmediatas, pero habrá que ver de cerca cómo sigue la historia en el fuero internacional. En paralelo, y a un ritmo parsimonioso —como suele ocurrir con los tiempos de la justicia—, ayer comenzaron los peritajes sobre los famosos audios distribuidos en español. Conviene aclararlo sin rodeos: ambos hechos son dos caras de la misma moneda. Se presume que el propio Cerimedo, formando parte del gobierno del presidente Javier Milei —tal vez de manera informal, pero parte al fin, porque la informalidad jamás puede ser una excusa—, estuvo detrás de esta maniobra. Hablamos de un personaje conocido por coordinar granjas de bots, operaciones de prensa y un prontuario escabroso que incluye acusaciones por estafas, maniobras en licitaciones como la Hidrovía y compra sospechosa de campos. El presidente de Bolivia finalmente rompió el silencio y habló sin filtros de su vínculo con Fernando Cerimedo en un video que se viralizó
La trama Cerimedo, de los ataques con sello de sicarios a la pericia de audios que desvelan al poder
La declaración de Nadia Beller ante la justicia boliviana y el inicio de los peritajes tecnológicos abren dos frentes judiciales para el entorno de Milei. La delgada línea entre la informalidad política y la responsabilidad del Estado.














