Más de 500 millones de euros del crédito definitivo del Ministerio de Sanidad quedaron sin ejecutar durante los dos primeros ejercicios completos de Mónica García al frente del departamento. En concreto, 503,97 millones entre 2024 y 2025, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). La cifra cobra especial relevancia ahora que la ministra tendrá que responder en el Congreso por la crisis sanitaria derivada de la presión migratoria en Ceuta, uno de los dos únicos territorios cuya asistencia sanitaria gestiona directamente el Estado. En 2024, Sanidad cerró el ejercicio con 278,43 millones de euros sin ejecutar y una tasa de ejecución del 83,8%. Un año después quedaron otros 225,54 millones, aunque el porcentaje de ejecución mejoró ligeramente hasta el 84,6%. El gasto total reconocido bajó de 1.438,7 millones en 2024 a 1.235,1 millones en 2025; caída condicionada por la reducción del crédito disponible y el final de partidas vinculadas a los fondos europeos. García comparecerá el próximo jueves 27 de agosto con esas cifras como telón de fondo y con el foco puesto sobre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). A diferencia de las 17 comunidades autónomas, que tienen transferida la asistencia sanitaria, Ceuta y Melilla dependen directamente del Ministerio de Sanidad. Es allí, por tanto, donde el departamento tiene una responsabilidad directa sobre un modelo que arrastra problemas estructurales denunciados por sus profesionales y que recurre a empresas privadas para prestar determinados servicios. Mientras el departamento cerró sus dos últimos ejercicios con alrededor del 16% de su crédito definitivo sin ejecutar, en los territorios que administra directamente el INGESA reconoce en su propia documentación falta de medios materiales y humanos para asumir determinadas prestaciones y mantiene parte de ellas externalizadas. La excepción de Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla quedaron fuera del proceso de descentralización sanitaria que culminó en 2002. Su asistencia depende desde entonces del INGESA, una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad. Más de dos décadas después, profesionales de ambas ciudades cuestionan un sistema cuyas decisiones fundamentales continúan adoptándose desde Madrid. El presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, describía meses antes de la actual crisis la situación como de “abandono institucional” y advertía precisamente de la falta de capacidad para responder a picos extraordinarios de demanda asistencial. TE PUEDE INTERESAR “Tenemos un déficit de profesionales muy importante y el INGESA lo desmiente”, explicaba a El Confidencial. Entre las particularidades de Ceuta mencionaba la Operación Paso del Estrecho, el incremento estival de población y los episodios migratorios: “Puntualmente se producen saltos de valla, somos una zona de potencial conflicto y desastre”. La advertencia tomó forma el pasado 30 de julio, cuando accedieron 80.000 personas de manera irregular a territorio español procedentes de Marruecos. El problema de fondo: los profesionales La principal carencia que señalan médicos y enfermeros es la falta de recursos humanos. SATSE denuncia ratios inseguros de enfermería y cupos de hasta 1.900 pacientes para una sola enfermera en Atención Primaria, mientras los médicos alertan de problemas para cubrir especialidades y una elevada rotación. Ceuta carece, según las organizaciones profesionales, de UCI pediátrica, radioterapia, cirugía vascular o neurocirugía y mantiene una fuerte dependencia de las derivaciones a la Península. La unidad de hemodinámica, pese a disponer de instalaciones, permanecía cerrada por falta de un cardiólogo que pudiera atenderla. TE PUEDE INTERESAR En Melilla se reproduce parte del problema. El Colegio de Médicos describe como “precarios” los recursos humanos y alerta del envejecimiento de las plantillas y la dificultad para encontrar sustitutos. “Hay dos cardiólogos para 86.000 habitantes”, denunciaba su presidente. INGESA rechaza ese diagnóstico. El organismo sostiene que “no hay déficit de profesionales ni de especialistas” y asegura que las inversiones realizadas sitúan a Ceuta y Melilla “a la cabeza de infraestructuras y tecnologías de vanguardia”. Externalizaciones y falta de medios La documentación del propio INGESA acredita, sin embargo, que existen prestaciones que la Administración no puede asumir con sus medios. Uno de los ejemplos está en la hemodiálisis de Ceuta. Cuando INGESA preparó en 2024 una nueva licitación del servicio, justificó formalmente por qué no podía prestarlo directamente. El informe de insuficiencia de medios señala que el hospital “no dispone de sala ni del equipamiento necesario” para realizar el tratamiento y añade: “Tampoco contamos con personal médico suficiente para realizar esta prestación, disponiendo solo de 2 nefrólogos, número claramente insuficiente”. TE PUEDE INTERESAR La oferta seleccionada ascendió a 6,27 millones de euros y el valor estimado del contrato, incluidas posibles prórrogas, alcanza los 11,43 millones. La externalización de la hemodiálisis no constituye por sí misma una anomalía, ya que se trata de una prestación ampliamente concertada con centros privados. Lo relevante en este caso es que el propio INGESA reconoce documentalmente la falta de medios materiales y humanos. El organismo recurre también al sector privado para prestaciones relacionadas con transporte sanitario, diagnóstico por imagen, radioterapia, neurofisiología, PET-TAC o endoscopias. Parte de esas externalizaciones son anteriores a la llegada de García al Ministerio, pero su continuidad muestra la dependencia de terceros para determinadas prestaciones. INGESA ejecuta solo la mitad de sus inversiones Las cuentas del organismo muestran además una fuerte diferencia entre el gasto necesario para mantener funcionando el sistema y el destinado a inversión. En 2025, INGESA ejecutó el 92,6% del gasto de personal, el 96% de los gastos corrientes en bienes y servicios y el 96,9% de las transferencias corrientes. En las inversiones reales, sin embargo, la ejecución se quedó en el 54,7%. De los 44,98 millones que INGESA dejó sin gastar en 2025, según datos provisionales, más de la mitad (23,29 millones) correspondían a inversión. La gota que colma el vaso Las carencias denunciadas por los profesionales tienen también reflejo en la percepción de los ciudadanos. El Barómetro Sanitario de 2025 situaba a Ceuta y Melilla entre los territorios con peores valoraciones del sistema: la satisfacción era de 5,39 puntos en Ceuta y 5,56 en Melilla, frente a una media nacional de 6,02. Es sobre un sistema ya cuestionado por profesionales y pacientes, sobre el que ha impactado ahora la crisis migratoria, sometiéndolo a una prueba de estrés sin precedentes. Meses antes, los médicos ya advertían de que Ceuta no tenía “la capacidad real” para responder a picos extraordinarios de demanda asistencial y señalaban expresamente los episodios migratorios entre las circunstancias que podían tensionar su sanidad. La llegada masiva de migrantes ha convertido aquella advertencia en el principal desafío para el modelo. Mónica García tendrá que responder ahora por la gestión de una crisis que ha llevado al límite una sanidad que ya estaba al límite.