NoticiaLos exintegrantes enviaron un derecho de petición para conocer qué pasará con la reincorporación, las garantías de seguridad y implementación.Audiencia de la JEP. Foto: JEP.22.08.2026 14:56 Actualizado: 22.08.2026 14:56
Un derecho de petición radicado ante el presidente Abelardo De La Espriella y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) encendió la conversación política sobre el rumbo que tomará la implementación del Acuerdo Final de Paz firmado en 2016. La solicitud fue interpuesta por los antiguos integrantes del secretariado de las Farc con el fin de obtener respuestas oficiales sobre las decisiones institucionales que adoptará el Ejecutivo para el periodo 2026 - 2030.El documento lleva la firma de Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra. La iniciativa responde a los anuncios previos hechos por De La Espriella sobre la supresión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y una reorganización en la estructura interna de la Presidencia de la República.Rodrigo Londoño y Pastor Alape. Foto:Misión de Verificación ONU.La JEP en la lupaUna de las principales preocupaciones expresadas por los firmantes tiene que ver con la estabilidad institucional del sistema de justicia transicional. Dentro del documento, la antigua cúpula de las Farc indagó de forma concreta sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).En el texto, los peticionarios preguntaron si desde el Gobierno Nacional existe la intención de presentar actos legislativos, proyectos de ley, decretos u otros mecanismos orientados a alterar la estructura, el tiempo de duración, las competencias o la autonomía técnica, presupuestal y administrativa del tribunal de paz. De existir propuestas en esa línea, los excombatientes solicitaron que se hagan públicos los conceptos técnicos y estudios que soporten tales medidas.El derecho de petición abarca además el funcionamiento de las dependencias encargadas de ejecutar las políticas de paz en el territorio nacional. Los líderes excombatientes formularon preguntas específicas sobre la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, requiriendo claridad sobre si esta instancia será mantenida, trasladada, reestructurada, fusionada, fortalecida o suprimida dentro del organigrama estatal.Asimismo, solicitaron precisiones sobre qué entidad asumirá la coordinación general de la implementación, cuáles serán sus funciones específicas, el presupuesto asignado y el nivel jerárquico que ocupará dentro del Estado.El escrito de los exintegrantes de la guerrilla abarca además puntos clave sobre el avance de los compromisos pactados.El primero es las decisiones presupuestales destinadas al financiamiento de los programas del Acuerdo Final y la participación del Ejecutivo en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (Csivi).Así como la continuidad de las rutas de reincorporación social y económica para los excombatientes en todo el país. Junto a la permanencia del trabajo coordinado con la banca multilateral y los organismos internacionales de verificación.De igual forma, el estado y funcionamiento de entidades como la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y las garantías de protección física y jurídica para los habitantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr).Así como la entrega de las actas y documentos oficiales elaborados durante la fase de empalme entre el gobierno saliente y la administración entrante.Con esta solicitud, los firmantes buscan establecer la hoja de ruta que guiará la relación entre la nueva administración nacional y los compromisos derivados del pacto suscrito en La Habana.*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.También puede leer Sigue toda la información de Política en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
