Cristian Auguadra tuvo este martes su primera rendición de cuentas ante el Congreso desde que asumió al frente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en diciembre pasado. La reunión con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el karinista Sebastián Pareja, arrancó pasadas las 15 y se extendió por casi tres horas, pese a que había sido convocada originalmente solo para definir una agenda de trabajo. Auguadra llegó acompañado por su segundo, Diego Kravetz, subsecretario de Inteligencia de Estado; José Lago Rodríguez; el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Alejandro Cecati; y el titular del Servicio de Inteligencia Argentino, Alejandro Colombo. Entre Auguadra y Lago Rodríguez insumieron una hora completa solo para la lectura del informe. Lo más destacado de la audiencia fue la negativa categórica de la plana mayor de la SIDE a reconocer la existencia de una amenaza terrorista en el país, ni de extrema izquierda ni de organizaciones islámicas. La consulta no fue casual: se dio después de que, en julio pasado, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio encabezara un encuentro con representantes de 67 países, al que asistió el canciller Pablo Quirno, en el que había alertado sobre un "resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda" e instado a "aplastarlo" mediante mayor cooperación entre servicios de inteligencia. La definición de la SIDE, en ese contexto, contradijo en los hechos la lectura que el propio Gobierno había validado semanas atrás en el plano internacional. Pablo Quirno Kravetz, el FBI y 121 preguntas sin responder El peronismo, representado en la comisión por los kirchneristas Agustín Rossi y Rodolfo Tailhade, el massista Ramiro Gutiérrez y la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), llegó con el reclamo de que todavía no había recibido respuesta a las 121 preguntas que había presentado diez días antes. Buena parte de esos interrogantes apuntaba al Plan de Inteligencia Nacional y a las nuevas facultades que le otorgó el DNU 941/2025, firmado por Milei el último día de 2025, que modificó la Ley de Inteligencia Nacional y reestructuró todo el sistema.