La publicación de videos inéditos de Grand Theft Auto VI ha generado una investigación judicial internacional.La empresa propietaria de Grand Theft Auto VI, Take-Two Interactive, ha iniciado acciones legales para identificar a los responsables de una serie de filtraciones masivas que han revelado vídeos inéditos del esperado videojuego.La filtración de material exclusivo de Grand Theft Auto VI ha puesto en alerta a la industria del videojuego. Take-Two Interactive, propietaria de Rockstar Games, ha presentado solicitudes formales ante un tribunal federal de distrito en su esfuerzo por poner fin a la difusión no autorizada de contenido.PUBLICIDADLa compañía busca obtener información que permita identificar a quienes han divulgado vídeos y demostraciones del título, material que ha circulado en las últimas semanas y ha generado gran repercusión en redes sociales.Las filtraciones de GTA VI han sido utilizadas para promover una criptomoneda memecoin. (Rockstar)La estrategia legal de Take-Two incluye citar a dos de las principales plataformas tecnológicas del sector. Tanto Microsoft como Discord han sido requeridas para aportar datos que podrían ser decisivos en la investigación. El objetivo es que ambas plataformas proporcionen todos los registros relacionados con los perfiles online implicados en la publicación de los leaks.PUBLICIDADEl objetivo central de Take-Two Interactive es conseguir datos precisos sobre las cuentas de usuario que participaron en la filtración. En el caso de Discord, la petición incluye la entrega de información vinculada a todos los usuarios que hayan interactuado con servidores asociados a los nombres CYBERLEEK, CINEMATICROCKSTAR y Surfer24, así como otros alias similares.Discord debe entregar registros de usuarios asociados a los servidores que difundieron el material filtrado. (Reuters9Las solicitudes abarcan detalles como identificadores de perfil, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, conexiones a otros servicios y cualquier contenido almacenado en OneDrive relacionado con Grand Theft Auto VI, Rockstar o el grupo Cyberleek.PUBLICIDADDe acuerdo con Kotaku, los abogados de Take-Two han presentado una declaración jurada que señala que el propósito de la orden bajo la DMCA es obtener la identidad de la parte o partes infractoras y que la información será utilizada únicamente para proteger los derechos de la compañía. Tanto Discord como Microsoft tienen plazo hasta el 4 de septiembre para responder y entregar los datos solicitados.El grupo Cyberleek ha sido señalado como el principal responsable de la publicación de los vídeos inéditos de GTA VI. La metodología utilizada por este colectivo ha llamado la atención, ya que sus integrantes promocionan una criptomoneda tipo ‘memecoin’ a través de los vídeos filtrados y prometen compartir más demostraciones a medida que esta moneda aumente su valor en el mercado.PUBLICIDADEstafadores aprovechan la viralidad de los leaks para distribuir programas maliciosos.Los integrantes de Cyberleek justifican su accionar como una forma de presión hacia las editoras de videojuegos. Reclaman la eliminación de las reservas digitales previas al lanzamiento de un juego, la prohibición del cobro separado de contenidos descargables (DLC) ya incluidos en el producto base y la garantía de que los títulos para un jugador puedan funcionar sin conexión a internet, incluso si los servidores oficiales dejan de estar disponibles.El aumento de la viralidad de los contenidos filtrados ha propiciado la aparición de estafadores que intentan sacar provecho de la situación. Existen usuarios que, haciéndose pasar por miembros de Cyberleek, ofrecen enlaces a una supuesta versión jugable de Grand Theft Auto VI para PC. Dichos programas no son legítimos y tienen como objetivo robar información bancaria, datos personales y credenciales de quienes descargan los archivos creyendo que accederán al videojuego.PUBLICIDADHasta el momento, los responsables reales de las filtraciones no han sido identificados y la investigación continúa en curso. El caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de las grandes editoras ante filtraciones y fraudes en el entorno digital, así como la complejidad de rastrear a los responsables en un ecosistema donde la anonimidad y la tecnología dificultan la identificación de los infractores.