El ministro de Economía, Luis Caputo, acumula $ 1,4 billones recaudados del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) para mejorar el sistema vial que no ejecuta. Mientras viola la ley que le da una asignación específica a este monto, el Gobierno privatiza los caminos para que se aumenten y creen nuevos peajes con el pretexto de bachear los pozos. De este modo, los argentinos abonarán dos veces por el arreglo de las rutas: una con los tributos y otra cuando paguen en las barreras a las empresas que se adueñaron de los caminos.
Tras una revelación de PERFIL sobre el desfalco de los fondos del ICL, el vocero presidencial, Adrián Ravier, no supo qué responder por el dinero. Se limitó a comentar que “el ministro Caputo lleva a cabo un proceso de transformación que ha tenido éxito en otros países, donde las rutas nacionales se hacen con inversiones privadas”. Ya fueron licitados 9.000 kilómetros de corredores considerados estratégicos por donde circula el 80% del tránsito del país. Hay otros 6.000 kilómetros en proceso de licitación.
Por esto, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció penalmente al ministro de Economía, junto al director de Vialidad Nacional y al titular del Banco Nación. Están acusados ante el Juzgado Federal 2 de La Plata de malversación de fondos, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
