NoticiaEl presidente De La Espriella alertó de un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país.Oleoducto Trasandino de Cenit Foto: CenitSUBEDITOR DE JUSTICA24.08.2026 08:44 Actualizado: 24.08.2026 08:44
El presidente Abelardo De La Espriella pidió al Ministerio de Defensa, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional una operación conjunta para enfrentar el hurto de combustibles y crudo, una actividad que, según la información recibida por el mandatario, estaría generando pérdidas para Ecopetrol y podría estar relacionada con el abastecimiento de estructuras dedicadas a la producción de cocaína.La alerta se concentra, inicialmente, en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. De acuerdo con el mensaje del presidente, en ese tramo estarían siendo sustraídos cerca de 123.700 barriles mensuales de productos refinados, entre gasolina, diésel y nafta, principalmente en los departamentos de Cesar y Magdalena.La dimensión del hurto se puede medir en el acumulado anual. Si el ritmo señalado se mantiene, la extracción ilegal superaría los 1,5 millones de barriles cada año y representaría pérdidas superiores a los $500.000 millones para Ecopetrol y, por esa vía, para la Nación.El presidente Abelardo de la Espriella lideró en Barranquilla un Consejo de Seguridad. Foto:Prensa PresidenciaPero el problema planteado por el presidente no se limita al impacto económico. Uno de los puntos que deberá establecer la investigación es qué proporción del combustible sustraído estaría llegando a las cadenas utilizadas para el procesamiento de cocaína y qué organizaciones estarían encargadas de adquirirlo, almacenarlo y trasladarlo.En ese esquema aparecen las denominadas “caravanas de la muerte”, utilizadas, según la información entregada por De La Espriella, para cargar, transportar y escoltar el combustible obtenido de manera ilegal. El mandatario señaló que estas movilizaciones podrían llegar a reunir hasta 600 vehículos, varios de ellos con destino al Catatumbo.Consejo de seguridad con la nueva cúpula militar y de Policía en Barranquilla. Foto:Cortesía MindefensaLa ruta que plantea el Gobierno parte entonces de un delito contra la infraestructura de hidrocarburos y busca establecer sus posibles conexiones con otras economías ilegales. La pregunta central para las autoridades será determinar quiénes financian estas operaciones, quiénes extraen el combustible, quiénes lo reciben y qué destino tiene antes de llegar a los puntos donde sería utilizado.En su mensaje, De La Espriella también puso sobre la mesa el apoderamiento ilegal de crudo que se registra en distintas regiones del país. Entre los casos mencionados están el Oleoducto Trasandino (OTA) y el sistema Caño Limón-Coveñas, particularmente en el Catatumbo, donde las acciones criminales han afectado la operación petrolera.Eln atacó oleoducto en Saravena, Arauca. Foto:Archivo ParticularPor eso, la instrucción presidencial plantea ir más allá de la captura de quienes intervienen físicamente los tubos. “No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena”, señaló el mandatario, al enumerar a quienes financian, hurtan, almacenan, transportan, escoltan, compran y comercializan los hidrocarburos.La orden incluye además establecer “qué cantidad termina en las estructuras del narcotráfico y quiénes son sus destinatarios finales”. Para ello, el presidente pidió que las Fuerzas Militares y la Policía trabajen de manera articulada con Ecopetrol, la Fiscalía y las demás autoridades con competencia en la investigación.El componente operativo contempla labores de inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y otros bienes que sean utilizados por las organizaciones vinculadas con esta actividad. LEA TAMBIÉN La instrucción también cambia el foco de la persecución: no se trata únicamente de identificar a quienes perforan los oleoductos o poliductos, sino de reconstruir la cadena económica que permite que el combustible pase del punto de extracción ilegal a quienes finalmente lo utilizan o comercializan.“Quiero resultados y un informe periódico de avances”, dijo De La Espriella al pedirle al ministro de Defensa que coordine personalmente la operación. El seguimiento deberá establecer, entre otros aspectos, el volumen de hidrocarburos recuperado, las estructuras identificadas, los vehículos y predios intervenidos y las conexiones que puedan encontrarse con organizaciones dedicadas al narcotráfico.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
