Noticia Exclusivo suscriptores El ente de control encontró varias falencias que llevaron a que se abra una investigación contra tres exagentes, entre ellos el exministro Palma.Air-e en Barranquilla. Foto: Air-ePERIODISTA JUDICIAL27.08.2026 10:15 Actualizado: 27.08.2026 10:15

"La intervención de Air-e por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a partir de 2024, ha agravado la situación sin que se haya implementado una solución estructural". Así definió la Procuraduría General la crisis que atraviesa la comercializadora de energía en tres departamentos de la costa Caribe.Air-e fue intervenida durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y, lejos de mejorar sus finanzas, para el ente de control se han deteriorado, lo que llevó a que esta semana se les abriera una investigación disciplinaria al exministro de Minas y Energía Edwin Palma y a otros dos exagentes especiales.De acuerdo con un balance que presentó el procurador Gregorio Eljach en una mesa técnica del sector energético, adelantada en Bogotá, Air-e atiende el 11,4 por ciento del consumo de todo el país, llegando a cerca de 1,3 millones de personas en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.Procurador Gregorio Eljach se reúne con gremios del sector energético. Foto:ProcuraduríaEn el expediente expuesto por la Procuraduría, se evidencia que la deuda total acumulada con las generadoras térmicas es de 1,5 billones de pesos, y con las hidráulicas es de 420.000 millones de pesos. En total, después de la intervención de la Superintendencia, Air-e está debiendo 2,5 billones de pesos. En promedio, eso representa un déficit operativo de caja neto de 60.000 millones de pesos mensuales.Para la Procuraduría, al crisis que presenta el sector es una "tormenta" sin precedentes desde el año 1992, agravada por la alta probabilidad de sufrir impactos del fenómeno de El Niño que se avecina. Air-e Foto:X: @Aire_Energia"La Procuraduría con base en su estudio preventivo advierte la existencia de riesgos graves financieros, jurídicos y operativos en el corto, mediano y largo plazo que pueden llevar a una crisis estructural del sector que afecte la prestación del servicio público de energía en el país y especialmente en la región Caribe", es la conclusión de la entidad.Recientes investigacionesEl delegado José Rodrigo Vargas fue el que asumió la investigación en contra del exministro Edwin Palma y los exagentes especiales Diana María Bustamante y Nelson Vásquez. Al parecer, habrían incurrido en faltas durante la intervención a Air-e desde el 2024 a la fecha.Según el expediente, la deuda de la comercializadora asciende los 2 billones de pesos, se ha deteriorado el IPT y en los dos últimos años se pasó de un patrimonio neto positivo a uno negativo. Air-e. Foto:EL TIEMPOLa mayor inconsistencia se habría encontrado en la Superintedencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que al parecer no tuvo un plan estructurado para intervenir a la comercializadora, e incurrió en omisiones para proveer recursos. Al individualizar a los investigados, aparece el exministro Edwin Palma como uno de los agentes especiales. "Se le investiga por las presuntas conductas omisivas de incumplimiento en el traslado de recursos de alumbrado público, incumplimiento en reportes regulatorios al SUI, XM, y Creg, y prácticas irregulares de facturación heredadas sin corrección", dice el auto de apertura.Exministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto:Ministerio de Minas y Energía.A la exagente Diana Bustamante también se le indaga por incumplimientos persistentes y por una baja ejecución en el plan de inversiones sin medidas de contingencia suficientes. Por su parte, al exagente Nelson Vásquez se le investiga si tuvo que ver con la subejecución del plan de inversiones por 5,4 por ciento, y con el deterioro agravado en Air-e, que tiene en riesgo la devolución de 467.000 millones de pesos. También lo sindican de un "fraude de contratistas detectado sin medidas correctivas integrales acreditadas, escalamiento litigioso sin explicación acreditada, pasivos ambientales sin legalizar en 12 líneas de alta tensión, y de un reporte de activos inexacto ante la Creg".Un panorama similar según la Procuraduría vive Afinia. El diagnóstico es que esta empresa que presta sus servicios a 1,7 millones de usuarios en Córdoba, Sucre y Bolívar está en "cuidados intensivos". Recientemente le pidió a la Creg la separación corporativa del mercado del Cesar por inviabilidad económica.Es Filial del Grupo EPM y solicitó ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la (separación corporativa) del mercado del Cesar por inviabilidad económica a partir del 1 de agosto de 2026.Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.