La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea, que investiga el patrimonio de alcaldes y prefectos, inició la revisión de una gran cantidad de documentos y denuncias ciudadanas. Su presidente, Cristian Benavides, dijo estar sorprendido por el volumen de información que ha llegado a la mesa legislativa.El 23 de junio de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional encargó a la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorio, un proceso de fiscalización sobre los hechos relacionados con los presuntos incrementos injustificados en los patrimonios de alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. Para esa tarea se concedió un plazo máximo de 90 días.Según Benavides, cerca de un centenar de correos electrónicos, enviados a través de la dirección habilitada por la expresidenta de la comisión, Lucía Pozo, contienen denuncias y documentos sobre supuestas irregularidades relacionadas con varios alcaldes.PublicidadA esta información se suman documentos entregados por la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la Fiscalía General del Estado. Parte de estos tiene carácter reservado y fue entregada en sobres cerrados y dispositivos de almacenamiento.La comisión prevé dedicar las próximas dos semanas a revisar la documentación. Benavides señaló que también analizarán denuncias públicas, noticias y reportajes periodísticos sobre alcaldes y prefectos que hayan registrado incrementos importantes en su patrimonio y que según las publicaciones no habrían justificado.El objetivo será determinar si esos aumentos tienen una justificación legal. Para ello, la comisión solicitará información a las instituciones correspondientes y comparará los datos con los registros de la UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Contraloría.PublicidadPublicidad“Nosotros no vamos a obrar de mala fe”, señaló Benavides. Sin embargo, explicó que si se encuentran patrimonios que no pueden ser justificados o indicios de que bienes están a nombre de terceros, la información será incluida en el informe que se presentará al Pleno de la Asamblea.El foco está en los patrimoniosBenavides aclaró que la comisión no tiene como misión investigar obras, contratos municipales u otras actuaciones administrativas de los alcaldes y prefectos.Explicó que varias denuncias recibidas están relacionadas con contratos, obras o decisiones tomadas por autoridades municipales y provinciales. Estos temas, dijo, corresponden a otras instancias, como los concejos municipales y la Contraloría.“El mandato del Pleno de la Asamblea es la revisión de los patrimonios”, enfatizó Benavides, quien insistió que por ello, la comisión se concentrará en posibles incrementos patrimoniales injustificados, propiedades registradas a nombre de terceros y posibles casos de testaferrismo.Autoridades podrán dar explicacionesSi durante la investigación se determina que un alcalde o prefecto no puede justificar su patrimonio, la autoridad tendrá la oportunidad de comparecer ante la comisión y presentar sus argumentos.Benavides indicó que se programarán las comparecencias necesarias, pero aclaró que este proceso no deberá retrasar la entrega del informe que conocerá el Pleno de la Asamblea.PublicidadLa comisión tiene plazo hasta finales de septiembre para presentar sus conclusiones. El presidente reconoció que la cantidad de información representa un reto, pero aseguró que buscarán cumplir con el plazo establecido, inclusive trabajando en largas jornadas.Informe será enviado a otras institucionesLos asuntos que no correspondan a la investigación patrimonial serán recopilados y remitidos a la Contraloría para que sean analizados por esa institución.Mientras tanto, la comisión continuará abriendo y revisando los documentos entregados por las entidades públicas. La próxima semana está prevista una nueva reunión para analizar parte de esta información.Benavides sostuvo que el informe final permitirá establecer qué autoridades pueden justificar sus bienes y cuáles presentan inconsistencias que deberán ser conocidas públicamente.El documento será remitido a las instituciones competentes, entre ellas la Contraloría y la Fiscalía, para las acciones que correspondan. (I)