Antes de que los expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes fueran nombrados este julio como vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, los gestores del gobierno desoyeron la posibilidad de que se registraran las aportaciones de los expolíticos en las reuniones por las que podrán optar a cobrar decenas de miles de euros cada año. Así, un informe interno de la Oficina de Calidad Normativa propuso que se valorara incluir en las actas cuáles eran sus opiniones sobre las leyes en tramitación y los conflictos administrativos que evalúa el organismo, lo que habría permitido dejar constancia de sus contribuciones o identificar posibles conflictos de intereses. Sin embargo, se optó por no recoger esa propuesta, dejando en manos del Pleno de la institución la decisión final. “Se trata de un órgano totalmente independiente”, sostiene un portavoz gubernamental. Los expresidentes cobrarán 750 euros netos por cada reunión a la que acudan. En consecuencia, si les convocan a cuatro plenos al mes y acuden, obtendrán 3.000 euros netos. De haber asistido a todos los que hubo en 2025, habrían cobrado 33.750 euros. “Para integrar la nueva figura de los vocales electivos en los trabajos de la Comisión Jurídica Asesora, se sugiere valorar incluir, expresamente, en el nuevo capítulo VII del reglamento la previsión la posibilidad de que su opinión quede, o no, reflejada en sus actas”, se lee en el informe de la Oficina de Calidad Normativa, que firma su jefe, Cayetano Prieto Romero. “Es decir, la norma proyectada contempla la figura de los vocales electivos, pero no regula su integración y desenvolvimiento en la Comisión; por ejemplo, ¿su función es opinar sobre las cuestiones que se planteen?, ¿pueden solicitar que su opinión conste en el acta?, ¿se indicará en los dictámenes que se ha seguido la opinión del vocal experto?, etc".La advertencia no se limitaba a una cuestión formal. Al contrario, señalaba zonas grises unidas por una misma circunstancia: la falta de trazabilidad. Los vocales electivos tienen voz, pero no voto. “Deberán abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que proceda o, en su caso, ser recusados conforme a la normativa reguladora del régimen jurídico del sector público”, se les reclama. Pero el Gobierno optó por no recoger en actas sus ideas, dejando en manos del Pleno de la institución la decisión final.“No se ha recogido la observación relativa a la posibilidad de que la opinión de los vocales electivos quede reflejada en las actas del Pleno de la Comisión, con el fin de que sea el propio Pleno el que determine sus normas de funcionamiento y decida libremente sobre esta cuestión”, se justifica en la memoria oficial que analiza el proyecto. El documento es de 2024. El reglamento aprobado ese año por la Comisión como consecuencia de la reforma, y consultable en su web, no resuelve la incógnita: no aclara si las opiniones de los vocales electivos deben quedar reflejadas en las actas. Otra cosa es si hay una práctica interna distinta. Preguntada por este extremo, la Comunidad de Madrid no precisó si el Pleno ha establecido ya una regla al respecto. “Se trata de un órgano totalmente independiente, las decisiones que adopten les corresponden a ellos, esto no lo decide la Comunidad de Madrid”, sostiene un portavoz gubernamental. “Y no sabemos lo que adoptará el pleno pero en estos momentos no hay ningún vocal electo”, añade, en referencia a que no han tomado posesión de su cargo pese a haber sido nombrados. La tramitación deja además otro dato significativo. El proyecto original del Gobierno era que los cinco vocales electivos que puede nombrar el consejo de Gobierno regional ganaran menos dinero. Así consta en documentación pública consultada por EL PAÍS. “Se propone que, para la Comisión Jurídica Asesora, la cuantía máxima que proceda abonar por asistencia de los vocales electivos a las sesiones del Pleno ascienda a 459 euros por sesión”, se lee en el análisis del impacto normativo del decreto que articula la situación de los expresidentes regionales. Y luego se precisa: “La cuantía definitiva debe fijarse por orden de la Consejería de Hacienda”.Así, la decisión definitiva, según un portavoz del Ejecutivo madrileño, eleva la compensación en 291 euros, hasta los 750 (63% más). La pertenencia en este organismo consultivo (y el cobro de las dietas) será de máximo seis años desde su nombramiento, aunque se podrá ampliar a doce para los expresidentes que hayan estado más de cuatro años al frente de la región, condición que cumplen Leguina, Gallardón, Aguirre y, en el futuro, Díaz Ayuso.En 2025 se celebraron 45 plenos, por los 43 de 2024 y los 43 de 2023. Es decir, de haber acudido a todas esas convocatorias, los presidentes habrían ganado más de 33.000 euros cada año, superando los 90.000 en un trienio.Para acceder al puesto, los expresidentes madrileños deben solicitarlo. También deben cumplir con un doble requisito: haber desempeñado el cargo al menos dos años y haber accedido a dicha responsabilidad al comienzo de la legislatura. Una previsión incluida por el ejecutivo que deja sin esta opción a los expresidentes Ignacio González, cercado por los escándalos del caso Lezo; Ángel Garrido, que chocó con Ayuso tras pasarse a Ciudadanos; y Pedro Rollán.Este último, en todo caso, no podría sumarse a la Comisión como vocal al ser el actual presidente del Senado. Lo mismo ocurre con el expresidente Joaquín Leguina (PSOE), que ejerce en estos momentos como máximo responsable de la Cámara de Cuentas.En el antiguo consejo consultivo de Madrid, que eliminó en 2015 Cifuentes, los expresidentes cobraban 8.500 euros brutos mensuales (5.500 netos), y tenían coche oficial y un asistente. Cuando Díaz Ayuso se abrió a recuperar el consejo de los antiguos dirigentes, Aguirre se mostró inmediatamente a favor de que se les pagara por ello.“Yo puse que los expresidentes tuvieran lo mismo que los miembros del consejo consultivo”, dijo en aquel momento en conversación con este periódico. “Lo que me gustaría a mí es que pongan otra vez el consejo consultivo y que se aproveche la experiencia de unas personas como Leguina, que ha estado 12 años [en el poder], [Alberto Ruiz] Gallardón, que ha tenido todas las experiencias, y yo misma”, siguió, sin mencionar en su lista a los expresidentes Cristina Cifuentes (2015-2018), Ignacio González (2012-2015) y Ángel Garrido (2018-2019). “Y si tú vas a un consejo, y tienes ahí unas obligaciones, y unos papeles, ¿por qué van a cobrar unos sí y otros no? ¡La gente está cobrando! ¡El consejo existe! Lo que han quitado es a los expresidentes”, argumentó.En el mismo sentido se expresó Leguina, presidente entre 1983 y 1995. “Si van allí todos los días, sí [se debe cobrar], depende de cómo lo quieran hacer”, explicó, aunque puntualizó que él no tenía especial interés en ello. “Si estás trabajando, debes cobrar, creo yo”, añadió, asegurando que el extinto consejo consultivo funcionaba bien. “Se hacían las cosas como es debido, con absoluta independencia”.La nueva normativa fija que a partir de ahora los expresidentes y exconsejeros puedan cobrar el 80% de su sueldo durante dos años (más de 82.000 y 88.000 euros, respectivamente).