El fin de la emergencia territorial indígena decretado por el Gobierno de Javier Milei ha acelerado las expulsiones
Las aguas cristalinas del lago Nahuel Huapi y los bosques e imponentes montañas de sus alrededores atraen cada año a una multitud de turistas a esta zona paradisíaca de la Patagonia argentina. Pero cerca de sus orillas habitan también comunidades mapuches que se ven amenazadas por órdenes de desalojo en conflictos de tierras que llevan décadas abiertos. Este fin de semana, cientos de personas se concentraron en uno de los puntos en disputa para expresar su solidaridad con los integrantes de la comunidad Quintriqueo o Kinxikew, desalojados por fuerzas de seguridad la semana pasada, y también apoyar a las familias que resisten un orden similar de la vecina comunidad Melo. Los intentos legales para frenar la expulsión han sido hasta ahora rechazados por el juez civil Francisco Bonorino.
Las 624 hectáreas en disputa están en una zona rural atravesada por la icónica Ruta 40 entre las ciudades de Villa La Angostura y Bariloche, en la provincia de Neuquén. Según el Centro de Estudios Sociales y Legales, en 2004, el Plan de Gestión del Parque Nacional Nahuel Huapi reconoció el asentamiento en la zona de estas comunidades mapuches desde antes de 1902. Dos años después, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) inscribió su personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y en 2023 les reconoció la ocupación tradicional de esas tierras a través de una resolución. Pero esos reconocimientos no fueron acompañados de la entrega de títulos de propiedad comunitaria que les hubieran protegido frente a reclamos judiciales.
