En Chile, el uso de marihuana con fines medicinales está permitido. Si bien no existe una ley integral que regule su uso, los lineamientos que se aplican surgen de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas y estupefacientes; de la Ley Nº 21.575 que, entre otras materias, clarifica las condiciones para el cultivo de cannabis destinado a tratamientos médicos, y de la Ley 20.500, que establece definiciones y mecanismos para formar asociaciones de ciudadanos de interés público. Ese marco normativo deriva en que en Chile existan tres caminos para acceder a la cannabis: recetario magistral, autocultivo y asociaciones de pacientes para el cultivo. Esa última vía, como quedó de manifiesto hace unos días de la mano de la Operación Imperio Ámsterdam, fue aprovechada por un grupo de al menos 44 imputados que tejieron una red de locales que, para el Ministerio Público, constituye una asociación para el tráfico de drogas y el enriquecimiento ilícito. Dado que la Ley 20.500 habilita que pacientes puedan asociarse en corporaciones para gestionar el cultivo bajo una serie de requisitos -como si fueran una cooperativa agrícola-, en el país existen entre 300 y 400 entidades de ese tipo que deben ser todas sin fines de lucro. La que investiga la Fiscalía Regional de Aysén, la Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional, es justamente la más grande y una de las más antiguas, reuniendo a más de 10 mil socios.De acuerdo con datos publicados por la entidad en su página web, desde 2016 tienen como misión ofrecer información sobre el uso y los beneficios del cannabis medicinal. “Nuestro objetivo es apoyar a los usuarios con información precisa, actualizada y, además, facilitar su acceso a productos en conformidad con las regulaciones locales”, se indica.Pero como mencionaron el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, y la fiscal María Inés Núñez en las jornadas de formalización, con el paso del tiempo el Dispensario Nacional giró en un sentido distinto. Los persecutores enfatizaron que, al menos desde el año 2023 y hasta la fecha, los imputados la utilizaron como plataforma y constituyeron una asociación ilícita “estable y permanente en el tiempo, con distribución de funciones precisas, cuya finalidad común es la realización de cultivo, distribución y comercialización, para el posterior tráfico de drogas a través de la venta masiva no autorizada e indiscriminada de especies del género cannabis y sus derivados”. La venta de productos medicinales, se subrayó, era sólo una fachada.Allanamiento en "Dispensario Nacional". La operación irregular de los dispensarios ligados a dicha corporación, conforme la imputación, se materializaba principalmente a partir de las sociedades DN Medcorp SpA, que funcionaba como matriz y ejecutaba las labores operativas, y el grupo MA Botanics, que era la principal entidad a cargo de la producción del cannabis. DN Medcorp es controlada por los imputados Andrés Astorga, dueño del 51% de las acciones, y por Gino Athens, que controla el 29%. El 20% restante los fiscales lo atribuyen a Rodrigo Buzeta, Raimundo Silva, Sebastián Risco, Guillermo Ginesta y Martín Krauss Valdés, aunque parte de las defensas descartan que ellos tuvieran participación. Por su parte, MA Botanics SpA era dirigida por Buzeta, Silva y Matías Landerer. Estos contaban con un cultivo en Pelarco, manteniendo autorización sanitaria del Servicio Agrícola y Ganadero, aunque de acuerdo con los fiscales, el visado estaba ampliamente vulnerado, ya que producían plantas con alto contenido de THC.Según la indagación, a los dispensarios también ingresaban productos que eran producidos en otros cultivos que no mantenían autorización. Estos fueron ubicados por Carabineros en Algarrobo, El Quisco, Peñaflor, Curacaví, Puchuncaví, Calera de Tango, La Serena y Pirque.De esta forma, la organización logró mantener un total de 21 sucursales entre las regiones de Antofagasta y Aysén. Para la operación, se identificó a un grupo de imputados que actuaban como comercializadores en los puntos de venta. Algunos adquirían la franquicia, como el imputado Camilo Huerta, y otros sólo eran administradores. Estos explotaban el negocio recibiendo abastecimiento desde la estructura central y participaban en las utilidades.En dichos locales se vendían flores o cogollos rotulados con concentraciones expresas de THC que sobrepasan el umbral de 0,2% establecido en resoluciones del ISP, además de cigarrillos artesanales de cannabis, gomitas comestibles con una cantidad declarada de 30 mg de THC por unidad, aceites, resinas y extractos con presencia activa de THC. La máxima del cultivo de cannabis legal en Chile indica que debe ser para fines de investigación y producción farmacéutica asociada a compuestos con CBD, el compuesto no psicoactivo.Allanamiento en Dispensario Nacional. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE Para mantener la pantalla, detallaron los investigadores, los usuarios que necesitaban adquirir productos debían inscribirse como socios en la corporación, pagando un monto de $ 10.000. Junto con ello, se les exigía la presentación de una receta en que un médico les prescribiera un determinado producto con cannabis en base a un diagnóstico claro, un certificado de antecedentes penales exento de condenas por la Ley 20.000 y copia de la cédula de identidad.La misma entidad, eso sí, ponía a disposición de sus clientes una red de médicos que podían extender recetas de manera expedita y sin mayor problema. De hecho, vía agentes reveladores, los persecutores verificaron que en cuestión de minutos, y por medio de plataformas digitales, podían acceder a la documentación. Se les indicaban diagnósticos genéricos como estrés, lumbago crónico o trastorno del sueño, sin que se exigieran antecedentes clínicos, exámenes ni controles presenciales.Las ganancias, de acuerdo con los fiscales, eran millonarias. Sólo a modo de ejemplo, se hizo referencia a que Gino Athens y Andrés Astorga, actuando a nombre de DN Medcorp, depositaron la suma de $ 3.870.960.741 en una cuenta que mantenían en Banco Santander. Ahí mismo, además, Gino Athens depositó $ 3.245.885.148 proveniente del Dispensario Nacional.