Noticia Exclusivo suscriptores La entidad hizo una radiografía de la violencia por cuenta de grupos ilegales y vulneración de derechos. El reporte será clave para el nuevo Congreso.El Plateado, corregimiento de Argelia. Foto: Archivo particular, suministrada por autoridadesPERIODISTA JUDICIAL24.08.2026 06:01 Actualizado: 24.08.2026 06:01
La Defensoría del Pueblo hizo una radiografía sobre cómo está el país en materia de garantía de derechos humanos, paz y orden público. Varios de los fenómenos mencionados en el informe dan cuenta de la difícil situación por la que se pasa, con la vulneración de principios que repercuten a diario en la vida de los colombianos.Entre los puntos más relevantes está que en al menos la tercera parte del territorio colombiano hay presencia permanente de grupos ilegales, un diagnóstico que concuerda con los reportes de las Fuerzas Militares sobre la expansión de disidencias y otras estructuras criminales, varias de ellas beneficiadas en la política de ‘paz total’ del expresidente Gustavo Petro. El informe se llama ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’, y en su nombre está la clave del propósito que tiene. El balance de la Defensoría podrá servir como una hoja de ruta para que el nuevo Congreso y el gobierno del presidente De La Espriella tengan todas las herramientas sobre la mesa a la hora de adoptar políticas de paz, medioambiente, salud, derechos humanos y orden público.La defensora del Pueblo, Iris Marín, junto a delegdos de otras organizaciones. Foto:Cortesía“El inicio de un nuevo período presidencial y la renovación del poder legislativo representan una oportunidad para reafirmar ese compromiso. Este documento es una invitación a preservar lo alcanzado como sociedad y a afrontar los desafíos persistentes para seguir fortaleciendo la garantía efectiva de los derechos humanos. Creemos que ese es el camino para construir un buen futuro para Colombia”, dice el documento. En uno de los capítulos se le da despliegue a la violencia armada que repercute en todo el territorio nacional, y es que el barrido hecho por expertos documentó el accionar de cada uno de los grupos ilegales.Al entrar en detalles, se lee que actualmente hay 120 alertas tempranas en 396 municipios y en 15 territorios indígenas de los 32 departamentos. Mapeo de grupos ilegalesDe acuerdo al monitoreo hecho por funcionarios en terreno de la entidad dirigida por Iris Marín Ortiz, en 372 municipios hay presencia permanente e intermitente de distintas facciones de las disidencias de las Farc. La que mayor terreno ha ganado es el ‘Estado Mayor Central’ de alias Iván Mordisco, considerado el enemigo público número uno del país. Sus hombres y mujeres delinquen en 239 municipios, una cifra alta si se compara con la segunda facción más grande.Presidente Abelardo De La Espriella en consejo de seguridad. Foto:Cortesía MindefensaY es que el ‘Estado Mayor de los Bloques y del Frente’ de alias Calarcá -entre los beneficiados por la ‘paz total’- tiene presencia en 140 municipios; la denominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ está en 68, y la ‘Segunda Marquetalia’ de alias Iván Márquez en 46 municipios. La presencia de estas diferentes facciones es en todo el suroccidente colombiano, en la región amazónica y en los Llanos Orientales, con puntos especiales en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Guaviare, Nariño y Valle.No obstante, el que tiene más presencia en el territorio nacional es el ‘clan del Golfo’, también llamado ‘Ejército Gaitanista de Colombia’. Su accionar permanente e intermitente fue identificado por defensores regionales en 509 municipios, especialmente de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar y otros departamentos de la costa Caribe, así como en el Meta, Casanare y Vichada, de donde han querido desplazar a otros grupos asentados.Alias Iván Mordisco y Calarcá. Foto:EFELa radiografía también incluye al Eln, con presencia en 260 municipios principalmente del oriente del país y de Chocó, La Guajira, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En total, en 99 alertas tempranas está consignado que hay 77 grupos criminales en toda Colombia, que son los responsables de dinamizar la violencia con disputas por rentas ilegales, influir en el crimen trasnacional e impactar a la población civil víctima de varios delitos.Precisamente, el balance de orden público que recibe el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella da cuenta de cómo se ha llegada infortunadamente a cifras sin precedentes en fenómenos como las masacres. 2026 ya es el más violento de la última década y según la Defensoría, desde 2019 al 18 de julio se registraron 651 casos con 2.380 víctimas mortales. Además, desde la firma de paz a la fecha se han registrado 521 asesinatos de firmantes, y 1.743 de líderes sociales.Otro aspecto con cifras en rojo es el incremento del uso de drones como instrumento de los grupos ilegales para atacar bases militares y a la población civil. Entre enero y mayo de este año los ataques por esta vía aumentaron en un 146 por ciento, dejando 21 personas muertas y 125 heridas. “La expansión de estos ataques hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas evidencian una transformación del conflicto armado que exige una estricta observancia de las normas del derecho internacional humanitario”, dice el informe.La expansión de estos ataques hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas evidencian una transformación del conflicto armado.defensoría del puebloMasacre en Soledad. Foto:Redes socialesOtros ejes importantesEl balance hasta el presente mes también muestra falencias en el manejo a temas como la pobreza monetaria, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, al cuidado, al trabajo, a la vivienda, los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+ y de los privados de la libertad.Además, resalta que sigue la amenaza por cuenta de daños al medio ambiente, y es que entre 2024 y 2025 la deforestación pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas. Un diagnóstico igual de alarmante se entregó sobre la minería ilegal.Deforestación en el departamento del Guaviare, en plena Amazonia colombiana. Foto:Edwin Caicedo. EL TIEMPOEl acceso a la tierra y las desigualdades en el campo de las que son víctimas campesinos y pueblos étnicos también fueron documentadas por la Defensoría, que recogió cifras oficiales con la que se demuestra la desigualdad que existe: el 1 % de los mayores propietarios del país concentra el 45 % de la tierra. Carlos López - @CarlosL49 - carben@eltiempo.com Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
