NoticiaMinDefensa, Fiscalía y Supernotariado deberán cruzar información para identificar las redes que estarían detrás de la apropiación ilegal de terrenos.El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Barranquilla un Consejo de Seguridad con autoridades nacionales y mandatarios del área metropolitana. Foto: Prensa PresidenciaPERIODISTA25.08.2026 08:12 Actualizado: 25.08.2026 08:12
La lucha contra el llamado ‘cartel de los tierreros’ quedó incluida entre las prioridades de seguridad del Gobierno nacional para el Atlántico. LEA TAMBIÉN La instrucción impartida por el presidente Abelardo De La Espriella busca articular al Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro para identificar las redes que estarían detrás del robo, despojo y apropiación irregular de predios en el departamento.“No voy a seguir tolerando el cartel de los tierreros”, afirmó De La Espriella al referirse al problema.El mandatario ordenó que las investigaciones avancen sin considerar la posición o influencia de las personas que eventualmente puedan aparecer involucradas.“Que caiga el que tenga que caer en el cartel de tierras. Yo no vine a taparle nada a nadie”, sostuvo.El Gobierno ordena investigar las redesLa ofensiva anunciada por el Gobierno encuentra en Puerto Colombia, municipio del área metropolitana de Barranquilla, uno de sus antecedentes más recientes. En ese municipio se investiga la presunta transferencia irregular a particulares de terrenos que habían sido entregados originalmente por Cementos Argos para destinarlos a zonas verdes y uso público.La Alcaldía de Puerto Colombia solicitó protección urgente a la UNP por riesgo contra jueces. Foto:Alcaldía Puerto ColombiaLas actuaciones cuestionadas se remontan a 2017, durante la administración del entonces alcalde Steimer Mantilla Rolong. Uno de los terrenos involucrados tiene 33.637 metros cuadrados y habría sido transferido a Alfredo Manuel Montoya Hoyos, mientras otro, de 5.082 metros cuadrados y localizado sobre la Vía al Mar, habría pasado a Francisco Javier Pizarro Guerra.La Alcaldía detectó en 2023 que el primero de esos predios aparecía a nombre de Montoya Hoyos desde febrero de 2022. Al revisar el proceso, según la información conocida sobre el caso, la resolución que habría sustentado la transferencia no fue encontrada en los archivos oficiales del municipio.Steimer Mantilla Rolong alcalde de Puerto Colombia (2016-2019) salpicado por denuncias. Foto:Redes socialesLas pesquisas alcanzan un tercer terreno que presuntamente habría sido ‘gemeleado’ con el lote de 33.637 metros cuadrados mediante documentación registral relacionada con el primer predio. LEA TAMBIÉN Ante el riesgo de nuevas irregularidades, la administración de Puerto Colombia mantiene bajo vigilancia 15 predios municipales que suman cerca de 40.000 metros cuadrados. La Oficina de Planeación anunció gestiones ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para advertir sobre las matrículas correspondientes a bienes municipales que no pueden ser transferidos a terceros.Una modalidad que ya llevó a 17 capturasEl problema trasciende a Puerto Colombia. En abril de 2025, las autoridades desmantelaron una presunta red dedicada al despojo de terrenos con operaciones en Barranquilla, Soledad y Cereté, una investigación que dejó 17 capturas.Entre los detenidos figuraban tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de Policía, dos notarios, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la Alcaldía de Soledad. Según la investigación, habrían utilizado sus cargos para facilitar la apropiación irregular de terrenos que posteriormente eran comercializados. Cerca de 1.800 familias habrían resultado afectadas. LEA TAMBIÉN Para Luis Fernando Trejos, investigador en temas de seguridad de la Universidad del Norte, el despojo de tierras en el Atlántico constituye una “práctica criminal silenciosa” en la que pueden intervenir funcionarios con capacidad para facilitar trámites administrativos y registrales.Este antecedente ayuda a explicar por qué la nueva ofensiva presidencial no quedó exclusivamente en manos de la Fuerza Pública. La participación de la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro apunta precisamente a seguir la ruta documental de los predios y establecer si detrás de las apropiaciones existen redes en las que confluyen delincuentes, particulares y servidores públicos. Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
