El caso contra Jorge Alfredo Vargas, el reconocido presentador señalado por acoso sexual durante su paso por Noticias Caracol, dio un giro esta semana. Mientras la Fiscalía avanzaba en la audiencia de imputación de cargos, este miércoles tres de las cuatro víctimas revelaron que fueron vinculadas a la investigación penal sin haber presentado nunca una denuncia de ese tipo y tras haber manifestado que no desean participar en el proceso. Eso pese a que la justicia ha insistido en que estén presentes y les ha provisto un defensor público, que estuvo presente en la audiencia. Han señalado que sienten que esa decisión es forzada. “Constituye para nosotras una revictimización”, han escrito.Las tres denunciantes, que no revelaron su identidad durante la audiencia, advierten que están siendo expuestas a acoso judicial y mediático. “Hoy, nuestra salud mental y emocional dependen de que podamos superar esta agresión y no repetir los hechos que ya son conocimiento de las autoridades”, se lee en la misiva. En ella sugieren, además, que sus denuncias laborales llegaron hasta instancias penales por una transgresión cometida por el Ministerio del Trabajo. Explican que, pese a que el área de Gestión Humana del canal de televisión en el que trabajaron con Vargas se negó a entregar información sensible, el Gobierno obtuvo los documentos, y que luego, por orden judicial, la Fiscalía logró las copias de los expedientes internos. Este miércoles se conoció, además, que las tres mujeres enviaron directamente otra carta a la fiscal delegada Patricia Hernández Zambrano en la que explicaron que su reclamo original fue exclusivamente de carácter laboral y que consideran que el proceso interno que adelantó Caracol Televisión lo resolvió de manera satisfactoria. “La compañía ya tomó las decisiones que, en nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”, se lee en el comunicado público. En el documento son enfáticas en que no desean ser representadas en el proceso judicial, ni por abogado particular ni por la Defensoría del Pueblo.En Colombia, el acoso sexual es un delito que puede investigarse de oficio —no requiere querella de la víctima—, por lo que la Fiscalía mantiene la obligación de continuar la etapa investigativa y, eventualmente, presentar un escrito de acusación. La cuarta mujer vinculada, otra presentadora y periodista, decidió por el contrario continuar como parte del proceso penal en calidad de víctima, representada por la abogada y columnista Ana Bejarano Ricaurte.Con ese giro sobre la mesa, Jorge Alfredo Vargas hizo su primera aparición en redes sociales después de las denuncias en marzo. Uno de los rostros de la televisión colombiana y quien durante casi dos décadas condujo la emisión nocturna de Noticias Caracol —la más vista del país— y dirigía el programa Voz Populi en Blu Radio, se pronunció entonces a través de un comunicado público en el que anunció que salía del canal de común acuerdo con sus directivas y debido a las acusaciones, sostuvo que a lo largo de su carrera actuó bajo principios de respeto, “sin intención de causar daño a quienes pudieran haber interpretado de otra manera su comportamiento”.Esta vez, con un video en su cuenta de Instagram dio más detalles del caso. Explicó que guardó silencio durante 137 días y decidió pronunciarse solo después de la audiencia en la que, dice, conoció en detalle los hechos por los que se le investiga. Aclara que en estos meses no conoció la denuncia particular de las mujeres ni sus identidades y que, por ello, no había podido defenderse. Durante la diligencia, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía e insistió en que demostrará su inocencia.El caso se destapó en marzo de este año, cuando circularon en redes sociales denuncias de periodistas colombianas bajo las etiquetas #MeTooColombia y #YoTeCreoColega, en las que se relataban episodios de acoso dentro de distintos medios de comunicación, entre ellos Noticias Caracol. Junto con Vargas fue señalado el periodista deportivo Ricardo Orrego, también vinculado a Blu Radio (del mismo grupo empresarial y de medios del canal de televisión). Los dos fueron desvinculados de la casa editorial.Las denuncias fueron reveladas inicialmente por Caracol Televisión, que confirmó la activación de sus protocolos internos el 20 de marzo. Sin embargo, en redes sociales varias mujeres sostuvieron que las conductas se venían presentando desde hacía, por lo menos, una década. Una de las voces más visibles fue la de Juanita Gómez, periodista y directora de contenidos de la revista Semana, quien narró, sin mencionar ningún nombre, que fue víctima de acoso sexual durante el cubrimiento de la Copa América 2015, cuando trabajó para ese canal.Gómez relató que un presentador intentó besarla sin su consentimiento mientras compartían en un ascensor, y que tuvo que apartarlo físicamente en varias ocasiones para evitarlo. En ese momento no denunció el hecho, dijo, por temor a las consecuencias que pudiera tener para su carrera. En marzo y abril, cuando las denuncias se amplificaron y se creó el colectivo de #YoTeCreoColega, que comenzó a recolectar denuncias de acoso y abuso sexual en el gremio periodístico, la casa editorial anunció la salida definitiva de Orrego y la terminación por mutuo acuerdo del contrato de Vargas. Su presidente, Gonzalo Córdoba Mallarino, anunció la apertura de una investigación independiente sobre lo ocurrido.La Fiscalía, a través de una delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó la solicitud de imputación contra Vargas, alegando que habría incurrido en acoso sexual contra las cuatro mujeres que trabajaron con él. La diligencia se programó inicialmente para el lunes 3 de agosto, fue suspendida esa misma jornada porque la Fiscalía y los representantes de las víctimas pidieron tiempo para que la jueza definiera si el proceso debía declararse reservado y, al reanudarse el martes 4 de agosto, la Fiscalía mantuvo la imputación por acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo. Durante la sesión inicial, la defensa de Vargas, a través de los abogados Juan David Bazzani y María Paulina Riveros, se opuso a cerrar el acceso público a la audiencia, bajo el argumento de que bastaba con anonimizar los nombres de las denunciantes para proteger su identidad sin sacrificar la publicidad del proceso. Por su parte, la abogada Bejarano defendió la reserva argumentando que las mujeres que denuncian públicamente hechos de violencia de género suelen ser revictimizadas. La jueza le dio la razón y ordenó que la audiencia de imputación y las siguientes diligencias del proceso se realicen de manera reservada. La investigación contra Vargas forma parte de un macrocaso que la Fiscalía abrió luego de que se conocieran múltiples denuncias de violencia sexual en medios de comunicación colombianos. El proceso contra Orrego continúa en investigación y sin que se conzocan avances formales. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) señaló, tras conocerse las denuncias iniciales en marzo, que los hechos evidencian un problema que trasciende a un solo medio de comunicación y que afecta de manera estructural a todas las redacciones periodísticas del país.