En el condado de Walton, en Florida, las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizadas durante el último año y medio, junto con la cooperación policial bajo los acuerdos 287(g), incrementan la presión económica en sectores clave como la construcción y el turismo. En un informe reciente, los trabajadores afectados describieron una sensación de falta de libertad en su vida cotidiana, pese a que las autoridades defendieron las medidas migratorias.Walton y el ICE: cómo el acuerdo 287(g) impacta en trabajadores de la construcción y el turismo en FloridaFlorida es el estado líder en la cooperación policial con el ICE en Estados UnidosFotomontaje realizado con IALas autoridades del condado firmaron el año pasado un acuerdo de la sección 287(g), que permite que determinados agentes estatales y locales, tras recibir capacitación y bajo supervisión del ICE, ejerzan funciones específicas de aplicación de las leyes federales de inmigración.En este escenario, la confianza de la comunidad migrante en los funcionarios se desploma ante el temor de ser objeto de un control. En Walton, el miedo a la deportación provocó que muchos trabajadores indocumentados vivan con restricciones autoimpuestas y eviten actividades cotidianas.Para medir el impacto económico a nivel nacional, la organización Immigration Research Initiative (IRI) estimó en un informe publicado el 27 de julio que por cada 1000 detenciones de inmigrantes por parte del ICE, se produce una disminución del 2,5% en el empleo de los extranjeros del grupo de riesgo —definidos como personas de entre 20 y 64 años que tienen como máximo educación secundaria completa—. Asimismo, señaló que por cada 1000 inmigrantes arrestados, se produce una reducción estadísticamente significativa del 0,54% en el trabajo de los hombres nacidos en Estados Unidos en la zona.Trabajadores migrantes de Walton cambian sus rutinas por temor a operativos del ICEEn un informe reciente que retrata la situación que viven los trabajadores de Walton, la reportera de NPR Jaclyn Díaz entrevistó a algunos migrantes que describieron al país como “una cárcel”. Alfonso, un migrante de 36 años, resaltó que, pese a que quiere continuar con su trabajo en Florida, tiene un profundo temor a las operaciones del ICE.Desde la firma del acuerdo 287(g) del modelo Task Force con el ICE, Alfonso cambió su rutina. Ya no va a la iglesia ni a la playa, que solían ser sus lugares favoritos en Florida.En sectores clave de la economía del condado de Walton, como la construcción, el impacto de las cooperación de la policía con el ICE infunde temor en los trabajadoresImagen ilustrativa generada con IAEn su trabajo diario en la construcción de casas en DeFuniak Springs, Ronaldo, otro empleado migrante, sostuvo que pensó en volver a su tierra natal, pero las oportunidades allí son limitadas. “Al fin y al cabo, aquí no somos libres”, expresó.Actualmente, Florida es el estado líder en Estados Unidos en la cooperación con el ICE. El programa se instrumenta mediante Memorandos de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) y contempla tres modelos principales:Qué dijeron las autoridades de Walton sobre el acuerdo 287(g) y la cooperación con el ICEEn diálogo con NPR, el sheriff del condado de Walton, Michael Adkinson, defendió la firma de acuerdos con el ICE, aunque luego sostuvo que su prioridad no es la aplicación de las leyes de inmigración.“No estamos realizando redadas de inmigración porque, francamente, tenemos trabajos a tiempo completo aquí. Tenemos otras cosas que son de vital importancia”, aseguró.El ICE busca proteger a policías que ayuden con arrestosPor su parte, el comisionado del condado, Danny Glidewell, afirmó que los residentes apoyan la cooperación interagencial. “La mayoría de la gente quiere que se apliquen las leyes de inmigración. Si les preguntas si quieren inmigrantes ilegales, te dirán que no”, expresó.En este contexto, pese a los reclamos de la comunidad migrante, las autoridades del condado respaldan la estrecha colaboración con el ICE, como parte de una línea de políticas impulsada por el gobierno estatal de DeSantis.