El inventario de los grupos ilegales que serían denominados como ‘terroristas’: propuesta abre debate jurídico y militar

Noticia Exclusivo suscriptores Se busca eliminar diferencias en la respuesta del Estado. Expertos dicen que clasificación común generaría dificultades para definir uso de la fuerza.Varios grupos armados tienen en disputa el territorio. Entre ellos el Clan del Golfo, el Eln y las Autodefensas de la Sierra Nevada. Foto: Archivo El TiempoSUBEDITOR DE JUSTICA25.08.2026 08:10 Actualizado: 25.08.2026 08:10

La decisión anunciada por el presidente Abelardo De La Espriella de tratar bajo una misma categoría a todos los grupos armados ilegales plantea un cambio en la manera como el Estado ha clasificado y enfrentado a las organizaciones criminales que delinquen en Colombia. El anuncio pone sobre la mesa una discusión que va más allá del nombre utilizado para identificar a esas estructuras: qué efectos jurídicos y operativos tendría aplicarles una misma denominación.“Aquí se acabó esa división. Cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde. Todos son terroristas y los vamos a tratar como tales”, afirmó el mandatario al presentar los lineamientos de su estrategia de seguridad y orden público.La primera dificultad está en que, en Colombia, la denominación de un grupo no depende únicamente de una declaración presidencial. Las Fuerzas Militares y la Policía operan con categorías definidas en disposiciones y directivas que establecen diferencias entre grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada, grupos armados residuales (disidencias) y otras estructuras criminales. Por eso, convertir el término “terrorista” en una categoría común exigiría establecer qué alcance tendría dentro del marco jurídico y operacional.El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Barranquilla un consejo de seguridad. Foto:Prensa PresidenciaEn esa discusión aparece la necesidad de diferenciar entre la denominación política de una organización y las reglas que determinan el uso de la fuerza. “No es lo mismo una operación policial desarrollada bajo el marco de los derechos humanos que una acción militar en un escenario sometido al derecho internacional humanitario. La clasificación del adversario tiene efectos sobre la planeación, la inteligencia, la operación y la responsabilidad de los integrantes de la Fuerza Pública”, dijo un general en retiro consultado por este diario.El inventarioEse punto adquiere mayor relevancia al observar el mapa de organizaciones armadas y criminales que actualmente registra el Estado. Un documento conocido por EL TIEMPO identifica la presencia de estas estructuras en 31 departamentos, 646 municipios y 12.776 veredas. En total, relaciona 25 estructuras entre grupos armados y delincuenciales y 30.000 integrantes dentro de las organizaciones incluidas en el campo de combate.grupos armados Foto:grupos armadosLa dimensión del fenómeno también muestra por qué una sola etiqueta puede resultar insuficiente para describir la capacidad de cada organización. El registro diferencia entre estructuras como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y las distintas facciones de los grupos residuales, y, al mismo tiempo, incluye organizaciones de alcance urbano o regional clasificadas como grupos de delincuencia organizada.En el caso del Eln, el documento relaciona 69 estructuras: siete frentes de guerra, 34 frentes guerrilleros, seis frentes urbanos, 24 compañías, dos comisiones y tres células urbanas. La cifra asignada es de 6.877 integrantes, distribuidos entre las categorías hombres en armas y redes de apoyo.El ‘clan del Golfo’ aparece con 39 subestructuras y 9.915 integrantes. De ellos, 3.364 están clasificados como armados y 6.551 como redes de apoyo. Su presencia aparece extendida por distintos corredores del norte y noroccidente del país, con registros también en zonas del centro y occidente.Los grupos armados sumaron 5.000 integrantes en el último año, según datos de la Contraloría. Foto:Archivo El TiempoLa clasificación del llamado GAO-r residual (disidencias) muestra una estructura aún más fragmentada. Allí aparecen la facción ‘Iván Mordisco’, la facción ‘Calarcá’, la ‘Segunda Marquetalia’ y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La primera figura con 26 estructuras y 4.176 integrantes; la segunda, con 17 estructuras y 2.837 integrantes.La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano aparece con ocho estructuras y una comisión, para 2.144 integrantes, mientras que la ‘Segunda Marquetalia’ registra cinco estructuras y 573 integrantes. A esto se suman 251 integrantes asociados a ‘Comuneros Sur’ y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, con 594 integrantes distribuidos en cuatro frentes.El mismo mapa incorpora otra categoría: los grupos de delincuencia organizada. Allí se registran 20 estructuras, con presencia en 72 municipios de nueve departamentos y un total de 2.502 integrantes. En este grupo aparecen organizaciones como el ‘Tren de Aragua’ con 65 integrantes; ‘Espartanos’, con 262; ‘Shottas’, con 210; ‘Cordillera’, con 44, y ‘Los Costeños’, con 450. ‘Renacer Erpac’ registra 21; ‘Los Flacos’, 60; ‘Pelusos’, 40; ‘Los del Bajo’, 22, y ‘Los Pepes’, 150.Ese nivel de diferenciación es uno de los elementos que entra en tensión con la propuesta presidencial. Una cosa es establecer que todas estas organizaciones constituyen amenazas para la seguridad y otra es determinar que todas deben recibir exactamente el mismo tratamiento jurídico y operacional.Grupos armados. Foto:ArchivoEl riesgo señalado por expertos en seguridad está relacionado con la ausencia de criterios de distinción. Si una banda urbana, una organización armada con presencia rural y una estructura con capacidad territorial son ubicadas bajo una misma denominación, la Fuerza Pública “necesitaría reglas precisas para establecer qué tipo de operación corresponde en cada escenario y bajo qué marco jurídico”.También existe un segundo problema y este lo plantea Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), quien establece la posibilidad de que las estructuras criminales intenten aprovechar esa clasificación para mezclarse con comunidades o procesos sociales. “La delimitación entre integrantes de una organización armada, redes de apoyo y población civil resulta determinante para las operaciones, particularmente en territorios donde estas estructuras ejercen control o mantienen relaciones con actividades económicas y sociales”, explicó el académico.El concepto de terrorismo, además, ya tiene una definición dentro del ordenamiento penal colombiano. No se trata simplemente de una palabra utilizada para describir la violencia de una organización.Existen conductas tipificadas como terrorismo y condiciones jurídicas para establecer cuándo una conducta encaja en esa categoría. Por eso, utilizar “terrorista” como una denominación general para todas las organizaciones exigiría precisar si se trata de una clasificación política, administrativa, militar o penal.La discusión también tiene un componente internacional. La posibilidad de alinear la política colombiana con las decisiones que otros países están tomando frente a organizaciones dedicadas al narcotráfico y al crimen transnacional podría ampliar los mecanismos de cooperación, inteligencia, persecución financiera y judicialización. Pero esa coordinación tendría que convivir con las categorías y procedimientos establecidos en Colombia.Alerta por expansión de grupos armados ilegales. Foto:ArchivoPara Luis Fernando Trejo, profesor de la Universidad del Norte, organizaciones como el Eln, el ‘clan del Golfo’ y el ‘Tren de Aragua’ ya figuran en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de Estados Unidos, una clasificación que tiene implicaciones políticas y judiciales, pero que no necesariamente significa que todos los grupos armados deban ser abordados bajo la misma lógica en Colombia. La advertencia apunta a que, detrás de cada estructura, existen dinámicas, capacidades y formas de actuación diferentes que deben ser analizadas antes de adoptar decisiones operacionales.En ese sentido, una aplicación indiscriminada de la categoría de terrorismo, según el académico, podría generar riesgos frente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. “Lo que si no se hace con cuidado nos puede llevar a escenarios de violaciones de DD. HH. e infracciones al DIH. Por eso te digo, los Costeños no pueden estar en el mismo saco del ‘clan del Golfo’ y el ‘Eln’”, señaló Trejo.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.