La extradición aprobada por la justicia española de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, líder máximo del grupo delictivo Los Lobos acusado dentro del caso Magnicidio FV, es hasta agosto de 2026 uno de los casos, de una larga lista, en los que Ecuador busca traer al país a un ecuatoriano que tiene un proceso penal en marcha al estar vinculado con alguna causa de connotación, en su mayoría relacionada con actos de corrupción. En el caso Magnicidio, en el que se investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se asegura que Chavarría intervino en la planificación y concreción del crimen al estilo sicariato, pues siendo líder de Los Lobos fue quien autorizó que intervinieran integrantes de su organización en el delito. Junto con él son investigados los también parte de Los Lobos Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, además del exministro del correísmo José Serrano; el llamado juicio en el caso Metástasis Xavier Jordán; el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga y el condenado por actos de corrupción en la salud y la justicia Daniel Salcedo.PublicidadEspaña acepta las garantías penitenciarias ofrecidas por Ecuador Por casi cinco años, el máximo líder de Los Lobos se hizo pasar como muerto en Ecuador para evadir la justicia. Pero fue hasta el 16 de noviembre de 2025 que se conoció de la captura de alias Pipo en Málaga, España. Mediante un operativo conjunto de las policías de Ecuador, Colombia y España se detuvo al ecuatoriano, quien se escondía bajo una identidad falsa, pero continuaba con su actividad delictiva. Luego de que se declaró su falso fallecimiento por COVID-19 en febrero de 2021 en Santo Domingo de los Tsáchilas, Chavarría Barré obtuvo una nueva identidad en Venezuela, bajo el nombre de Danilo Ramón Fernández Calderón, de Maracaibo. También obtuvo una identificación falsa colombiana en Valledupar en agosto de 2021 y con ello tuvo acceso a un pasaporte con el que viajó en abril de 2022, desde el aeropuerto José María Córdova, de Medellín, hacia Madrid, en España.El 29 de julio pasado, la Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, en España, consideró “procedente” la extradición del cabecilla de Los Lobos a Ecuador. La extradición se concedió una vez que la justicia española aceptó las garantías penitenciarias ofrecidas por Ecuador para que Chavarría, quien es ubicado por seguridad en el documento de extradición como “José Augusto”, sea internado en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena.PublicidadPublicidadLa extradición de alias Pipo no se dio dentro del caso Magnicidio, en el que la Fiscalía insistió al juez de la causa que avance con los trámites para alcanzarla, sino para que cumpla los casi cinco años de prisión que le restan, de una pena total de 16 años de cárcel impuesta, por un triple asesinato ocurrido en 2010 durante un asalto. Pese a la aprobación jurisdiccional para la extradición de Chavarría, la misma está sujeta a que se pueda apelar y, luego, será el Gobierno de España el que se pronuncie de manera definitiva. La insistencia para que sean extraditados y así pueda continuar el proceso penal por el asesinato de Fernando Villavicencio incluye también a Serrano, Jordán y Aleaga. Los dos primeros están en Estados Unidos, en Miami, mientras que el exlegislador Aleaga estaría en Venezuela en calidad de refugiado. Otros casos pendientes en España Pero todos los casos en los que Ecuador ha solicitado a España la extradición de un procesado penalmente no han tenido el mismo desenlace que el del cabecilla de Los Lobos. Por ejemplo, en ese país han sido ubicadas, detenidas y se ha iniciado un trámite de extradición por un requerimiento de la justicia ecuatoriana la ex directora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas Mercedes Villarreal, una de las procesadas en el caso Purga, y Karla Saud Calero, una de las 21 personas investigadas por el delito de peculado en el denominado caso Apagón.Villarreal fue detenida el 30 de julio de 2024 en España por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) cuando intentaba casarse con un español para obtener la nacionalidad y hoy se encuentra en libertad en ese país con medidas cautelares esperando el desenlace del pedido de extradición al que se opone; mientras que Saud Calero fue detenida con fines de extradición el 9 de julio pasado en el aeropuerto de Barajas, en España, al hacerse efectiva una notificación roja de Interpol. Mercedes Villarreal es buscada por haber colaborado con una “estructura criminal” que infiltró el sistema de justicia en Guayas para obtener sentencias favorables a líderes de la organización como el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo o el juez penal del Guayas Johann Marfetán. Finalmente, ella fue llamada a juicio, pero esa etapa procesal quedó en suspenso, pues el delito porque se le procesaba, delincuencia organizada, no es susceptible de ser juzgado en ausencia. Villarreal integra la lista de cuatro líderes de la “organización criminal” que se completa con Muentes, Gallardo y Marfetán. Los tres últimos fueron sentenciados a una pena agravada de trece años y cuatro meses de prisión. PublicidadEn el caso de Karla Saud, ante un proceso de extradición de por medio y antes de su liberación, un Tribunal de la Audiencia Nacional de España dispuso que la ciudadana con nacionalidad ecuatoriana y de Estados Unidos entregue sus pasaportes y le prohibió salir del país mientras se analiza su situación legal.Desde diciembre de 2025 y mayo de 2026, la empresaria esmeraldeña es investigada en Estados Unidos y Ecuador, respectivamente, como parte de un “esquema fraudulento” perpetrado por quienes formaron una “empresa criminal” que se aprovechó de una crisis energética para malversar casi $ 110 millones entregados a la empresa estadounidense Progen Industries por parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) para la compra de 49 plantas de generación térmica terrestre para Quevedo y Salitral. En ese caso, el secretario de la Administración Pública, Julio José Neira, en la red social X dio a conocer sobre la detención de Saud Calero: “Esto es lo que pasa cuando hay un gobierno comprometido en combatir la corrupción. Gracias a la Policía de Ecuador que emitió la notificación roja de Interpol, Karla Saud Calero, personaje clave en el caso Progen, fue detenida en España por la Policía Nacional de ese país en coordinación con Interpol España en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Comenzamos inmediatamente a trabajar en su proceso de extradición al Ecuador”, afirmó.En los casos de Villarreal y Saud aún está pendiente el que se tome una decisión sobre si se aprueban o no las extradiciones solicitadas por la justicia ecuatoriana y tramitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su Embajada en Madrid, España.Hernán Luque Lecaro y el caso Encuentro El 30 de agosto próximo se cumplirán tres meses de que en segunda instancia la justicia argentina, a través de la Corte Suprema de ese país, dio paso a la extradición del expresidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque Lecaro, y hasta el momento no se concreta su llegada a Ecuador. Luque Lecaro es uno de los siete procesados por ser parte de una delincuencia organizada en el caso Encuentro. En primera instancia, el 16 de mayo de 2024 , Argentina dio paso a la extradición de Luque Lecaro, pero la defensa del exfuncionario público apeló la decisión, dejando al procesamiento congelado hasta abril de 2026, cuando se dio un nuevo pronunciamiento. El extitular de la EMCO aseguró en Argentina que es víctima de una “persecución política” y que de llegar a Ecuador las cárceles del país no le brindarían las garantías de seguridad.Tres meses antes de aprobar la extradición del ecuatoriano en primera instancia, en febrero de 2024, él fue detenido en Buenos Aires, Argentina. El exfuncionario del Gobierno de Guillermo Lasso fue apresado con fines de extradición por agentes de Interpol mientras caminaba por la calle Gurruchaga. En una resolución dictada el 18 marzo de 2024 por la jueza Eugenia Capuchtti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires, ella definió “morigerar la prisión preventiva” impuesta sobre Luque Lecaro imponiéndole como medidas de coerción la prohibición de salida del país, la retención de su pasaporte, la prestación de una caución de 4 millones de pesos ($ 4.600) y el arresto domiciliario que debe cumplir en un departamento en Buenos Aires.Pese a que el 30 de abril de 2026 la Corte Suprema de Justicia de Argentina aprobó la extradición de Luque Lecaro, debe ser el presidente de ese país, Javier Milei, quien emita la resolución final para el traslado a Ecuador del requerido. En el caso Encuentro se investiga a un grupo de siete personas que habrían sido parte, según Fiscalía, de una trama en la que se establecieron acuerdos para direccionar contratos y ubicar, de manera fraudulenta, a personas para ocupar cargos en empresas públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Aduanas del Ecuador y BanEcuador. Los investigados, según la fiscal del caso, Luzmila Lluglla, habrían direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas a empresas del Estado, todo con la finalidad de obtener réditos económicos. La Fiscalía asegura que esta estructura estaba liderada por Danilo Carrera, cuñado del entonces presidente Guillermo Lasso, y Rubén Cherres, empresario asesinado en 2023 en la provincia de Santa Elena, y contó con la colaboración de funcionarios públicos y privados.A juicio fueron llamados en agosto de 2024 Carrera, Luque Lecaro, Antonio Icaza, ex gerente general de la CNEL, y los empresarios Leonardo Cortázar, Gabriel Massuh, Karen Cornejo y Ericka Frías. Solo Carrera e Icaza llegaron a la etapa de juzgamiento y fueron condenados como autor directo el primero a una pena de diez años de cárcel; mientras que el segundo, como colaborador, recibió una condena agravada de nueve años y cuatro meses de prisión. Ambos actualmente esperan la resolución de la apelación presentada en audiencia ante un Tribunal Anticorrupción.Para Luque Lecaro, Massuh, Frías, Cortázar y Cornejo se les suspendió el juicio, ya que la delincuencia organizada es un delito que no puede ser juzgado en ausencia. De esta lista saldrán en septiembre próximo el abogado Leonardo Cortázar, quien llegó extraditado desde Panamá en febrero pasado, y la empresaria Karen Cornejo, pues entre el 14 y 18 de ese mes se les realizará la audiencia de juzgamiento en la que se determinará si son o no culpables del delito de delincuencia organizada. Massuh y Frías son vistos como prófugos de la justicia en el caso Encuentro y mantienen notificaciones rojas con fines de extradición. El presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marco Rodríguez, el 14 de abril pasado, informó al juez del caso Encuentro que se declara insubsistente el pedido formal de extradición hecho a Colombia de Gabriel Nain Massuh, alias Turco, y se ordena el archivo del presente expediente de extradición.El 9 de diciembre de 2025 al expediente de Encuentro ingresó un documento en el que se informaba que el ecuatoriano investigado por el delito de delincuencia organizada fue liberado en Colombia y que gozaba del estatus de refugiado. Se explicaba que cerca de dos meses antes se recibió comunicación oficial por parte de la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, quien emitió una resolución en la que ordenó cancelar la orden de captura con fines de extradición proferida en contra del ecuatoriano Massuh Villarruel. Además, en el informe remitido desde la Oficina de Bogotá de la Interpol a su similar de Ecuador se explica que la fiscal de Colombia ordenó la libertad inmediata de Massuh para los fines del trámite de extradición, quedando en libertad en Colombia, pero con advertencia ecuatoriana de que si es ubicado en otro país, operará la detención con fines de extradición. Sinohydro y los esposos requeridos a Panamá Los esposos María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías, procesados en el caso Sinohydro, no solo están a la espera desde el 10 de julio pasado de que el Tribunal de Juzgamiento de la CNJ emita su sentencia sobre si son o no culpables por el delito de cohecho, sino también desde abril de 2025 esperan saber cuál será el final del trámite de extradición que se les inició una vez que fueron detenidos en Panamá.Patiño y Macías son parte de los 20 procesados que han sido acusados por la Fiscalía como autores y cómplices del delito de cohecho. De esa lista también hacen parte el exvicepresidente Lenín Moreno, su amigo personal el empresario Conto Patiño, el exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, entre otros cinco acusados más como autores directos del delito de cohecho, contra quienes la Fiscalía solicitó seis años y seis meses de reclusión mayor ordinaria, más agravantes.María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías son ubicados como cómplices junto con la esposa, la hija, dos hermanos y una cuñada de Lenín Moreno: Rocío González, Irina Moreno González, Guillermo y Edwin Moreno Garcés y Martha González, respectivamente. También personas del entorno cercano a Conto Patiño: sus hijos Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño; sus exabogados Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida; y María Augusta Baquero, esposa del coprocesado Luciano Cepeda.La trama de sobornos investigada en el caso Sinohydro habría ocurrido entre los años 2009 y 2018 en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. La teoría de Fiscalía señala que la empresa pública Sinohydro entregó a modo de sobornos más de $ 76 millones, de los cuales algo más de $ 1 millón llegaron al grupo del expresidente Moreno y $ 58,8 millones fueron a cuentas “personales, corporativas y de compañías” relacionadas con Conto Patiño, sus familiares y abogados en libre ejercicio. Las coimas aparentemente habrían sido entregadas por actos que facilitaron que la china Sinohydro se quede con el contrato de construcción de la megaobra del periodo correísta. Según la Fiscalía, altos funcionarios públicos, como el hoy exvicepresidente Moreno, aprovechando su posición, habrían intervenido de manera directa para viabilizar decisiones clave, particularmente en la adjudicación y financiamiento del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, configurando una contraprestación indebida materializada en beneficios económicos, personales y familiares. En audiencia el fiscal Carlos Alarcón pidió que los 20 acusados sean condenados. (I)