Los últimos temporales, inundaciones y aluviones vuelven a poner la resiliencia de nuestras ciudades en el centro del debate. Pero sería equivocado concluir que Chile carece de políticas, planes o instituciones. Durante décadas hemos fortalecido la gestión del riesgo, los sistemas de alerta, la planificación territorial y las obras de mitigación. El problema es otro: las amenazas avanzan más rápido que nuestra capacidad para anticiparlas.
Chile ha demostrado que prevenir funciona. Parques inundables, colectores, defensas fluviales y obras aluvionales han evitado pérdidas mayores. También sabemos lo que cuesta no hacerlo. Estimaciones sitúan las pérdidas anuales esperadas solo en infraestructura por desastres en Chile en torno a US$5.400 millones (CDRI-GIRI, citado por UNDRR, 2024). La resiliencia no es solo una política de seguridad: es una política económica y social.
La crisis climática y la expansión de actividades sobre territorios frágiles aumentan la exposición y los costos. Como los recursos públicos siempre serán limitados, la pregunta no es cuánto gastar, sino dónde invertir primero cada peso disponible. Por cada dólar invertido en reducción del riesgo se pueden ahorrar entre cuatro y siete dólares en respuesta y recuperación (UNDRR, 2023). Gastar principalmente después del desastre resulta más caro y desvía recursos que podrían destinarse a vivienda, salud, transporte o educación.
