La segunda hija de María Eugenia García nació prematura. Killy Tatiana Yangquen García llegó a este mundo a los siete meses, pequeñita y frágil, dependiente de la protección total de su madre. Vivió sus primeros 20 años pegada a María Eugenia, nunca lejos la una de la otra. Hasta que a Killy Tatiana la apresaron en una redada en el almacén aduanero donde trabajaba sin papeles una mañana maldita de octubre. “¿Entiendes el cuidado que he tenido con ella y que me la arranquen así? ¿Y yo no poder protegerla? No la he vuelto a ver, solo por videollamada”, solloza la madre desde su hogar en Elizabeth, donde se mantiene escondida desde que a su hija la detuvieran y enviaran de vuelta a Colombia, el país del que emigraron hace más de una década. Sentada en el comedor de su casa bajo el amparo del aire acondicionado una tarde calurosa de junio, entre llantos y golpes sobre la mesa cuando la angustia la supera, María Eugenia, de 53 años, relata lo que EL PAÍS ha podido reconstruir a través de tres meses en una decena de entrevistas: cómo una redada truncó las vidas de medio centenar de personas y sus familiares. Era temprano en la mañana el 29 de octubre pasado. Se suponía que Killy Tatiana trabajaría remoto, pero le pidieron que fuera a la oficina. María Eugenia fue la primera en salir de la casa. Se fue, como de costumbre, a ayudar a cuidar a la bebé de la hermana de Killy Tatiana. “Llegué, acosté a dormir a la niña y me dormí también. No sabía qué pasaba detrás de la puerta. Dormí una hora, pero en un sueño profundo; no entendí cómo ese día me dio tanto sueño”, cuenta la madre.Cuando despertó, lo primero que vio fue la cara de angustia de su hija mayor. “Me dice: ‘Mamá, siéntese, ¿quiere una aromática, agua? No le tengo buenas noticias. Hubo una redada en Savino. Llegó Migración y se llevó a Tatiana”, narra María Eugenia, recordando nítidamente uno de los peores momentos de su vida.Agentes migratorios irrumpieron aquel día en el almacén de Savino del Bene, una empresa italiana de transporte marítimo internacional que mueve artículos de moda y de lujo. La instalación está ubicada en la zona de Avenel, en la localidad de Woodbridge, Nueva Jersey, a menos de una hora en coche de Manhattan. Según testigos consultados por este periódico, al lugar llegaron más de 50 agentes de varias agencias del Departamento de Seguridad Nacional: del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre otros.“El operativo fue grande. Llegaron con armas largas —el Ejército, la Policía y el ICE— y rodearon el lugar. Hasta con un helicóptero. Se subieron a los tejados. No dejaron salir a nadie. Llegaron con escáneres que detectan las paredes, así como con perros que iban por cada zona, buscando a las personas”, recuerda Sandra Suero, cuyo hijo, Jhonatan Bello Cabrera, de 18 años, se encontraba dentro del almacén durante la redada. El joven colombiano alcanzó a llamar a su madre mientras se escondía de los agentes y ella llegó al lugar al instante.En total, 46 personas fueron arrestadas —una cuarta parte de los empleados presentes ese día— en el operativo. De acuerdo con el grupo promigrante Movimiento Cosecha, que ha asesorado a las familias, al menos 30 de los trabajadores tenían solicitudes de asilo pendientes y muchos contaban con permisos de trabajo. Algo que en la era Trump importa poco: “Una tarjeta de autorización de empleo, por sí sola, no le otorga a una persona un estatus legal en Estados Unidos. Además, una solicitud de asilo pendiente, por sí sola, no confiere un estatus migratorio legal a un extranjero”, recordó un portavoz de Seguridad Nacional a este periódico.“Me preguntaron si tenía permiso de trabajo. Se lo mostré a ellos. Les dije que yo estaba en proceso de residencia y ellos chequearon ahí en un computador y me quitaron el permiso. Me dijeron que dónde estaban mis cosas personales y luego me esposaron y me sacaron”, asegura Jhonatan. Cuando fue detenido, Jhonatan se encontraba en medio de un proceso de petición familiar para obtener la residencia permanente a través del marido de su madre —él, un ciudadano naturalizado, y ella, residente. El colombiano, que llevaba cinco años en Estados Unidos en ese entonces, fue procesado y enviado primero a un centro del ICE en el mismo Estado, luego a Texas y eventualmente a Arizona. En total, pasó dos meses detenido hasta que en diciembre salió en libertad tras pagar una fianza de 6.000 dólares y con un grillete en el tobillo. “En el trabajo se supone que estás seguro. Ellos no estaban delinquiendo ni mucho menos. ¿Por qué van y sacan a la gente trabajadora para llevárselos? Se supone, según el Gobierno, según las leyes, que iban a empezar a sacar gente delincuente, pero eso no lo hicieron”, asegura su madre, Sandra. “Jamás pensamos que le fuera a pasar algo así. Y menos a un recién graduado, todavía siendo un niño, porque él apenas está empezando a vivir. Acababa de cumplir sus 18 y lo arrestaron”, lamenta. La próxima audiencia por el caso de su hijo está prevista para noviembre del año que viene. Jhonatan intenta no pensar en lo que le pueda pasar en los meses que quedan por delante.Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, bajo la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia”, su Gobierno ha empleado todas las armas en su arsenal para perseguir, apresar y expulsar la mayor cantidad de migrantes posibles. Con cuotas diarias de arrestos, redadas masivas e indiscriminatorias y protecciones humanitarias canceladas, la Administración del republicano ha puesto en marcha una persecución antiinmigrante sin precedentes.Su llamado zar de la frontera, Tom Homan, incluso anticipó en mayo de ese año que el país vería más operativos del ICE en lugares de trabajo de los que hubiese visto en la historia de Estados Unidos. Homan describió la estrategia como “inundar la zona”, por su profundidad y rapidez. Así se detuvo a decenas de migrantes en plantas procesadoras y lugares de construcción.Otro de los frentes de esa ofensiva han sido los almacenes aduaneros como el de Savino del Bene. Instalaciones como esta eran poco conocidas hasta que el Gobierno de Trump decidió usarlas para su campaña contra la inmigración. Son lugares donde empresas almacenan mercancías a la espera del pago de los impuestos de importación. A cambio, están vigiladas por funcionarios de aduanas que pueden entrar cuando quieran para inspeccionar los productos.El norte de Nueva Jersey está repleto de almacenes aduaneros debido a su proximidad con uno de los principales puertos marítimos de Estados Unidos. Desde el año pasado, agentes federales han llevado a cabo redadas en al menos cinco instalaciones de este tipo en el Estado. En total, más de 200 personas han sido detenidas, según activistas locales.“Una especie de ficción jurídica”Defensores de los trabajadores migrantes en estos almacenes han cuestionado reiteradamente la legalidad de las detenciones. Para Lauren Wilfong, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, no hay duda de que estos arrestos “violan la Constitución de Estados Unidos, la legislación federal en materia de derechos civiles y los derechos humanos de los miembros de nuestra comunidad”.En marzo, la Red, junto con otras organizaciones promigrantes de Nueva Jersey, presentó ante el Departamento de Seguridad, el ICE y la CBP una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información con el fin de obtener registros sobre estas redadas y probar la ilegalidad de las mismas. El Gobierno nunca respondió, por lo que la organización presentó el 11 de agosto una demanda para obligarle a que le faciliten los documentos.