La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles 26 de agosto con la convocatoria del oficialismo, pero la oposición prepara una maniobra paralela: solicitar un apartamiento del reglamento para votar el emplazamiento de las comisiones que tienen cajoneados los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. El mecanismo, que requiere el respaldo de 129 diputados, obligaría a esos cuerpos a dictaminar en un plazo determinado y habilitaría así el tratamiento en el recinto de una agenda que el bloque libertario evita discutir desde hace meses.

La iniciativa es impulsada por ocho bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis— que además buscan sumar a ese temario la prórroga de la emergencia en discapacidad, vigente hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre de 2027. Las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por diputados de La Libertad Avanza, son las que mantienen sin dictamen a más de treinta proyectos sobre morosidad familiar.

Los números que sostienen el reclamo opositor describen un cuadro de deterioro sostenido. Según datos del Banco Central correspondientes a mayo de este año, la mora de las familias en el sistema bancario llegó al 12,8%, mientras que en el segmento no bancario la irregularidad trepa al 28,7%, con picos de 34,1 por ciento en préstamos personales y 19,4 por ciento en tarjetas de crédito. A esas cifras se suman las del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que calculó en casi seis millones la cantidad de personas en situación de mora o atraso grave, con el 92,3 por ciento de los hogares argentinos sosteniendo algún tipo de deuda y un 44 por ciento que destina más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones.