Ni siquiera la llegada del helicóptero de los agentes rurales, con la trituradora en volandas para echar un cable a los Mossos, resolvía el problema de los policías. Llevaban meses escuchando teléfonos, siguiendo a sospechosos, y andando entre senderos y riachuelos para acabar con un cultivo de marihuana en alta montaña. Entonces, en 2023, tiraban de imaginación para no pasarse un día entero cortando a mano plantas de medio metro y apestando a porro. Para atajar una situación insostenible, ese mismo año empezó una prueba piloto de los Mossos para triturar y guardar la marihuana intervenida en bidones en un gran almacén central de drogas (Magatzem Central de Substàncies Estupefaents (MACSE)) en Nou Barris, en Barcelona, a la espera de su destrucción. Tres años después, con Cataluña convertida en la huerta de Europa, la marihuana ha desbordado los planes de los Mossos d’Esquadra. Las constantes incautaciones, la demora en los análisis y la espera a la autorización judicial han saturado la que debía ser la gran solución para almacenar la droga antes de destruirla en Cataluña, según fuentes policiales. De media, tardan entre un año y un año y medio en destruir las aprehensiones. Los Mossos confían en que el avance de las nuevas tecnologías desatasque el embudo.Los Mossos inauguraron su almacén central a finales de 2023, después de un alud de quejas sindicales. Los policías hallaban de media dos plantaciones al día, que se acumulaban en patios y garajes de comisarías, generando serios problemas de ocupación del espacio y de salubridad. La primera prueba piloto -centrada en la región policial Metro politana Norte- consistió en comprar 250 bidones de polietileno de alta densidad para guardar toda la marihuana incautada, a la espera de destruirla. Al año siguiente, convencidos de que habían dado con una posible solución al problema, licitaron un concurso de jardinería dividido por regiones -especialistas para cortar, recoger y triturar la droga- y calcularon cuántos bidones necesitaban para una “gestión óptima” de la marihuana que aprehendían, con la intención de llevarla al MACSE y luego destruirla. Llegaron a la conclusión de que les bastaba con la compra de 1.500 bidones en 2024, y otros 1.500 en 2025, según consta en la memoria justificativa de la primera licitación.Tras la prueba piloto, el almacén asumió la gestión de la droga de cuatro regiones policiales (Barcelona, Metropolitana Sud, Metropolitana Norte y Girona), además de los servicios centrales. La intención era encargarse paulatinamente de la droga que intervenían los Mossos en toda Cataluña. Pero en 2026, las instalaciones están al límite y no pueden asumir la gestión de más marihuana, según confirman fuentes policiales. “La saturación es máxima”, asegura el portavoz de Fepol, uno de los sindicatos mayoritarios en la policía, Toni Castejón. La marihuana que los Mossos decomisan tarda entre un año y un año y medio en ser destruida, según admitió el Departamento de Interior en una respuesta parlamentaria en enero. Y ya entonces señalaba los tres requisitos que condicionan que se pueda llevar a cabo con más agilidad: un dictamen analítico de los laboratorios centrales sobre la droga, una orden judicial de autorización para su destrucción y la disponibilidad de la planta incineradora con la que trabajan. Fuentes policiales señalan que el principal atasco está en los propios laboratorios de los Mossos. “No damos abasto”, lamentan esas mismas fuentes, que confían en que en breve, gracias a los avances tecnológicos, puedan solucionarlo. El segundo problema es la autorización para incinerar las plantas. La legislación contempla una vía para destruir la droga sin esperar indefinidamente una autorización judicial expresa. Una vez realizado el análisis y conservadas las muestras necesarias, la policía comunica al juzgado su intención de destruir el resto. Si transcurre un mes sin una resolución que lo impida, pueden hacerlo. “Pero casi nadie se la juega a llevarlo a cabo sin la autorización del juez”, asegura el portavoz de Uspac, Albert Palacio, otro de los sindicatos con más representación en Mossos. “Lo ideal sería que nos dejasen destruir la droga en el mismo lugar, cuando la intervenimos”, añade, una posibilidad que en algunas operaciones sí consiguen aplicar.Mientras, los problemas de almacenaje siguen creciendo. Una muestra más es la licitación de 2.106 nuevos bidones para la marihuana que se ha llevado a cabo este año, con la posibilidad de prórroga de dos años más. La cifra supone más de 600 bidones adicionales al cálculo que llevaron a cabo inicialmente los Mossos en 2024. A pesar de eso, la tendencia en los últimos años apunta a una contención en el cultivo de marihuana: la policía catalana decomisó el año pasado un 20% menos de plantas (432.000) respecto al año anterior, y un 14% menos de plantaciones (375). Solo crecieron los kilos de esta droga aprehendida (9.300, un 34% más). “Necesitamos una norma que nos permita llevar a cabo una destrucción ipso facto”, pide Palacio, de USPAC. “La clave es que la autorización judicial sea de destrucción, por protocolo. Hacen falta conversaciones, explicar bien el sistema, y que acepten la destrucción inmediata”, se suma Toni Castejón, de Fepol, sobre un problema que lleva más de una década sobre la mesa. Desde 2018, existe una guía que vincula a todas las policías de España, sobre cómo destruir la droga. Y señala explícitamente el problema del cannabis, a través de una adenda. El protocolo -mantenido en un nuevo convenio de 2025- recomienda la autorización judicial de destrucción al inicio del proceso (salvando las muestras necesarias para el juicio). Y, de no ser así, apela a la vía que permite a los policías destruir la droga en un mes, desde que se comunica la intención al juez de hacerlo. Aunque, añade, esta fórmula “deberá ser la excepción”.