Por Francisco José Barnés de Castro*I AntecedentesLas primeras noticias y reportes periodísticos documentados sobre el contrabando de combustibles en México aparecieron durante la década de los años 70 y 80 del siglo pasado, como un fenómeno de importación hormiga, enfocándose principalmente en el ingreso ilegal de gasolina y diésel por las aduanas de la frontera norte del país, aprovechando las diferencias de precios de la gasolina entre Estados Unidos y México.Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), los diarios nacionales comenzaron a documentar la entrada de “gasolina pirata”. Las noticias detallaban cómo se utilizaban facturas falsas y triangulaciones en las aduanas para evadir impuestos. Bandas criminales y empresarios aduanales corrompieron los puntos de control introduciendo hidrocarburos mediante triangulaciones documentales. Registraban los camiones cisterna bajo la identidad de otros productos químicos de menor carga impositiva.En 2001 se publicó uno de los primeros y más importantes reportajes de investigación formal sobre la extracción clandestina moderna, titulado “Los chupaductos” y publicado por el periódico La Opinión, que destapó la existencia de bandas organizadas dedicadas al robo y comercialización ilegal de gasolina en el norte de México.El tema cobró relevancia de seguridad nacional en los espacios informativos. Reportajes especializados de periodistas como Ana Lilia Pérez comenzaron a revelar que el contrabando no era un problema meramente fronterizo, sino un fenómeno arraigado e iniciado desde redes de complicidad internas dentro de Pemex y del Gobierno Federal.Sin embargo, como veremos más adelante, durante las primeras dos décadas de este siglo, el problema fue relativamente marginal, ya que los grandes grupos de crimen organizado se concentraron en el creciente negocio del robo de ductos a Pemex, negocio que para ellos resultaba mucho más lucrativo, y que se incrementó de manera alarmante en los últimos tres años del gobierno de Peña Nieto.Entre 2011 y 2018, las ganancias masivas obtenidas por la perforación de ductos en el centro del país inyectaron el capital necesario para que los cárteles financiaran operaciones a gran escala.En 2019, la estrategia del gobierno federal de cerrar los ductos y resguardarlos con fuerzas armadas obligó a las organizaciones criminales a modificar su modelo de negocio. En lugar de perforar la infraestructura de Pemex, lo que implicaba un alto costo operativo y enfrentamientos constantes, los grupos delictivos volcaron su infraestructura hacia el contrabando masivo, en colusión con altos funcionarios del gobierno, incluyendo a funcionarios del ejército y de la marina, que controlan actualmente la entrada al país a través de las fronteras y los puertos, de aduanas y del mismo Pemex, utilizando una creciente red de empresas que participan en la compra, importación, transporte, almacenamiento y distribución de los combustibles importados de manera ilegal al país.Las primeras noticias de importaciones ilegales de diésel, o huachicol fiscal a gran escala, empezaron a aparecer a mediados del sexenio pasado, cuando Código Magenta empezó a documentar el desembarco de combustible introducido de manera ilegal al país y descargando directamente a largas filas de pipas alineadas en los muelles, sin que el gobierno anterior reconociera nunca la existencia del problema.Imagen: IA/AN (MDS)Sólo a partir de noticias sobre las operaciones en los Estados Unidos del FBI en contra de la empresa Ikon Midstream y de nuevas denuncias de la prensa sobre la descarga ilegal de combustibles que se estaba llevando a cabo en los puertos de Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, la presente administración empezó a actuar con mayor contundencia para poner freno a este problema.Cruzando los reportes oficiales de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT), los informes de gestión aduanal y los análisis cuantitativos de organismos sectoriales (como el Clúster Energético de Nuevo León y PetroIntelligence), se estima que el volumen total acumulado de huachicol fiscal de diésel y gasolina que ha entrado a México desde 2019 hasta la fecha (mediados de 2026) asciende a aproximadamente 935 millones de barriles de