Mario Suárez ya estaba despierto cuando la tierra bajo sus pies empezó a temblar. Esperó unos segundos, pero el movimiento no cesó. Agarró a sus hijos de la mano y, con su esposa, salieron a la calle, desde donde vieron a su casa hacerse pedazos. No fueron los únicos: en el edificio de tres pisos —ubicado en el barrio Miraflores, en Buenaventura— vivían 22 familias, casi 100 personas. Todos integran una comunidad del pueblo indígena Wounaan Nomaan, expulsada de su tierra natal hace cuatro años por la violencia del conflicto armado. Dos semanas después del terremoto que sacudió el occidente de Colombia y dejó más de 300 muertos, estas familias siguen viviendo en un albergue improvisado. Es la situación que atraviesan cientos de víctimas de desplazamiento forzoso, que ya lo perdieron todo una vez y que temen volver a trasladar su hogar en medio de la incertidumbre.“Llegamos a Buenaventura sin nada y hoy volvemos a estar sin nada. Esto es un duro golpe económico y psicológico para toda la comunidad”, cuenta en una conversación telefónica Mario, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad. El comunero del cabildo indígena Valledupar cuenta en una conversación telefónica que, hace unos años, su comunidad vivía en paz en el Bajo San Juan, una región del Pacífico enclavada entre los departamentos del Chocó y el Valle del Cauca, al norte de Buenaventura. Todo cambió hace un lustro. “Empezaron a transitar los grupos armados. Intentamos resistir a los casos de reclutamiento de jóvenes, la desaparición, los asesinatos, pero en 2022 no pudimos más y por eso nos fuimos. Dejamos nuestras casas, la escuela y nuestros cultivos”. En la zona operan diversos grupos armados, pues es una región en disputa. La Defensoría y otras entidades han registrado la presencia del Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las FARC, que intentan controlar las rutas del narcotráfico y la salida al océano Pacífico.Hasta el pasado 10 de agosto, la veintena de familias que fueron desplazadas forzosamente al puerto sobre el Pacífico vivía en un inmueble que funcionaba como emisora local. Trabajaban como artesanos y vivían de su arte manual. Todos sus productos quedaron bajo los escombros. “Somos víctimas por partida doble. Es una situación demasiado triste”, lamenta Mario. En los 15 días posteriores al terremoto, que dejó su casa inhabitable, el centenar de personas pasó de dormir en la calle a hacerlo en un albergue improvisado que, en todo caso, no está diseñado para durar. El vocero del cabildo explica que desde su primer desplazamiento están esperando por parte del Gobierno nacional una reubicación para reestablecerse definitivamente en un municipio del Valle, muy cerca de donde vivían antes de ser expulsados por los armados.El caso de esta comunidad no es el único. Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia, detalla que la entidad ha documentado varias situaciones similares en los departamentos del Valle del Cauca y de Chocó, que son enormes focos de violencia organizada. Entre las víctimas, además de desplazados internos, cuentan a migrantes venezolanos. “El terremoto no solo dañó la infraestructura, también perpetúa las vulnerabilidades y aumenta la brecha de los servicios, como la educación”, sostiene el experto. La gravedad del conflicto debe tenerse en cuenta por su particularidad, precisa. “Conocí el caso de una mujer que dijo que prefería que se le cayera el techo encima en vez de dormir en la calle por el temor a los grupos armados”.La organización de cooperación internacional ha documentado varios casos de personas desplazadas que han manifestado la posibilidad de volver a mudarse por el impacto del terremoto en sus hogares. El Observatorio de Desplazamiento Interno y las autoridades locales cifran el número de desplazados internos en Colombia en 7,2 millones, con corte al año pasado. Pese a que la gran mayoría debió migrar por cuenta del conflicto armado, cada vez más son las personas que deben hacerlo por consecuencia de desastres naturales o condiciones climáticas extremas, como sequías o inundaciones. Es un fenómeno conocido como migración climática, reconocido por la ONU y que perjudica a más de 30 millones de personas en el mundo. La gran mayoría de desplazamientos ocurre dentro del país afectado.Esta es una preocupación para Juan Carlos Palacios, presidente de la junta de acción comunal del barrio La Victoria, ubicado en Quibdó, capital del Chocó. Él mismo es un desplazado: nació en Bojayá, uno de esos municipios incrustados en la memoria colectiva de los colombianos, en este caso por la masacre que ocurrió en una iglesia y que acabó con la vida de más de 100 personas, según el conteo del Centro Nacional de Memoria Histórica. “Yo soy víctima, pero tuve suerte esta vez. Mi casa tuvo grietas menores, pero en la zona se cayeron colegios, muchas casas de vecinos quedaron destruidas”, cuenta al teléfono. Entre los que perdieron sus casas, también desplazados forzosos. Algunos sopesan volver a irse. “Algunas personas ya se han ido a otros barrios o a donde familiares porque no tienen donde quedarse. Tienen que reubicarse porque el tema de los arrendamientos es muy difícil”, deplora Palacios. Por difícil se refiere a que los arriendos están muy altos en la ciudad, una situación que se percibe en otras ciudades, como en Cali. Aquellos que siguen en el barrio están en un refugio que no estaba preparado para la magnitud de la emergencia. “Tenemos colchonetas y almohadas, pero no cobijas. No hay baño y no tiene energía”. A la fecha están ahí unas 40 familias.En toda la región, las víctimas de este terremoto piden lo mismo: alcaldías que sigan presentes tras los primeros días, para adelantar las tareas de reconstrucción y que tengan en cuenta los factores de vulnerabilidad adicionales que aquejan a cientos. En el caso del cabildo indígena de Buenaventura, el comunero Mario pide que les permitan reasentarse pronto y que no dividan a su comunidad. “Unos funcionarios nos quisieron llevar a albergues, pero cabían solo dos o tres familias. Tenemos que permanecer unidos porque nos arriesgamos a perder el proceso organizativo comunitario”, alega. Por su parte, el líder comunal del barrio La Victoria exhorta a las autoridades y a la sociedad civil a seguir ayudando. “Ya culminó la fase de rescate. Siguen la atención y la reconstrucción, que pueden durar años”.